Denuncian daño de $us13.5 millones en Papelbol, acusan al ‘pariente’ de una autoridad

La Paz, ERBOL
Muy pocas veces ha sido tan apropiada la frase papelitos cantan como en el caso de Papelbol (Empresa de Papeles Bolivia), donde el propio gobierno verificó un daño económico de $us13.571.010, según documentos a los que tuvo acceso Erbol Digital, en los cuales se identifica, acusa e imputa como principal sospechoso al ex viceministro de la Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado Rivero, “pariente” de una autoridad del Estado.
“No me referiré al tema, todo está en manos de mi abogado”, respondió lacónicamente Peinado al ser consultado sobre las acusaciones que pesan sobre su persona respecto a las irregularidades detectadas por el propio gobierno en su gestión como viceministro. Además, negó relaciones de parentesco con cualquier miembro del gobierno.

“Peinado goza de protección porque tiene un pariente muy fuerte en el gobierno”, aseguró una fuente consultada por Erbol Digital. ¿Quién es ese pariente tan poderoso? “El mismo pariente debiera revelarse por moral; sólo así se explica que no haya avanzado el juicio”, declaró esta misma fuente respecto al curso de las investigaciones sobre este caso que se produjo en 2007 y que permanece congelado con un arresto domiciliario de Eduardo Peinado, quien hoy es el Gerente de Relaciones Institucionales de Jindal.

Pagaron $us13.430.656

De acuerdo con las informaciones obtenidas, el Estado boliviano pagó por la compra de la fábrica de papel, en la gestión de Peinado, 13.430.656 dólares a la empresa brasileña D’Andrea Agrimport de los 13.571.010 dólares acordados como precio final. Es decir, que el gobierno canceló el 98,97% del total del monto pese a que el avance y el estado de la planta estaban muy retrasados. A la fecha sólo quedaría un saldo de 140.354 dólares y la planta establecida en Villa Tunari, provincia Chapare, Cochabamba, no funciona.

La evaluación técnica elaborada por la empresa Pricewaterhousecoopers revela que el precio real de la fábrica (en las condiciones actuales) asciende a un monto de 6,118.000 de dólares, lo que devela un sobreprecio de 7.453.010 de dólares.

“No se ha entregado todos los equipos, herramientas, materiales y accesorios necesarios para el funcionamiento de la máquina papelera, aspecto que ha sido reconocido por D’Andrea Agrimport en acta del 14 de Octubre de 2010”, señala uno de los documentos referidos a este caso y agrega que “la implementación y montaje de la planta no ha sido finalizado, habiéndose cancelado a D’Andrea 98.97% del total del contrato”.

Otro documento al que tuvo acceso Erbol Digital también señala que “no se evidencia la existencia de maquinaria moderna ni de tecnología avanzada, aspecto comprometido en la propuesta de la empresa brasileña y no es posible establecer si la maquinaria es nueva o reacondicionada, conforme estudio realizado por la empresa Pricewaterhousecoopers”.

“D’Andrea Agrimport no ha entregado a la fecha el diseño final de ingeniería que ofertó en su propuesta el año 2007, necesario para las obras industriales y civiles”, indican los papeles referidos a Papelbol.

Breve historia del caso

La empresa pública Papelbol se creó durante la gestión de Eduardo Peinado Rivero, en el Viceministerio de la Mediana, Gran Empresa e Industria, mediante Decreto Supremo 29255 de fecha 5 de septiembre de 2007, y se dispuso su instalación en Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba.

Entre el 28 y 29 de noviembre de 2007, el Gerente General de Papelbol, Antonio Camberos Bolaños, aprobó el documento base de contratación y autorizó el inicio y prosecución del proceso de contratación directa por excepción de Maquinaria y Equipos destinados a la fábrica de papel.

De forma rápida, el 6 de diciembre de 2007 el Comité de Contratación, conformado por los servidores públicos Ramiro Rodrigo Bracamonte y Germán Sainz Salvatierra, recomendaron la contratación de la única empresa evaluada D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio Ltda. Se cristalizó la adjudicación a la empresa señalada al día siguiente, 7 de diciembre de 2007, mediante resolución administrativa No 005/2007.

Un mes después, el 7 de enero de 2008, el Gerente de Papelbol y el representante legal de la empresa brasileña, Roberto Falascina, suscribieron el contrato administrativo que consideraba la provisión de maquinaria, instalación y montaje, puesta en marcha y capacitación de los operadores de una máquina para la fabricación de papel de escritura e impresión, papel prensa y papel kraft, con una capacidad de producción de 100 toneladas día.

El contrato fijó un plazo de 14 meses calendario para la instalación y funcionamiento de la fábrica. Es decir que la empresa debería haber comenzado a funcionar el 7 de marzo de 2009, hace tres años.

El monto fijado fue de 13.571.010 dólares y a la fecha prácticamente están perdidos porque la maquinaria entregada por la empresa brasileña no funciona y se tiene certeza si es nueva o reciclada.

Según los papeles a los que tuvo acceso Erbol Digital, la fecha en que se firmó el contrato no se contaba con la infraestructura necesaria previa en Villa Tunari (galpones, tanques, almacenes, vías internas, talleres).

“No había ni servicios complementarios (electricidad, agua, gas, abastecimientos, plan de manejo ambiental). Además, la empresa D’Andrea Agrimport se dedicaba a la importación, exportación y comercio de máquinas agrícolas e industriales no teniendo especificado el rubro de instalación y montaje de máquinas para la fábrica de papel”, señalan los papeles oficiales referidos a Papelbol.

Delitos

Según la imputación formal presentada por el fiscal Félix Peralta, Peinado y sus colaboradores cometieron los delitos de Uso indebido de influencias (Artículo 146 del Código Penal), Incumplimiento de deberes (Artículo 154 Código Penal), Conducta Antieconómica (Artículo 224 del Código Penal), cuyas penas oscilan entre dos a ocho años de cárcel.

“En mérito a la imputación formal que antecede y de conformidad con lo establecido en los artículos 240 del Código de Procedimiento Penal, solicito a su autoridad (juez) la aplicación de DETENCIÓN PREVENTIVA”, solicitó el Fiscal el 4 de marzo de 2011 y fundamentó su petición argumentando que hay “riesgo de fuga y obstaculización”.