El fiscal pide investigar al vicepresidente de Argentina por enriquecimiento ilícito
La justicia investiga los vínculos del Amado Boudou con empresarios en negocios con el Estado
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
El vicepresidente del Gobierno argentino, Amado Boudou, ha sido imputado este lunes por enriquecimiento ilícito por el fiscal Jorge Di Lello, a raíz de la denuncia presentada por el periodista Cristian Sanz. Boudou ya se encontraba bajo investigación judicial por supuesto tráfico de influencia en el caso de la imprenta Ciccone de impresión de billetes. El caso dio un giro radical tras una conferencia de prensa pronunciada el 5 de abril en la que el vicepresidente no admitió preguntas. Durante unos 45 minutos, Amado Boudou se dedicó a atacar a varios estamentos judiciales y políticos de Argentina. Las acusaciones más graves iban destinadas al juez que lo investigaba, Daniel Rafecas, y al fiscal general, Esteban Righi, a quienes tachó de parciales. Días después dimitieron los dos. El vicepresidente también recusó al fiscal Carlos Rívolo, quien había ordenado que se registrara un piso de su propiedad. Justamente hoy, Ariel Lijo, el nuevo juez encargado de estudiar el tráfico de influencia, debía decidir si aceptaba la recusación. Ahora, la imputación por enriquecimiento ilícito añade presión sobre la decisión del juez.
El pasado 16 de abril, durante el acto de promulgación de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, Amado Boudou se mostró exultante, parecía más feliz que nadie en un auditorio ya de por sí repleto de caras sonrientes frente a la presidenta Cristina Fernández. La expropiación parecía haber relegado su caso a las páginas interiores de los principales diarios. Sin embargo, la imputación del fiscal Di Lello a raíz de la denuncia interpuesta por el periodista Cristian Sanz, ha vuelto a colocar al vicepresidente en primera plana.
Antes de que estallara el escándalo el pasado marzo, Amado Boudou se perfilaba como uno de los políticos con mejor imagen. Tiene un aspecto muy juvenil, toca la guitarra en público y suele circular en motocicleta. “El rock me ayuda a comunicar con la gente joven porque el rock no miente y los jóvenes están hartos de políticos que miente”, declaraba entonces. Había sido designado como vicepresidente sin contar con el apoyo de ningún grupo peronista, ya que provenía de la Unión del Centro Democrático (UCeDé) argentina. Pero la presidenta Cristina Fernández le ofreció la máxima confianza. “Él es la persona que cuando empezó la crisis global vino a decirme que el mundo había cambiado y que me propuso medidas a tomar. Amado es un hombre leal y que no te teme a las corporaciones”, declaró en su día.
Fernández nunca defendió en público a Boudou respecto al caso Ciccone. Pero su apoyo a Boudou ha sido definitivo a la hora de apartar al juez Rafecas y al fiscal Righi, ambos considerados afines al Gobierno.
Francisco PeregilBuenos Aires, El País
El vicepresidente del Gobierno argentino, Amado Boudou, ha sido imputado este lunes por enriquecimiento ilícito por el fiscal Jorge Di Lello, a raíz de la denuncia presentada por el periodista Cristian Sanz. Boudou ya se encontraba bajo investigación judicial por supuesto tráfico de influencia en el caso de la imprenta Ciccone de impresión de billetes. El caso dio un giro radical tras una conferencia de prensa pronunciada el 5 de abril en la que el vicepresidente no admitió preguntas. Durante unos 45 minutos, Amado Boudou se dedicó a atacar a varios estamentos judiciales y políticos de Argentina. Las acusaciones más graves iban destinadas al juez que lo investigaba, Daniel Rafecas, y al fiscal general, Esteban Righi, a quienes tachó de parciales. Días después dimitieron los dos. El vicepresidente también recusó al fiscal Carlos Rívolo, quien había ordenado que se registrara un piso de su propiedad. Justamente hoy, Ariel Lijo, el nuevo juez encargado de estudiar el tráfico de influencia, debía decidir si aceptaba la recusación. Ahora, la imputación por enriquecimiento ilícito añade presión sobre la decisión del juez.
El pasado 16 de abril, durante el acto de promulgación de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, Amado Boudou se mostró exultante, parecía más feliz que nadie en un auditorio ya de por sí repleto de caras sonrientes frente a la presidenta Cristina Fernández. La expropiación parecía haber relegado su caso a las páginas interiores de los principales diarios. Sin embargo, la imputación del fiscal Di Lello a raíz de la denuncia interpuesta por el periodista Cristian Sanz, ha vuelto a colocar al vicepresidente en primera plana.
Antes de que estallara el escándalo el pasado marzo, Amado Boudou se perfilaba como uno de los políticos con mejor imagen. Tiene un aspecto muy juvenil, toca la guitarra en público y suele circular en motocicleta. “El rock me ayuda a comunicar con la gente joven porque el rock no miente y los jóvenes están hartos de políticos que miente”, declaraba entonces. Había sido designado como vicepresidente sin contar con el apoyo de ningún grupo peronista, ya que provenía de la Unión del Centro Democrático (UCeDé) argentina. Pero la presidenta Cristina Fernández le ofreció la máxima confianza. “Él es la persona que cuando empezó la crisis global vino a decirme que el mundo había cambiado y que me propuso medidas a tomar. Amado es un hombre leal y que no te teme a las corporaciones”, declaró en su día.
Fernández nunca defendió en público a Boudou respecto al caso Ciccone. Pero su apoyo a Boudou ha sido definitivo a la hora de apartar al juez Rafecas y al fiscal Righi, ambos considerados afines al Gobierno.
