La monja imputada en el caso del robo de niños en España rechaza las acusaciones
Madrid, EFE
La monja María Gómez Valbuena, sor María, que hoy se negó a declarar ante el juez de Madrid que investiga el robo de cientos de niños en España en el franquismo y los primeros años de la democracia, rechazó las acusaciones y dijo que le "repugna" separar a un recién nacido de su madre.
La religiosa, de 87 años, así lo expresó en una carta abierta a la opinión pública, remitida a Efe, en la que se disculpa, además, por no haber "atendido correctamente" a los medios tras comparecer en un juzgado de instrucción de Madrid, de donde salió en un Mercedes Benz con los cristales tintados.
"Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas", señala la religiosa en la carta.
La monja explica que ha dedicado toda su "larga vida" a ayudar a los más necesitados de manera desinteresada y en cumplimiento de sus profundas convicciones religiosas.
Y dice querer "dar públicamente las gracias de corazón a todas las personas e instituciones de todo el mundo que me han apoyado, dándome muestras de afecto, respeto y consideración, al conocer la situación que estoy pasando y que espero que se resuelva a la mayor brevedad."
Sor María es acusada por María Luisa Torres de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982 para venderla en adopción.
Torres aseguró ante el juez que la monja le quitó a su bebé por "adúltera", ya que el padre no era su marido, tras haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.
El juez Adolfo Carretero ha citado mañana a declarar como testigos a los padres adoptivos de esa supuesta niña robada.
El abogado de sor María intentó, por su parte, que el magistrado archivara el caso por prescripción del delito, pero Carretero desestimó su petición, por lo que la monja ha apelado a una instancia superior.
El caso de los niños robados saltó a la opinión pública en 2008 tras la aprobación de la ley para la recuperación de la Memoria Histórica, con los niños que fueron arrebatados a familias republicanas para ser educados por familias afectas al franquismo durante la Guerra Civil (1936-39) y los primeros años del franquismo (1939-75).
A estos casos se fueron sumando cientos de denuncias de desapariciones que se extienden hasta 1990.
La comparecencia hoy de sor María coincidió con la reunión mantenida por representantes de los afectados con varios ministros y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras la cual el Gobierno se comprometió a crear un censo de posibles "niños robados".
La monja María Gómez Valbuena, sor María, que hoy se negó a declarar ante el juez de Madrid que investiga el robo de cientos de niños en España en el franquismo y los primeros años de la democracia, rechazó las acusaciones y dijo que le "repugna" separar a un recién nacido de su madre.
La religiosa, de 87 años, así lo expresó en una carta abierta a la opinión pública, remitida a Efe, en la que se disculpa, además, por no haber "atendido correctamente" a los medios tras comparecer en un juzgado de instrucción de Madrid, de donde salió en un Mercedes Benz con los cristales tintados.
"Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas", señala la religiosa en la carta.
La monja explica que ha dedicado toda su "larga vida" a ayudar a los más necesitados de manera desinteresada y en cumplimiento de sus profundas convicciones religiosas.
Y dice querer "dar públicamente las gracias de corazón a todas las personas e instituciones de todo el mundo que me han apoyado, dándome muestras de afecto, respeto y consideración, al conocer la situación que estoy pasando y que espero que se resuelva a la mayor brevedad."
Sor María es acusada por María Luisa Torres de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982 para venderla en adopción.
Torres aseguró ante el juez que la monja le quitó a su bebé por "adúltera", ya que el padre no era su marido, tras haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.
El juez Adolfo Carretero ha citado mañana a declarar como testigos a los padres adoptivos de esa supuesta niña robada.
El abogado de sor María intentó, por su parte, que el magistrado archivara el caso por prescripción del delito, pero Carretero desestimó su petición, por lo que la monja ha apelado a una instancia superior.
El caso de los niños robados saltó a la opinión pública en 2008 tras la aprobación de la ley para la recuperación de la Memoria Histórica, con los niños que fueron arrebatados a familias republicanas para ser educados por familias afectas al franquismo durante la Guerra Civil (1936-39) y los primeros años del franquismo (1939-75).
A estos casos se fueron sumando cientos de denuncias de desapariciones que se extienden hasta 1990.
La comparecencia hoy de sor María coincidió con la reunión mantenida por representantes de los afectados con varios ministros y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras la cual el Gobierno se comprometió a crear un censo de posibles "niños robados".