Inmigrantes africanos atrapados en el limbo israelí
Unos 60.000 eritreos y sudaneses deambulan sin papeles en un entorno cada vez más agresivo
El primer ministro Netanyahu: "Hay que detener la llegada de extranjeros"
El primer ministro Netanyahu: "Hay que detener la llegada de extranjeros"
Ana Garralda
Jerusalén, El País
Unas 60.000 personas, la mitad de ellas sudaneses y eritreos, deambulan por las calles de Israel. Las autoridades no les deportan, pero les dejan a su suerte, en un limbo legal que ni les permite trabajar ni les da acceso al sistema sanitario o educativo. Su presencia crispa a los vecinos bajo la notable inoperatividad del Gobierno.
El termómetro supera los 25 grados en el parque Lewinsky de Tel Aviv. Allí decenas de sudaneses y algunos eritreos matan el tiempo a golpe de imaginación: unos compartiendo anécdotas en los abundantes corrillos. Otros, menos soñadores, tumbados en el césped. Su mirada se pierde en algún punto impreciso del horizonte. “Aquí no tenemos nada, a veces ni qué comer, pero al menos sé que no me van a matar en cuanto salga a la calle”, dice Omar, un sudanés de Darfur, una región al oeste de Sudán inmersa en un cruento conflicto desde 2003 entre las milicias paramilitares árabes y los africanos negros. A su lado, varios compañeros escarban dentro de una bolsa de plástico con algunas camisas y pantalones viejos que un vecino acaba de traer.
Sin embargo, aunque en Israel no corran el riesgo de ser aniquilados en una guerra civil (se calcula que más de 300.000 personas han muerto durante los últimos siete años) tampoco están exentos de ser linchados a manos de ciudadanos israelíes encendidos. El pasado miércoles unos mil israelíes se manifestaban en el barrio de Hatikva, al sur de Tel Aviv, llamando a su expulsión con lemas como “Son un cáncer en nuestro cuerpo” o “Sudaneses a Sudán”, consignas pronunciadas incluso por alguno de los cinco diputados de la derecha israelí (tres del Likud, uno de Kadima y otro del partido Unión Nacional, de derecha radical) que participaron en esta protesta que terminó de forma violenta.
La progresiva exaltación de los manifestantes se saldó con el lanzamiento de piedras a toda persona de color que pasara dentro de un coche, a la retención forzosa de taxis compartidos para ver si había algún inmigrante en el interior, o al destrozo de una tienda cercana de comestibles. Fueron detenidas 17 personas y varios de los parlamentarios, denunciados por “incitar a la violencia” por parte de ONGs como Paz Ahora.
Revelador fue al día siguiente el testimonio de un periodista del diario israelí Haaretz, Ilan Lior, que cubrió la manifestación: “He cubierto ataques terroristas, funerales, accidentes de coche y protestas. He visto ira, frustración, desesperación y tristeza en variedad de formas y lugares, pero nunca he visto tanto odio como el que presencié ayer”. Por cierto, a él también le tuvo que sacar la policía porque casi le linchan al grito de “izquierdista”.
Tampoco es tranquilizador el mensaje lanzado por algunos miembros del Ejecutivo. El ministro del Interior, Eli Yishai, anunció el jueves que estudiaba multar a los alcaldes de localidades israelíes que permitieran la contratación de “infiltrados”. “Su lugar es el país del que han venido”, dijo. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo a las pocas horas del incidente que “hay que detener la llegada de extranjeros a Israel” y afirmó que su Gobierno lo haría de forma “responsable”, empezando por acelerar los trabajos de la valla fronteriza con Egipto, cuya construcción se completará en unos meses.
Travesía por el desierto del Sinaí
En los últimos cinco años, 35.000 eritreos y 15.000 sudaneses han ido llegando a Israel, la mayoría a través del desierto del Sinaí, en una aventura peligrosa que a menudo termina en tragedia. “A muchos les secuestran las tribus beduinas y piden rescates a sus familias que pueden llegar hasta los 40.000 dólares [algo más de 30.000 euros]” dice Orit Marom, de la Organización para la Ayuda de los Refugiados en Búsqueda de Asilo (ASSAF, en sus siglas en inglés) con sede en Tel Aviv. “Les amenazan con matarles, o lo que es peor, con extraerles los órganos”, asegura esta israelí en la entrada de su oficina.
