Conforman Tribunal de Sentencia para juicio oral del caso Terrorismo
La Paz, AbiAlvaro Ochoa Paniagua, Julio Siñani y Mario Poma fueron designados el jueves como jueces ciudadanos del Tribunal de Sentencia para el juicio oral del caso terrorismo I que se iniciará el próximo 30 de mayo contra 39 implicados con la célula irregular de Eduardo Rózsa Flores, conformada con fines secesionistas.
"Pese a la resistencia de los acusados de dilatar este proceso, se constituyó el Tribunal de Sentencia con Jueces Ciudadanos que a partir del 30 de mayo llevará adelante el juicio oral fijado por el presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia", explicó a la ABI el fiscal Marcelo Soza, después de ese acto procesal que se realizó en el salón rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El Fiscal que encabezó las investigaciones del grupo irregular, que fue desbaratado en un céntrico hotel de Santa Cruz en abril de 2009, aseguró que el Ministerio Público está preparado y "demostrará al pueblo y a los jueces que algunos malos bolivianos trataron de dividir a los bolivianos mediante una guerra civil".
Para ese fin, dijo que se conformó una milicia con europeos y bolivianos, en su mayoría veteranos de la guerra secesionista de los Balcanes, a fines de la década de los 90.
Entre ellos, el boliviano-húngaro Rózsa Flores (fallecido), que comandaba la célula integrada por el rumano Magyarosi Arpak (fallecido), el irlandés Dwayer Michael Martin (fallecido), el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, estos últimos detenidos en la cárcel de San Pedro.
De las 12 personas sorteadas el pasado 24 de abril, de acuerdo al padrón del Tribunal Electoral, se eligieron a los tres jueces ciudadanos, después de una serie de recusaciones planteadas por los abogados de los imputados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, que dilataron la designación.
Entre los incidentes, argumentaron la falta de traductor para el húngaro Elöd Tóásó, la no presencia de Ignacio Villa Vargas, más conocido como El Viejo, hoy recluido en el penal del Abra en la ciudad de Cochabamba.
De acuerdo al abogado del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivero, El Viejo se resistió a ser trasladado a la ciudad de La Paz para esa audiencia, por lo que se designó a un abogado público, para que lo represente.
"Lo único que pretendían los abogados de la defensa es dilatar, obstaculizar, retardar este acto procesal y lo que hizo el juez es aplicar la ley", enfatizó Rivera como parte querellante de este caso.
Resuelto los incidentes, el Presidente del Tribunal hizo conocer a los tres jueces ciudadanos sus deberes, atribuciones y demandó idoneidad, imparcialidad, además de recordar que están prohibidos de mantener contactos con las partes del proceso penal.
Recomendó también no realizar ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación para evitar futuras recusaciones y el proceso no sufra retardaciones.
