La situación de los empleados públicos

Luis Antezana
El 12 de abril pasado, EL DIARIO publicó una nota editorial bajo el título de “Lamentable situación del empleado público”, la misma que originó una carta firmada por la Jefa de una Unidad de Comunicación del Ministerio de Economía, carta que confirma que los funcionarios del Estado se encontraban y encuentran en situación digna de ser lamentada y que recién está tratando de ser resuelta por los empleadores del Estado.
Dicha réplica, publicada el 20 de abril pasado en las mismas columnas de EL DIARIO, afirma que “Desde hace once años… los salarios en el sector público estaban congelados” y que recién ahora, con un Decreto de 9 de abril pasado, “el Ejecutivo dispuso ¡¡en un acto de justicia!! el ajuste mencionado”… Agrega a renglón seguido que “Con esta norma SE PRETENDE terminar con las diferencias salariales y la discriminación que se daban en la época neoliberal”, lo cual quiere decir, ni más ni menos, que hasta abril pasado, el Gobierno estuvo practicando las criticadas medidas neoliberales y que recién ahora “pretende”, después de seis años, anularlas y proceder a “un acto de justicia”.

Por lo visto, el citado Decreto a favor del sector público lo que en el mejor de los casos intentaría hacer sería únicamente “pretender” pero no mejorar sinceramente a los empleados públicos, porque “pretender” significa únicamente intentar, procurar, aspirar a alguna cosa, vale decir en este caso lo que quiere el Ministerio de Economía no pasa de buenas intenciones (de las cuales está empedrado el camino al infierno), por lo cual los empleados públicos no habrán mejorado su situación.

Otra apreciación de la carta aludida afirma que el Decreto citado “beneficia a los servidores públicos que se encontraban bajo contrato…”, lo cual significa que recién, después de seis años, esos empleados a contrato recién han merecido atención del Estado Plurinacional y que, por tanto, hasta hace un mes se encontraban en lamentable situación, como también subrayó la investigación de CEDLA. Igual beneficio recibieron recién con ese decreto los relegados consultores

Los empleados públicos estaban, indudablemente, según confirma dicha carta, en situación lamentable, inclusive en entidades centralizadas y desconcentradas, pues ahora ¡recién!, pasados tantos años, se les incrementó sus salarios en 7%, conceptos que confirman que sólo desde abril pasado se “pretende” resolver el estado crítico de alrededor de 150.000 funcionarios que también, según la carta referida, ahora ya trabajan no por principio sino, según el Ministerio de Economía, ¡“por un compromiso con el proceso”!, vale decir que su función administrativa está condicionada a los “úcases” de la tienda gobernante y no a los intereses nacionales.

Finalmente, la carta indica que en caso de corrupción, ahora los funcionarios públicos están sometidos a la Ley “Marcelo Quiroga”, la misma que “establece rigurosos mecanismos… destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por los servidores públicos y ex servidores”, espada de Damocles que pendía y pende sobre las cabezas de los miles de funcionarios que, después de seis años, recién han sido objeto de tanta generosidad oficial, según los términos del decreto de 9 de abril pasado.

En todo caso, la carta de la dependencia del Ministerio de Economía confirma el editorial de EL DIARIO de 20 de abril, debiendo agregarse que ese estado lamentable de los empleados públicos apenas tuvo la remota “pretensión” de mejorar el estado de la mayoría de ese sector social, estado muy diferente de las ventajas de las que goza la alta jerarquía burocrática estatal.