“Varios compañeros tienen una raja en la espalda, les quitaron un riñón”, asegura Onnab, otro sudanés del grupo de Lewinski en el recibidor de ASSAF. “Es un auténtico drama, a las mujeres las violan, incluso nos han llegado niños con las extremidades deformadas porque les mantuvieron atados durante meses mientras sus huesos crecían”, asegura, Orit Rubin, coordinadora psicosocial de esta organización.
Casualidad o no, la policía israelí desmanteló la semana pasada una red clandestina de tráfico de órganos, deteniendo a diez sospechosos, entre ellos un médico de Tel Aviv con antecedentes de practicar trasplantes en un hospital de Pristina (Kosovo) en 2008.
Extorsiones que no hacen sino aumentar la angustia de estos sudaneses (procedentes tanto de Sudán, como del actual Sudán del Sur) y eritreos, desorientados en un país que no les deporta -Israel es firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) que impide la deportación al país de origen en caso de caso de existir riesgo de persecución “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”- pero que tampoco les concede ningún derecho, ni visado de trabajo. “Están en un limbo legal, lo que único que tiene que hacer Israel es aceptar su solicitud de asilo, valorarla y, si realmente considera que no existen tales riesgos, ya puede deportarles como piden los políticos”, explica Orit Marom.
Dany Dannon, parlamentario por el Likud -el partido liderado por Benjamín Netanyahu- y uno de los que acudió a la manifestación del miércoles con mensajes como “hay que sacar a los africanos de aquí”, es uno de ellos. En conversación telefónica, asegura que él ha estado en el sur de Sudán, que allí no pasa absolutamente nada y que estos inmigrantes se encuentran en Israel de forma ilegal solo para trabajar. “Debemos tomar medidas. Vienen y luego quieren traerse a toda su familia y amigos, no puede ser”, asegura.
Sin embargo, Orit Maron, de ASSAF, es crítica con las aseveraciones de Dannon. “Se les trata como criminales pero sí están legales, tienen un permiso de residencia que deben renovar cada 3 meses”, explica. No obstante, Maron asegura comprender a los vecinos del barrio de Hatikva, sin recursos y abandonados, asegura, por los sucesivos Gobiernos israelíes. “Si en tu barrio aparecen de pronto miles de personas haciendo sus necesidades donde pueden, o viviendo 200 en un edificio preparado para 50 te rebelas”, explica. “En lugar de echar más leña al fuego, lo que tiene que hacer el Gobierno es afrontar el problema y dejar de lavarse las manos” concluye.
Jerusalén, El PaísUnas 60.000 personas, la mitad de ellas sudaneses y eritreos, deambulan por las calles de Israel. Las autoridades no les deportan, pero les dejan a su suerte, en un limbo legal que ni les permite trabajar ni les da acceso al sistema sanitario o educativo. Su presencia crispa a los vecinos bajo la notable inoperatividad del Gobierno.
El termómetro supera los 25 grados en el parque Lewinsky de Tel Aviv. Allí decenas de sudaneses y algunos eritreos matan el tiempo a golpe de imaginación: unos compartiendo anécdotas en los abundantes corrillos. Otros, menos soñadores, tumbados en el césped. Su mirada se pierde en algún punto impreciso del horizonte. “Aquí no tenemos nada, a veces ni qué comer, pero al menos sé que no me van a matar en cuanto salga a la calle”, dice Omar, un sudanés de Darfur, una región al oeste de Sudán inmersa en un cruento conflicto desde 2003 entre las milicias paramilitares árabes y los africanos negros. A su lado, varios compañeros escarban dentro de una bolsa de plástico con algunas camisas y pantalones viejos que un vecino acaba de traer.
Sin embargo, aunque en Israel no corran el riesgo de ser aniquilados en una guerra civil (se calcula que más de 300.000 personas han muerto durante los últimos siete años) tampoco están exentos de ser linchados a manos de ciudadanos israelíes encendidos. El pasado miércoles unos mil israelíes se manifestaban en el barrio de Hatikva, al sur de Tel Aviv, llamando a su expulsión con lemas como “Son un cáncer en nuestro cuerpo” o “Sudaneses a Sudán”, consignas pronunciadas incluso por alguno de los cinco diputados de la derecha israelí (tres del Likud, uno de Kadima y otro del partido Unión Nacional, de derecha radical) que participaron en esta protesta que terminó de forma violenta.
