Avances en derechos humanos chocan con la lucha de poder
Redacción, AFPAmnistía Internacional señala avances significativos en el enjuiciamiento o la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, aunque a menudo luchan contra intereses de los más "poderosos" en Latinoamérica.
La agenda de los derechos humanos registró avances en América Latina, aunque sigue sufriendo fuertes bloqueos cuando topa con "poderosos intereses" o pone en tela de juicio "políticas de desarrollo" que provocan marginación social, sostuvo Amnistía Internacional.
"La demanda de respeto a los derechos humanos se hizo oír en toda la región durante 2011: en los tribunales nacionales, en el sistema interamericano y en las calles", afirmó la organización establecida en Londres en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
Pero estas peticiones de justicia "a menudo condujeron a quienes las realizaban al enfrentamiento directo con poderosos intereses económicos y políticos", agregó denunciando amenazas o incluso abusos contra las mismas personas que denunciaban las violaciones en varios países.
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue criticada por algunos Estados que la acusaron de injerencia.
Brasil, por ejemplo, retiró a su embajador ante la OEA después de la CIDH le pidiera, sin éxito, que suspendiera la construcción de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte -destinada a ser la tercera más grande del mundo- y que consultara a los pueblos indígenas afectados por las obras que deben continuar hasta 2019 en el estado de Pará.
Porque otra de las tendencias que denuncia Amnistía en su informe es un incremento directamente proporcional entre los abusos que sufren las comunidades indígenas y las iniciativas para explotar recursos en la región.
En este sentido, Amnistía elogia la histórica ley aprobada en Perú que obliga a consultar con estas comunidades antes de llevar a cabo labores extractivas en su territorio.
En el dominio de la impunidad, algunos gobiernos, especialmente en México, pero también en otros países centroamericanos, en Venezuela y Brasil, también "siguieron explotando motivos legítimos de preocupación sobre la seguridad pública" para ignorar atropellos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas en el marco de la lucha contra el crimen, denunció Amnistía.
Las comunidades más pobres y marginadas fueron generalmente las más expuestas a esos abusos. Otros grupos vulnerables fueron los migrantes, en particular los centroamericanos que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, así como las mujeres y las niñas, a quienes a menudo se les niega la protección de la ley.
A pesar de todo, la organización señala avances "significativos" en el enjuiciamiento o la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, como la condena dictada contra el excapitán de la marina Alfredo Astiz por crímenes, torturas y secuestros durante la dictadura argentina (1976-83) o la creación en Brasil de la recientemente inaugurada Comisión de la Verdad para investigar los delitos cometidos durante el régimen militar (1964-85).
