Gobierno denuncia a un juez y un abogado por daño al Estado de $us25 millones
La Paz, ErbolUn abogado y un juez provocaron un daño económico al Estado estimado, por el Ministerio de Transparencia en 172.499.925,43 bolivianos, equivalentes a más de 25 millones de dólares, como resultado de una manipulación judicial en el denominado caso FOCSSAP II. Ahora se realizan gestiones para recuperar ese dinero, señala una nota publicada por el periódico Opinión.
La danza de millones tiene su origen en la apropiación de dineros del Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP) y del Fondo Complementario de la Seguridad Social de la Administración Pública (FOCSSAP), por parte de quien fuera su Gerente, Dante Escobar y sus colaboradores. El Estado impulsó procesos judiciales para recuperar esos dineros y en el denominado FOCSSAP II, un Juez, en aparente acuerdo con un abogado que defendía a una parte de los estafados, provocaron el nuevo daño económico al Estado.
El Viceministerio Anticorrupción, recuerda que en vez de que el Juez 3ro. Liquidador Penal de La Paz, Aníbal Miranda Balboa, ordenara pagar el 10% de los 3.247.177,33 bolivianos recuperados por el abogado Waldo Molina para sus 285 clientes, instruyó que se sume al pago por honorarios profesionales otros 29 millones de bolivianos recuperados por abogados del Estado. El abogado Molina debía cobrar, según Lucha Anticorrupción, 342.717,7 bolivianos pero terminó cobrando 3.283.798 bolivianos por costas y otras actuaciones.
Para convertir poco más de 300.000 en poco más de 3 millones, con los que el Juez favoreció al abogado Waldo Molina, el Juez sumó el dinero recuperado por Molina para sus 285 clientes, con otros más de 29 millones recuperados por abogados del Estado, para el Estado.
Esos 29.460.802,88 bolivianos que sumó el Juez a lo recuperado por el abogado Molina, son consecuencia de la misma sentencia que determinó ese monto para las personas que aportaron al Fondo pero no se apersonaron al proceso y otras que antes, el año 2003, habían conformado una Sociedad Accidental para cobrar aportes del Fondo de Retiro del Empleado Público. Ese año, lograron con movilizaciones que el Viceministerio del Tesoro y Crédito, con dineros del Tesoro General de la Nación, les entregue 28.163.822,44 bolivianos.
El Viceministerio Anticorrupción afirma que esos más de 28 millones de bolivianos “se presume debería ser descontado” de lo que se obtuviere en el juicio con ese fin y que resultó en 29.460.802,88 bolivianos, “quedando pendiente pagar al FREP sólo un saldo de Bs. 1.296.980,44 bolivianos”.
“Se puede evidenciar que el FREP, conformado por las víctimas o afectados y las demás personas (Sociedad Accidental), incluyendo a su abogado particular, han cobrado un total de Bs.34.681.797,77.- bolivianos del dinero que por prelación le correspondía al Estado como reparación civil luego a las demás partes”, dice el Viceministerio Anticorrupción.
Afirma que el Juez Aníbal Miranda “tenía pleno conocimiento del origen del dinero con el cual se ha procedido al pago de los honorarios profesionales, en completa inobservancia a lo determinado por la Ley de la Abogacía, Decreto Ley No. 16793 de 10 de julio de 1979 y del Código de Ética, que establece “no se puede cancelar los servicios del abogado con los bienes que se encuentran en litigio”, por lo que al Estado, “representado por el FOCSSAP no se le reparó ni un solo centavo”.
Destaca que se pagó al abogado Waldo Molina “honorarios por personas que no se han apersonado al proceso y sobre quienes no tenía patrocinio establecido, lo cual no le permitía asignar honorarios por acciones a nombre de terceras personas que no le fueron encomendadas”.
Agrega que “el Estado ha sufrido un triple daño económico, ya que no sólo se debe recuperar Bs.141.065.304,99 bolivianos producto de la reparación civil, sino ahora los Bs.3.270.798 bolivianos cancelados a un abogado particular, más lo cancelado anteriormente a la Sociedad Accidental Bs. 28.163.822,44, haciendo un total de Bs. 172.499.925,43 bolivianos”. Ese total estimado por el Viceministerio Anticorrupción, convertido a dólares de Estados Unidos, equivale a 25.145.761,72.
Recuerda que la Constitución Política del Estado en el artículo 112 establece que los “delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”.
El Viceministerio Anticorrupción, se sumó a una demanda iniciada por el Ministerio Público contra el ahora ex Juez Aníbal Miranda Balboa, a quien le atribuyen los delitos de Uso Indebido de Influencias, “al haber autorizado la calificación realizada de manera irregular sobre los honorarios profesionales del abogado del FREP, por un monto mayor al que le correspondía”.
También se acusa al Juez Miranda de conducta antieconómica y de prevaricato, según el texto de la demanda presentada por Gabriela Veizaga, Viceministra de Lucha Contra la Corrupción y su abogada Cinthia Terán, el 28 de septiembre de 2010 ante el Ministerio Público.
Estrecha amistad
En el punto tercero de la querella criminal que abrió el Estado en fecha 29 de junio de 2011 contra Aníbal Miranda Balboa y Waldo Molina Gutiérrez, se establece la existencia de “una estrecha amistad” entre ambos.
“Los memoriales de objeción al rechazo y recusación del juez Miranda, dentro del caso 2051/07 a cargo del Fiscal Antonio Santamaría, fueron enviados vía fax desde el número de teléfono 2311180, que se encuentra registrado a nombre de la esposa del abogado Waldo Molina, por la relación de estrecha amistad y confianza que existe entre el Juez Miranda y el abogado Molina. (Esto) le permitió al juez Miranda acceder fácilmente a su fax para el envío de sus memoriales de objeción al rechazo y recusación, pues es innegable que fueron enviados desde el teléfono 2311180”, agrega.
Exaportantes aún no cobran
Mientras el abogado Waldo Molina ya recibió un honorario de 464 mil dólares hace casi tres años producto de un fallo judicial, sus clientes, nueve ex aportantes del Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP), aún no cobraron la devolución de sus aportes.
El juez Aníbal Miranda calificó los honorarios del jurista Molina en 464.469,30 dólares. El abogado cobró el cheque fechado el 28 de julio de 2010 en una agencia del Banco Unión, de Sucre, según destaca una publicación del matutino Página 7.
Lo hizo, agrega la publicación, luego de ganar el juicio en contra del ex director del Fondo Complementario de Seguro Social de la Administración Pública, Dante Escobar, quien transfirió más de 32,3 millones de bolivianos de los aportantes del FREP a sus cuentas. Este caso se denominó FOCSSAP II.
“No entendemos por qué nos han relegado a nosotros. No pudimos tener la devolución de nuestros aportes del 4% de nuestros sueldos mes tras mes. Estaba en las manos del ex juez Aníbal Miranda incluirnos en las listas de las personas a las que se les pagó, y no lo hizo, creemos que en concomitancia con Molina. Ellos suspendieron los pagos al decir que había llegado una tercería. Nos dejaron colgados”, dijo Cristóbal López, uno de los efectados por este tema entrevistado por Página 7.
La lista de nueve personas incluye a Enzo Quispe, Domitila Ríos, Silvia Careaga, Asunta Callisaya, Cristóbal López y Alberto Tumiri, ex aportantes. Mientras que se incluye también a los apoderados Adela Mujica, Norah Quevedo y Felipe Quispe Calisaya.
