El fin del Mercader de la muerte
El ruso Viktor Bout ha sido condenado este jueves a 25 años por un juez neoyorquino. La ONU impulsa un tratado para frenar el contrabando de armamento
Madrid, El País
El tráfico internacional de armas se parece mucho a un perverso y capilar sistema circulatorio que lleva a regímenes paria, guerrillas, grupos terroristas y bandas criminales de cualquier rincón del planeta la sangre que necesitan para subsistir: armamento y municiones.
Hasta que, en marzo de 2008, agentes estadounidenses camuflados de milicianos de las FARC le tendieran una trampa en un hotel de Bangkok, Viktor Bout fue considerado una arteria de ese sistema. Sus operaciones le granjearon en el año 2000 el apodo de Mercader de la muerte, acuñado por el entonces secretario de Estado para África del Reino Unido, Peter Hain. Un tribunal estadounidense lo ha condenado este jueves a una pena de 25 años de prisión. Su caso es un terrible recordatorio del coste en vidas que tiene el tráfico de armas y del escaso esfuerzo ejercido hasta ahora por los Estados de medio mundo para frenarlo.
El ciudadano ruso Viktor Anatolievich Bout, que tiene hoy 45 años, empezó sus andanzas internacionales de gran calibre a mediados de los noventa. “En esa época, irrumpió en el mercado africano”, cuenta en conversación telefónica Kathi Lynn Austin, que trabajaba entonces para la ONU en el grupo de expertos sobre Ruanda y República Democrática de Congo y que ha seguido la pista de Bout durante años. “Bout era muy competitivo, porque tenía acceso a los descuidados arsenales de la antigua URSS; a cantidades de aviones que yacían inutilizados; y a pilotos que buscaban desesperadamente trabajo. Lo tenía todo, y muy barato”, dice Austin, que ahora dirige el Conflict Awareness Project, y que ha seguido todo el proceso de Bout, celebrado en Nueva York después de la extradición del preso de Tailandia a Estados Unidos.
Pistolas de destrucción masiva
Nada es comparable con el potencial destructor de una bomba atómica; pero, cada año, cientos de miles de personas mueren por violencia perpetrada con armas pequeñas, como pistolas, fusiles, metralletas, ametralladoras, lanzagranadas, etc…
La Small Arms Survey, una organización con sede en Ginebra, calcula que en los últimos años la media anual mundial de fallecidos por violencia armada —en conflictos o por crímenes comunes— ha sido superior a las 700.000 personas. En su mayoría, cayeron por fuego de armas pequeñas. En el mundo, circulan unos 870 millones de armas de este tipo, producidas por más de 1.000 empresas establecidas en más de 100 países. Para despertar la atención de la opinión pública, algunos sostienen que estas son verdaderas armas de destrucción masiva.
El sector de las armas pequeñas —cuyas transacciones en el mercado oficial rondan los 7.000 millones de dólares anuales— es naturalmente el terreno privilegiado para los traficantes, por el tamaño de los productos y sus posibilidades de uso. No existen proyecciones fiables sobre cuánto puede valer el mercado negro en ese sector.
Las 100 primeras empresas del sector de la venta legal de armamento facturaron unos 400.000 millones de dólares en 2010, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. A menudo, armas vendidas a Gobiernos extranjeros han sido posteriormente empleadas para perpetrar terribles crímenes de guerra. Ello no debe llevar a descuidar los efectos nefastos que también el mercado negro de pequeñas armas puede tener.
“Pero África no era la única zona en la que operaba”, prosigue Austin. “Por aquel entonces, por ejemplo, también actuaba en Afganistán. Gracias a sus buenas conexiones en Rusia, podía garantizar suministros de amplias cantidades de municiones, Kaláshnikov, minas, bombas, lanzagranadas, sistemas antiaéreos portátiles, piezas de sustitución para aviones y helicópteros”.
Bout —exoficial del Ejército soviético y talentoso políglota— constituyó una red de sociedades que, desde varias bases, llegaron a utilizar a la vez decenas de aviones. Parte de las actividades eran legales. Informes de la ONU y autoridades de varios países creen que a estas se sumaron entregas ilegales de armas que alimentaron conflictos sangrientos en muchos países. Bout —buscado por Interpol desde 2002— sigue rechazando las acusaciones. Admite haber transportado armas, pero niega haber cometido crímenes y se declara víctima de un proceso farsa. Desde su captura, Moscú ha apoyado a Bout, que sin duda tiene altos contactos en Rusia. Sus operaciones, sin embargo, no parecían responder a un patrón político. “No tiene ideología. Su actividad era puro negocio”, sostiene Alex Vines, analista del think tank Chatham House que trabajó para Naciones Unidas en África. Bout no solo llegó a armar a ambos bandos de un mismo conflicto, sino a trabajar para el Pentágono en transportar abastecimientos a las tropas desplegadas en Irak.
