Economista advierte que gobiernos progresistas alientan el extractivismo

La Paz, ERBOL
El extractivismo está chocando contra límites democráticos, sociales, culturales y ambientales en varios países sudamericanos, entre ellos Bolivia, lo que desencadena una protesta ciudadana creciente, advirtió el economista uruguayo Eduardo Gudynas.
“No cabe duda de que los gobiernos progresistas sudamericanos han generado cambios sustanciales. Detuvieron la ola neoliberal, recuperaron el Estado y se han mantenido en un marco democrático. Han permitido recobrar protagonismo político a sectores marginados, mejoraron las condiciones de vida de millones de personas y buscan encauzar una integración regional. Pero también es cierto el enorme protagonismo del extractivismo y las medidas de compensación monetaria”, explicó Gudynas

Entre sus principales conclusiones destaca:

Que “en este marco, se pueden señalar algunas tensiones. En primer lugar, el énfasis otorgado a las transferencias monetarias como un sinónimo de justicia social (que) reduce el amplio y diverso campo de la justicia a una dimensión (justicia económica redistributiva)”, destacó.

Argumentó que “en segundo lugar, muchos debates pasan a centrarse únicamente en reclamos alrededor de las compensaciones económicas (centrado en su valor, quiénes serán los beneficiarios y los intermediarios). A su vez, se intenta adjudicar un valor económico a casi todo y esa mercantilización corre el riesgo de asemejarse a la mirada neoliberal”.

Tercero, “los gobiernos progresistas edifican barreras de contención para evitar imponer nuevas regulaciones al capital que pudieran limitar su crecimiento económico y con ello sus capacidades de lograr equilibrios por compensación. (Entonces), por ejemplo, se evitan los mecanismos de consulta y participación ciudadana independiente, en tanto los políticos de izquierda muchas veces sostienen que ya conocen lo que el ‘pueblo’ desea”, argumentó Gudynas.

Finalmente, el economista, “en cuarto lugar, - refiere que - existen situaciones en las que el Estado no acepta demandas que se expresan en dimensiones no económicas, tales como los valores culturales, religiosos o ecológicos de un sitio. Si las reconociera, debería aplicar restricciones que volverían inviables muchos emprendimientos extractivistas”.

Agregó que los gobiernos “no responden a los argumentos sociales, económicos y ambientales de los indígenas de las zonas tropicales, sino que los rechaza en tanto ponen en cuestión los planes de desarrollo extractivista de la zona”.

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