La progresiva exaltación de los manifestantes se saldó con el lanzamiento de piedras a toda persona de color que pasara dentro de un coche, a la retención forzosa de taxis compartidos para ver si había algún inmigrante en el interior, o al destrozo de una tienda cercana de comestibles. Fueron detenidas 17 personas y varios de los parlamentarios, denunciados por “incitar a la violencia” por parte de ONGs como Paz Ahora.
Revelador fue al día siguiente el testimonio de un periodista del diario israelí Haaretz, Ilan Lior, que cubrió la manifestación: “He cubierto ataques terroristas, funerales, accidentes de coche y protestas. He visto ira, frustración, desesperación y tristeza en variedad de formas y lugares, pero nunca he visto tanto odio como el que presencié ayer”. Por cierto, a él también le tuvo que sacar la policía porque casi le linchan al grito de “izquierdista”.
Tampoco es tranquilizador el mensaje lanzado por algunos miembros del Ejecutivo. El ministro del Interior, Eli Yishai, anunció el jueves que estudiaba multar a los alcaldes de localidades israelíes que permitieran la contratación de “infiltrados”. “Su lugar es el país del que han venido”, dijo. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo a las pocas horas del incidente que “hay que detener la llegada de extranjeros a Israel” y afirmó que su Gobierno lo haría de forma “responsable”, empezando por acelerar los trabajos de la valla fronteriza con Egipto, cuya construcción se completará en unos meses.
Travesía por el desierto del Sinaí
En los últimos cinco años, 35.000 eritreos y 15.000 sudaneses han ido llegando a Israel, la mayoría a través del desierto del Sinaí, en una aventura peligrosa que a menudo termina en tragedia. “A muchos les secuestran las tribus beduinas y piden rescates a sus familias que pueden llegar hasta los 40.000 dólares [algo más de 30.000 euros]” dice Orit Marom, de la Organización para la Ayuda de los Refugiados en Búsqueda de Asilo (ASSAF, en sus siglas en inglés) con sede en Tel Aviv. “Les amenazan con matarles, o lo que es peor, con extraerles los órganos”, asegura esta israelí en la entrada de su oficina.
“Varios compañeros tienen una raja en la espalda, les quitaron un riñón”, asegura Onnab, otro sudanés del grupo de Lewinski en el recibidor de ASSAF. “Es un auténtico drama, a las mujeres las violan, incluso nos han llegado niños con las extremidades deformadas porque les mantuvieron atados durante meses mientras sus huesos crecían”, asegura, Orit Rubin, coordinadora psicosocial de esta organización.
Casualidad o no, la policía israelí desmanteló la semana pasada una red clandestina de tráfico de órganos, deteniendo a diez sospechosos, entre ellos un médico de Tel Aviv con antecedentes de practicar trasplantes en un hospital de Pristina (Kosovo) en 2008.
Extorsiones que no hacen sino aumentar la angustia de estos sudaneses (procedentes tanto de Sudán, como del actual Sudán del Sur) y eritreos, desorientados en un país que no les deporta -Israel es firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) que impide la deportación al país de origen en caso de caso de existir riesgo de persecución “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”- pero que tampoco les concede ningún derecho, ni visado de trabajo. “Están en un limbo legal, lo que único que tiene que hacer Israel es aceptar su solicitud de asilo, valorarla y, si realmente considera que no existen tales riesgos, ya puede deportarles como piden los políticos”, explica Orit Marom.
Dany Dannon, parlamentario por el Likud -el partido liderado por Benjamín Netanyahu- y uno de los que acudió a la manifestación del miércoles con mensajes como “hay que sacar a los africanos de aquí”, es uno de ellos. En conversación telefónica, asegura que él ha estado en el sur de Sudán, que allí no pasa absolutamente nada y que estos inmigrantes se encuentran en Israel de forma ilegal solo para trabajar. “Debemos tomar medidas. Vienen y luego quieren traerse a toda su familia y amigos, no puede ser”, asegura.
Sin embargo, Orit Maron, de ASSAF, es crítica con las aseveraciones de Dannon. “Se les trata como criminales pero sí están legales, tienen un permiso de residencia que deben renovar cada 3 meses”, explica. No obstante, Maron asegura comprender a los vecinos del barrio de Hatikva, sin recursos y abandonados, asegura, por los sucesivos Gobiernos israelíes. “Si en tu barrio aparecen de pronto miles de personas haciendo sus necesidades donde pueden, o viviendo 200 en un edificio preparado para 50 te rebelas”, explica. “En lugar de echar más leña al fuego, lo que tiene que hacer el Gobierno es afrontar el problema y dejar de lavarse las manos” concluye.