El Pentágono recibió a mediados de la década pasada duras críticas por esos transportes, realizados cuando Bout ya estaba buscado por Interpol. Preguntada al respecto por congresistas, la Administración de Bush explicó que el Pentágono no había adjudicado directamente los contratos a las empresas de Bout, sino que los vuelos operados por sus aviones habían sido subcontratados, sin que el Pentágono lo supiera, según relata un libro de Douglas Farah y Stephen Braun, periodistas que investigaron el asunto.
Vines cree que, durante un tiempo, “una parte de la Administración estadounidense quería aplicar sanciones a Bout, mientras otra quería utilizarle porque las campañas en Afganistán e Irak habían llevado al límite las capacidades de transporte aéreo”. Austin considera que “una de las razones por las que Bout fue capaz de operar durante tanto tiempo es que fue útil a los gobiernos”. Según ella, esta clase de personajes sirve incluso a veces para desarrollar ciertas fases de operaciones encubiertas. En todo caso, la historia de Bout pone en evidencia la existencia de una peligrosa zona gris en la que se mueven los traficantes. La falta de una eficaz legislación internacional en la materia facilita el desvío de suministros hacia clientes ilegales.
Desde hace años, en el seno de la ONU se negocia con grandes dificultades un tratado internacional sobre el comercio de armas que podría mejorar las cosas regulando de manera global la venta, exportación y registro de esos productos. En julio, está prevista en Nueva York la reunión final del proceso para alumbrar el tratado.
“Históricamente, ha habido una resistencia al desarrollo de controles internacionales vinculantes sobre la venta de armas por varios motivos”, explica en una entrevista telefónica Sarah Parker, analista de la Small Arms Survey, una organización con sede en Ginebra. “La industria del sector es un negocio lucrativo; por otra parte, los Estados pueden estar nerviosos ante la perspectiva de perder soberanía sobre la venta de armas. También hay un grado de resistencia por parte de los Estados importadores, porque temen reglas internacionales que puedan comprimir su derecho a armarse para defenderse”.
La actitud más abierta de la Administración de Obama con respecto a la de Bush dio un impulso a las negociaciones. Aun así, los expertos consultados dudan de que se vaya a lograr en julio un tratado duro. Incluso si se lograra, sería insuficiente. “Un mejor y más uniforme control del comercio de las armas sería útil”, comenta Matt Schroeder, director del departamento de control de venta de armas de la Federación de Científicos Americanos, “pero el tráfico de armas requiere soluciones polifacéticas, que incluyan la destrucción de las armas en surplus almacenadas, un mejor control de los arsenales y de las fronteras y un más eficaz sistema de registro de usuarios”.
Madrid, El PaísEl tráfico internacional de armas se parece mucho a un perverso y capilar sistema circulatorio que lleva a regímenes paria, guerrillas, grupos terroristas y bandas criminales de cualquier rincón del planeta la sangre que necesitan para subsistir: armamento y municiones.
Hasta que, en marzo de 2008, agentes estadounidenses camuflados de milicianos de las FARC le tendieran una trampa en un hotel de Bangkok, Viktor Bout fue considerado una arteria de ese sistema. Sus operaciones le granjearon en el año 2000 el apodo de Mercader de la muerte, acuñado por el entonces secretario de Estado para África del Reino Unido, Peter Hain. Un tribunal estadounidense lo ha condenado este jueves a una pena de 25 años de prisión. Su caso es un terrible recordatorio del coste en vidas que tiene el tráfico de armas y del escaso esfuerzo ejercido hasta ahora por los Estados de medio mundo para frenarlo.
El ciudadano ruso Viktor Anatolievich Bout, que tiene hoy 45 años, empezó sus andanzas internacionales de gran calibre a mediados de los noventa. “En esa época, irrumpió en el mercado africano”, cuenta en conversación telefónica Kathi Lynn Austin, que trabajaba entonces para la ONU en el grupo de expertos sobre Ruanda y República Democrática de Congo y que ha seguido la pista de Bout durante años. “Bout era muy competitivo, porque tenía acceso a los descuidados arsenales de la antigua URSS; a cantidades de aviones que yacían inutilizados; y a pilotos que buscaban desesperadamente trabajo. Lo tenía todo, y muy barato”, dice Austin, que ahora dirige el Conflict Awareness Project, y que ha seguido todo el proceso de Bout, celebrado en Nueva York después de la extradición del preso de Tailandia a Estados Unidos.
Pistolas de destrucción masiva
Nada es comparable con el potencial destructor de una bomba atómica; pero, cada año, cientos de miles de personas mueren por violencia perpetrada con armas pequeñas, como pistolas, fusiles, metralletas, ametralladoras, lanzagranadas, etc…
La Small Arms Survey, una organización con sede en Ginebra, calcula que en los últimos años la media anual mundial de fallecidos por violencia armada —en conflictos o por crímenes comunes— ha sido superior a las 700.000 personas. En su mayoría, cayeron por fuego de armas pequeñas. En el mundo, circulan unos 870 millones de armas de este tipo, producidas por más de 1.000 empresas establecidas en más de 100 países. Para despertar la atención de la opinión pública, algunos sostienen que estas son verdaderas armas de destrucción masiva.
