Un equipo jurídico presentó al gobierno los descargos

La Paz, Fides
Para la brasileña OAS el contrato de construcción de la carretera entre San Ignacio de Moxos y Villa Tunari, en los tramos I y III, continúa vigente. El gobierno de Bolivia sólo activó la acción legal acordada en la cláusula 19 del documento contractual, dijo a FIDES, el asesor legal externo de la empresa, Enrique Barrios Espejo.
Informó que en Bolivia los abogados trabajaron en la presentación de los descargos y se espera tener un intercambio saludable con el gobierno sobre los documentos que se presentaron. Contractualmente hace quince días se hizo conocer una intención de resolución del contrato.



Barrios dijo que el Gobierno “nos dijo, señores ustedes están incumpliendo con esto y tienen quince días para presentar descargos, eso es lo que hemos hecho nosotros hoy día, hemos presentado descargos y ellos deberán considerar si los mismos tienen o no merito, entonces no es una anulación, simplemente se activó una cláusula del contrato”.



A través de la documentación se explica que la OAS no incumplió el contrato en ninguna de sus formas, subrayó.



El abogado Barrios dijo que la ABC nunca dijo voy a desconocer el contrato, simplemente activó la cláusula 19 del contrato, que refiere sobre la intención de resolución, el plazo todavía está vigente, pero dio respuesta lo antes posible.



ANUNCIO



El presidente Evo Morales el pasado martes 10 de abril anunció la “anulación” del contrato suscrito con la empresa brasileña OAS para la construcción carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, en los tramos I y III, debido al incumplimiento en que incurrió la compañía constructora.

"Hay incumplimiento de parte de OAS y por eso hemos decidido, hemos iniciado un proceso de anulación del contrato de la construcción en el camino Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, especialmente en el tramo I y III que estaba a cargo de OAS, por incumplimiento de parte de la empresa", dijo en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

ANULACIÓN

El vicepresidente, Álvaro García Linera, el miércoles 12 de abril señaló que el proceso para la anulación señala que si dentro de 15 días hábiles de la fecha de notificación se enmiendan las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomarán las medidas necesarias para continuar las obras con las estipulaciones del contrato.

Añadió que, si al vencimiento del término de los 15 días no existe ninguna respuesta el proceso de resolución continuará previa notificación de carta notariada, indicando que la resolución del contrato se ha hizo efectiva.

“Es muy importante saber los elementos de por qué se ha iniciado este proceso de anulación o este proceso de resolución del contrato, el presidente Evo Morales señaló en términos generales varios de estos motivos como la desmovilización y despido de personal, retiro de maquinaria del lugar de construcción, rechazo a aceptar metodología de medición de avance de obra y de los pagos respectivos, un retraso enorme en el avance de obra. Nuestros cálculos establecen que a estas alturas debería haber un 20 por ciento de avance de los 120 kilómetros y apenas se hubiera avanzado no más del cinco por ciento”, precisó.

DEFENSA



“El anuncio de la intención de resolver el contrato se enmarca en una figura acordada, yo tengo la posibilidad de defenderme y tengo la posibilidad de decir que no incumplí el contrato y eso es lo que se hizo. En este momento no hay ilegalidades”, enfatizó el abogado Enrique Barrios.



Explicó que el gobierno debe responder lo antes posible, pero, la información contiene elementos de análisis complejos que le demandarán tiempo a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), “por el momento el contrato está vigente”.



“Como nosotros no hemos incumplido el contrato, no debería ejecutarse la boleta de garantía, esa es la posición de la OAS que, entendemos, hemos podido demostrar en la carta presentada”, destacó el asesor legal externo.



Manifestó que se puso más dinero que de lo que el gobierno desembolsó, o sea 16,6 millones de dólares y la empresa tenía derecho a recibir 83 millones de dólares, porque para ese efecto se entregó al gobierno una factura por esos $us 83.000.000. Sin embargo, el monto recibido no alcanza para la movilización de las obras.



Se presentaron los descargos y ciertamente entendemos que ambas partes tenemos intención de respetar el contrato, finalizó.