Bruselas prevé abrir la mano con el déficit
La Comisión pide acelerar el retraso de la jubilación, endurecer las prestaciones por desempleo, subir el IVA y crear una oficina presupuestaria independiente
Claudi Pérez
Bruselas, El País
La Comisión Europea tiene previsto pedir a los ministros de Finanzas de la UE que aprueben dar un año más a España para rebajar el déficit público al 3% del PIB (de 2013 a 2014), según el último borrador de las recomendaciones que se presentan hoy, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Con una salvedad importante: esa posibilidad, incluida en un borrador de recomendaciones de ocho puntos que incluye medidas sobre pensiones, el sistema financiero, los impuestos y la puesta en marcha de la reforma laboral, entre otros aspectos, está sujeta a una decisión política de última hora, según las fuentes consultadas. Además, Bruselas exige varias medidas adicionales de gran calado.
La Comisión aconseja a España “poner en marcha la estrategia fiscal según lo planeado” en el Programa de Estabilidad, aunque con algunas novedades importantes. Bruselas pretende que Madrid “acelere el incremento de la edad de jubilación”. En cuanto a la anunciada subida del IVA, quiere un “incremento de las bases imponibles”, que según las fuentes consultadas podría suponer aplicar el IVA normal (18%) a algunos productos que se beneficiaban del tipo reducido (8%), o reducir la lista de productos que se aplican el tipo superreducido (del 4%, que no se tocó en la reforma fiscal del Gobierno socialista).
La Comisión tiene previsto, salvo sorpresa de última hora, dar finalmente más margen a España a la vista de las dificultades para cumplir con los objetivos de déficit, con una recesión que se adivina larga y profunda y en medio de la vorágine en los mercados que ha supuesto la reforma financiera y la estrambótica nacionalización de Bankia. Fuentes europeas explicaban ayer que la falta de claridad en lo relativo al sector bancario y las sucesivas revisiones al alza del déficit público —junto con las dificultades para embridar las cuentas de las comunidades— son los principales lastres en contra de esa flexibilización, que daría algo de aire a la complicada situación de España, al borde de un rescate europeo a la banca que el Gobierno quiere evitar.
La Comisión es clara y diáfana: el borrador reclama a España que cumpla su programa de estabilidad —y pone énfasis en que lo hagan todas las Administraciones, subrayando lo que Bruselas denomina el “nivel regional”— para evitar que se repitan episodios como el déficit de 2011, que alcanzó al final el 8,9% del PIB. A cambio, proporciona (en principio: esa recomendación figura en el borrador entre corchetes, a la espera de la citada luz verde de última hora) un año más para recortar el agujero en las cuentas públicas.
Eso no saldrá gratis: junto con el acelerón en el aumento de la edad de jubilación (un alza progresiva hasta los 67 años en 2027) y el IVA (cuyo incremento ha anunciado ya el Gobierno para 2013, en contra de una de las numerosas promesas electorales que se llevó el viento), Bruselas pretende que el Ejecutivo prosiga en la línea reformista dura de los últimos meses. Más exigencias: la Comisión quiere que España cree una “institución fiscal independiente”, como ya ocurre en países como Suecia y Reino Unido. El objetivo es “proporcionar análisis, dar consejos y controlar la política fiscal, así como estimar el impacto presupuestario de las iniciativas legislativas”. Eso es algo que ha venido reclamando el Banco de España, al menos en privado. Es una extensión del papel que juegan desde hace décadas los bancos centrales en la política monetaria, con la puesta en marcha de un consejo independiente que evalúe las políticas fiscales.
Hay alguna sorpresa adicional. Bruselas no quiere que el equipo económico de Rajoy se relaje en la puesta en marcha de la reforma laboral. Y en ese ámbito exige también más cosas, con el habitual lenguaje imposible de la UE. Se trata de “aumentar la efectividad de las políticas laborales activas” vinculándolas a las “políticas pasivas”. En otras palabras: ligar los subsidios a que sus beneficiarios asistan a los cursos de formación, por ejemplo.
Bruselas examina así el programa de estabilidad español, en el que el Gobierno trataba de dar respuesta a dos cuestiones, más o menos inmediatas, pero igual de relevantes para la Comisión: cómo va a lograr España uno de los mayores ajustes presupuestarios de la historia económica reciente; y cómo va a impulsar el crecimiento de la economía tras someterla a una cura de austeridad de caballo. Para lo más urgente, dejar el déficit en el 5,3% este año, el Gobierno detalló en el plan presentado a finales de abril su estrategia: en el lado de los ingresos, subidas de impuestos (IRPF y sociedades) y una amnistía fiscal para sumar casi 13.000 millones a una recaudación atrancada por la recesión. Anticipó otra subida del IVA en 2013, apenas tres años después de la última, y una rebaja de las cotizaciones sociales, dos medidas muy del gusto de la Comisión.
En el lado de los gastos, se informó por acumulación de los multimillonarios recortes que se pretenden propinar, un tijeretazo progresivo que en 2015, horizonte temporal del plan, se traduciría en una disminución de 32.000 millones.
Además de los recortes ya plasmados en los Presupuestos, el plan español enumera las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas para rebajar su gasto, incluyendo bajadas de salarios de funcionarios, cuando no reducción de empleo público; medidas para controlar el gasto en medicamentos; el aumento de la jornada laboral de profesores y de los ratios de alumnos por clase; y el cierre de empresas públicas autonómicas.