El sector de las armas pequeñas —cuyas transacciones en el mercado oficial rondan los 7.000 millones de dólares anuales— es naturalmente el terreno privilegiado para los traficantes, por el tamaño de los productos y sus posibilidades de uso. No existen proyecciones fiables sobre cuánto puede valer el mercado negro en ese sector.
Las 100 primeras empresas del sector de la venta legal de armamento facturaron unos 400.000 millones de dólares en 2010, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. A menudo, armas vendidas a Gobiernos extranjeros han sido posteriormente empleadas para perpetrar terribles crímenes de guerra. Ello no debe llevar a descuidar los efectos nefastos que también el mercado negro de pequeñas armas puede tener.
“Pero África no era la única zona en la que operaba”, prosigue Austin. “Por aquel entonces, por ejemplo, también actuaba en Afganistán. Gracias a sus buenas conexiones en Rusia, podía garantizar suministros de amplias cantidades de municiones, Kaláshnikov, minas, bombas, lanzagranadas, sistemas antiaéreos portátiles, piezas de sustitución para aviones y helicópteros”.
Bout —exoficial del Ejército soviético y talentoso políglota— constituyó una red de sociedades que, desde varias bases, llegaron a utilizar a la vez decenas de aviones. Parte de las actividades eran legales. Informes de la ONU y autoridades de varios países creen que a estas se sumaron entregas ilegales de armas que alimentaron conflictos sangrientos en muchos países. Bout —buscado por Interpol desde 2002— sigue rechazando las acusaciones. Admite haber transportado armas, pero niega haber cometido crímenes y se declara víctima de un proceso farsa. Desde su captura, Moscú ha apoyado a Bout, que sin duda tiene altos contactos en Rusia. Sus operaciones, sin embargo, no parecían responder a un patrón político. “No tiene ideología. Su actividad era puro negocio”, sostiene Alex Vines, analista del think tank Chatham House que trabajó para Naciones Unidas en África. Bout no solo llegó a armar a ambos bandos de un mismo conflicto, sino a trabajar para el Pentágono en transportar abastecimientos a las tropas desplegadas en Irak.
El Pentágono recibió a mediados de la década pasada duras críticas por esos transportes, realizados cuando Bout ya estaba buscado por Interpol. Preguntada al respecto por congresistas, la Administración de Bush explicó que el Pentágono no había adjudicado directamente los contratos a las empresas de Bout, sino que los vuelos operados por sus aviones habían sido subcontratados, sin que el Pentágono lo supiera, según relata un libro de Douglas Farah y Stephen Braun, periodistas que investigaron el asunto.
Vines cree que, durante un tiempo, “una parte de la Administración estadounidense quería aplicar sanciones a Bout, mientras otra quería utilizarle porque las campañas en Afganistán e Irak habían llevado al límite las capacidades de transporte aéreo”. Austin considera que “una de las razones por las que Bout fue capaz de operar durante tanto tiempo es que fue útil a los gobiernos”. Según ella, esta clase de personajes sirve incluso a veces para desarrollar ciertas fases de operaciones encubiertas. En todo caso, la historia de Bout pone en evidencia la existencia de una peligrosa zona gris en la que se mueven los traficantes. La falta de una eficaz legislación internacional en la materia facilita el desvío de suministros hacia clientes ilegales.
Desde hace años, en el seno de la ONU se negocia con grandes dificultades un tratado internacional sobre el comercio de armas que podría mejorar las cosas regulando de manera global la venta, exportación y registro de esos productos. En julio, está prevista en Nueva York la reunión final del proceso para alumbrar el tratado.
“Históricamente, ha habido una resistencia al desarrollo de controles internacionales vinculantes sobre la venta de armas por varios motivos”, explica en una entrevista telefónica Sarah Parker, analista de la Small Arms Survey, una organización con sede en Ginebra. “La industria del sector es un negocio lucrativo; por otra parte, los Estados pueden estar nerviosos ante la perspectiva de perder soberanía sobre la venta de armas. También hay un grado de resistencia por parte de los Estados importadores, porque temen reglas internacionales que puedan comprimir su derecho a armarse para defenderse”.
La actitud más abierta de la Administración de Obama con respecto a la de Bush dio un impulso a las negociaciones. Aun así, los expertos consultados dudan de que se vaya a lograr en julio un tratado duro. Incluso si se lograra, sería insuficiente. “Un mejor y más uniforme control del comercio de las armas sería útil”, comenta Matt Schroeder, director del departamento de control de venta de armas de la Federación de Científicos Americanos, “pero el tráfico de armas requiere soluciones polifacéticas, que incluyan la destrucción de las armas en surplus almacenadas, un mejor control de los arsenales y de las fronteras y un más eficaz sistema de registro de usuarios”.
