España mete tijera a la sanidad de los indocumentados
Paula Vilella La nueva ley, un Real Decreto publicado este martes, señala que la sanidad se limitará a los extranjeros que dispongan de empleo legal en España, país que ronda los cinco millones de parados y en el que una gran parte de la población migrante no cuenta con permiso de residencia y trabaja en la economía sumergida.
"Además de garantizar la universalidad de la sanidad para todos los españoles, es necesario poner coto a la utilización ilegal e indebida que hacen algunos extranjeros de la Sanidad española", argumentaba el pasado viernes la ministra española de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Urgencias: la única salida
"Los migrantes no viven en otro mundo, viven entre otros, si no se les atiende a esta parte de la población en riesgo de exclusión social o se les atiende tarde, cuando sus enfermedades sean más graves, hay más riesgo de que se amplíe el contagio y acabe costando más dinero que si se hubiera tratado al primer síntoma"
Herve Bertevas, de Médicos del Mundo
Sin embargo, como señala a la BBC el médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Luis Andrés Gimeno, "los inmigrantes usan mucho menos el sistema sanitario que los autóctonos y, además, la mayoría de inmigrantes irregulares son jóvenes y sanos".
"Desde que estoy aquí sólo he ido al médico por alguna gripe y nunca he estado en urgencias; pero si ahora ésta fuera la única opción que me atendiesen, iría", cuenta a BBC Mundo Juan, natural de Ecuador, mientras recoge la frutería en la que trabaja.
Especialistas del sector sanitario han llamado la atención sobre que, ante la imposibilidad de ser atendidos en la red de asistencia primaria, podría llevar a muchos de ellos a recurrir al servicio de urgencias, mucho más caro y que ya se encuentra colapsado.
Esa, advierten, no sería la única consecuencia contraproducente de la medida.
Herve Bertevas, de Médicos del Mundo, apunta a que la modificación de la universalidad del acceso a la sanidad no solo afecta a la población migrante sino al conjunto de la española.
"Los migrantes no viven en otro mundo, viven entre otros, si no se atiende a esta parte de la población en riesgo de exclusión social o se les atiende tarde, cuando sus enfermedades sean más graves, hay más riesgo de que se amplíe el contagio y acabe costando más dinero que si se hubiera tratado al primer síntoma".
En 2011 se registró por primera vez desde 1998 una caída en el número de inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, que llegan a España debido a la crisis económica y al endurecimiento de las políticas de control migratorio.
¿Turismo sanitario o recorte de derechos?
Protestas contra los recortes de salud en España. Hasta los sin papeles tenían acceso universal a la salud.
Desde su llegada a la presidencia en diciembre del año pasado, el gobierno de Mariano Rajoy ha realizado multimillonarios recortes en políticas de empleo, educación o sanidad.
En esta ocasión, y como parte de un plan con el que se pretende ahorrar más de 7.000 millones de euros (más de US$9.200 millones) en gasto sanitario, el gobierno endurecerá los requisitos para que los extranjeros puedan empadronarse con el objetivo de frenar el llamado turismo sanitario, por el cual -según señala el gobierno- personas, especialmente mayores, de otros países viajan a España únicamente para tratarse en la sanidad pública de dolencias que en sus países de origen no están cubiertas.
Diversas asociaciones rechazan la justificación del turismo sanitario y consideran que mezcla dos realidades y en realidad afectarán a los colectivos de personas migrantes más vulnerables.
"Hasta ahora cualquier persona, simplemente con el padrón (inscripción en el censo de población), tenía derecho a tener la tarjeta sanitaria de nuestro país, pero a partir de ahora, clarificaremos este concepto, pediremos requisitos", explicó Mato.
Desde 2000, ese era el único trámite exigido para acceder al sistema sanitario. A partir de ahora se tendrán en cuenta las personas que tienen residencia fiscal en España, aquellas que, según la ministra, "trabajan como nosotros y pagan sus impuestos".
Actualmente el país sufre tasas de desempleo récord que afectan a casi cinco millones de personas. La tasa de paro entre el colectivo extranjero supera el 30% y, al estar la residencia condicionada al trabajo, algunos señalan que aumentará la irregularidad sobrevenida de quienes pierden su empleo.
Es el caso de Lesly Castro, peruana que solía trabajar en una empresa de limpieza y ve peligrar su permiso de residencia: "llevo en España diez años y siete de ellos he cotizado. Ahora me he quedado sin trabajo pero eso es algo que también les pasa a los españoles".
"Nos preocupa mucho el mensaje que manda el gobierno a la sociedad. Al culpar a los inmigrantes del gasto público el gobierno está fomentando la xenofobia", recalca Leni Bascones, de SOS Racismo Madrid. "Tememos que esta no sea la única medida que tome el gobierno en esta dirección. Al no permitir empadronarse a los inmigrantes, el derecho a la educación de los niños también peligra", añade.
Los datos de irregularidad varían en función de la fuente pero se cree que entre medio millón y 800.000 personas viven en España sin constar en ningún registro, ni siquiera el padrón, por lo que ya estarían excluidos de la posibilidad de obtener una tarjeta sanitaria.