Claudi PérezBruselas, El País
La Comisión Europea tiene previsto pedir a los ministros de Finanzas de la UE que aprueben dar un año más a España para rebajar el déficit público al 3% del PIB (de 2013 a 2014), según el último borrador de las recomendaciones que se presentan hoy, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Con una salvedad importante: esa posibilidad, incluida en un borrador de recomendaciones de ocho puntos que incluye medidas sobre pensiones, el sistema financiero, los impuestos y la puesta en marcha de la reforma laboral, entre otros aspectos, está sujeta a una decisión política de última hora, según las fuentes consultadas. Además, Bruselas exige varias medidas adicionales de gran calado.
La Comisión aconseja a España “poner en marcha la estrategia fiscal según lo planeado” en el Programa de Estabilidad, aunque con algunas novedades importantes. Bruselas pretende que Madrid “acelere el incremento de la edad de jubilación”. En cuanto a la anunciada subida del IVA, quiere un “incremento de las bases imponibles”, que según las fuentes consultadas podría suponer aplicar el IVA normal (18%) a algunos productos que se beneficiaban del tipo reducido (8%), o reducir la lista de productos que se aplican el tipo superreducido (del 4%, que no se tocó en la reforma fiscal del Gobierno socialista).
La Comisión tiene previsto, salvo sorpresa de última hora, dar finalmente más margen a España a la vista de las dificultades para cumplir con los objetivos de déficit, con una recesión que se adivina larga y profunda y en medio de la vorágine en los mercados que ha supuesto la reforma financiera y la estrambótica nacionalización de Bankia. Fuentes europeas explicaban ayer que la falta de claridad en lo relativo al sector bancario y las sucesivas revisiones al alza del déficit público —junto con las dificultades para embridar las cuentas de las comunidades— son los principales lastres en contra de esa flexibilización, que daría algo de aire a la complicada situación de España, al borde de un rescate europeo a la banca que el Gobierno quiere evitar.
La Comisión es clara y diáfana: el borrador reclama a España que cumpla su programa de estabilidad —y pone énfasis en que lo hagan todas las Administraciones, subrayando lo que Bruselas denomina el “nivel regional”— para evitar que se repitan episodios como el déficit de 2011, que alcanzó al final el 8,9% del PIB. A cambio, proporciona (en principio: esa recomendación figura en el borrador entre corchetes, a la espera de la citada luz verde de última hora) un año más para recortar el agujero en las cuentas públicas.
Eso no saldrá gratis: junto con el acelerón en el aumento de la edad de jubilación (un alza progresiva hasta los 67 años en 2027) y el IVA (cuyo incremento ha anunciado ya el Gobierno para 2013, en contra de una de las numerosas promesas electorales que se llevó el viento), Bruselas pretende que el Ejecutivo prosiga en la línea reformista dura de los últimos meses. Más exigencias: la Comisión quiere que España cree una “institución fiscal independiente”, como ya ocurre en países como Suecia y Reino Unido. El objetivo es “proporcionar análisis, dar consejos y controlar la política fiscal, así como estimar el impacto presupuestario de las iniciativas legislativas”. Eso es algo que ha venido reclamando el Banco de España, al menos en privado. Es una extensión del papel que juegan desde hace décadas los bancos centrales en la política monetaria, con la puesta en marcha de un consejo independiente que evalúe las políticas fiscales.
Hay alguna sorpresa adicional. Bruselas no quiere que el equipo económico de Rajoy se relaje en la puesta en marcha de la reforma laboral. Y en ese ámbito exige también más cosas, con el habitual lenguaje imposible de la UE. Se trata de “aumentar la efectividad de las políticas laborales activas” vinculándolas a las “políticas pasivas”. En otras palabras: ligar los subsidios a que sus beneficiarios asistan a los cursos de formación, por ejemplo.
Bruselas examina así el programa de estabilidad español, en el que el Gobierno trataba de dar respuesta a dos cuestiones, más o menos inmediatas, pero igual de relevantes para la Comisión: cómo va a lograr España uno de los mayores ajustes presupuestarios de la historia económica reciente; y cómo va a impulsar el crecimiento de la economía tras someterla a una cura de austeridad de caballo. Para lo más urgente, dejar el déficit en el 5,3% este año, el Gobierno detalló en el plan presentado a finales de abril su estrategia: en el lado de los ingresos, subidas de impuestos (IRPF y sociedades) y una amnistía fiscal para sumar casi 13.000 millones a una recaudación atrancada por la recesión. Anticipó otra subida del IVA en 2013, apenas tres años después de la última, y una rebaja de las cotizaciones sociales, dos medidas muy del gusto de la Comisión.
En el lado de los gastos, se informó por acumulación de los multimillonarios recortes que se pretenden propinar, un tijeretazo progresivo que en 2015, horizonte temporal del plan, se traduciría en una disminución de 32.000 millones.
Además de los recortes ya plasmados en los Presupuestos, el plan español enumera las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas para rebajar su gasto, incluyendo bajadas de salarios de funcionarios, cuando no reducción de empleo público; medidas para controlar el gasto en medicamentos; el aumento de la jornada laboral de profesores y de los ratios de alumnos por clase; y el cierre de empresas públicas autonómicas.
