Rechazan espionaje telefónico y escuchas ilegales a políticos de oposición
La Paz, ANF
El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, rechazó este viernes las escuchas ilegales y espionaje telefónico a políticos opositores al Gobierno de Evo Morales.
“La ministra de Comunicación (Amanda Dávila), desde carnavales, no solo parece haber perdido el calzón sino también la razón. ¿Cómo va a justificar el espionaje?”, escribió en su cuenta en Twitter.
La ministra Dávila sostuvo en público que “cuando una persona asume un cargo público, la privacidad solamente se queda en la casa”, a raíz de la difusión de una grabación donde la diputada Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo (MSM), se refirió al envío de dinero a los indígenas de tierras bajas que participan en la novena marcha por el Tipnis.
La parlamentaria opositora sostuvo que la escucha ilegal se consiguió de su oficina parlamentaria en el barrio paceño de Sopocachi.
La grabación fue revelada en público por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien aseveró que le fue entregada por manos anónimas.
Sin embargo, Roberto Rojas, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo en la Cámara de Diputados, advirtió que el Gobierno tiene en su poder más grabaciones (presunta escucha ilegal o espionaje telefónico) de opositores que se dedican a una conspiración política contra el presidente Evo Morales.
“Hay varias grabaciones”, aseveró el parlamentario oficialista.
La ex magistrada Silvia Salame, actual presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, recordó que está garantizada la confidencialidad de una llamada telefónica.
“El Gobierno nacional comete abuso y delito a la privacidad al grabar una conversación de la diputada Marcela Revollo y tiene sanción, como establece el Código Penal en sus artículos 30 y 300”, dijo.
Además el artículo 25 de la actual Constitución Política del Estado establece que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial”.
El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, rechazó este viernes las escuchas ilegales y espionaje telefónico a políticos opositores al Gobierno de Evo Morales.
“La ministra de Comunicación (Amanda Dávila), desde carnavales, no solo parece haber perdido el calzón sino también la razón. ¿Cómo va a justificar el espionaje?”, escribió en su cuenta en Twitter.
La ministra Dávila sostuvo en público que “cuando una persona asume un cargo público, la privacidad solamente se queda en la casa”, a raíz de la difusión de una grabación donde la diputada Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo (MSM), se refirió al envío de dinero a los indígenas de tierras bajas que participan en la novena marcha por el Tipnis.
La parlamentaria opositora sostuvo que la escucha ilegal se consiguió de su oficina parlamentaria en el barrio paceño de Sopocachi.
La grabación fue revelada en público por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien aseveró que le fue entregada por manos anónimas.
Sin embargo, Roberto Rojas, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo en la Cámara de Diputados, advirtió que el Gobierno tiene en su poder más grabaciones (presunta escucha ilegal o espionaje telefónico) de opositores que se dedican a una conspiración política contra el presidente Evo Morales.
“Hay varias grabaciones”, aseveró el parlamentario oficialista.
La ex magistrada Silvia Salame, actual presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, recordó que está garantizada la confidencialidad de una llamada telefónica.
“El Gobierno nacional comete abuso y delito a la privacidad al grabar una conversación de la diputada Marcela Revollo y tiene sanción, como establece el Código Penal en sus artículos 30 y 300”, dijo.
Además el artículo 25 de la actual Constitución Política del Estado establece que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial”.