Lukashenko niega el indulto a dos condenados a pena de muerte
Bielorrusia es el único país de Europa que castiga con la pena capital. Los reos están condenados por el atentado en el metro de Minsk
Moscú, El País
Pese a los ruegos y las alegaciones de irregularidades en la investigación, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se ha negado esta semana a indultar a los dos jóvenes condenados a muerte por la supuesta autoría del atentado terrorista que causó 15 muertos y cerca de 200 heridos el 11 de abril de 2011 en una estación de metro de Minsk. Los condenados, Dmitri Konoválov y Vladislav Kovalev, pueden ser ejecutados en cualquier momento o, incluso, ya pueden haber sufrido la pena capital. Las organizaciones de derechos humanos habían pedido que se repitiera la investigación del caso.
Según la sentencia, dictada a fines de noviembre por el Tribunal Supremo de Minsk, Konoválov fue considerado responsable además de los atentados de 2005 en Vitebsk y de julio de 2008 en Minsk, respectivamente. El tribunal consideró culpable a Kovaliov por conocer la preparación del atentado de abril en Minsk y no haberlo denunciado.
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Al menos 11 muertos y 100 heridos en una explosión en el metro de Minsk
Bielorrusia es el único país europeo que aplica la pena de muerte. En la actualidad, las organizaciones occidentales tienen posibilidades limitadas de influir sobre el autoritario Lukashenko, que está en el poder desde 1994 y goza del respaldo ruso. A diferencia de Rusia, que es miembro del Consejo de Europa y tiene una moratoria sobre la pena de muerte, Minsk ni siquiera es miembro del Consejo de Europa y las relaciones del régimen con la Unión Europea están en plena crisis después de que los embajadores comunitarios abandonaran temporalmente el país como protesta por la expulsión de la representante de la UE y el embajador polaco. Estas expulsiones, a su vez, eran la respuesta de Lukashenko a la ampliación de la lista de cerca de doscientos funcionarios bielorrusos que son considerados personas non gratas en la EU. El Parlamento Europeo aprobó esta semana una resolución en la que exige a Lukashenko indultar a los condenados y liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los candidatos en las elecciones presidenciales de 2010 que todavía siguen en prisión.
En los últimos 17 años, en Bielorrusia se han impuesto cerca de 100 penas de muerte y solo en un caso Lukashenko concedió el indulto, según la emisora Kommersant FM, que citaba al corresponsal de la Radio Europea de Bielorrusia. Liobov Kovaleva, la madre de uno de los condenados, se ha dirigido a la ONU y alega que la decisión definitiva se ha tomado cuando todavía no se habían agotado todos los recursos de apelación. En 2007, preguntado por este periódico sobre la pena de muerte, Lukashenko se remitía a un referéndum de 1996 en el cual un 80,44% de la población se manifestó en contra de abolir la pena capital. Aunque habían pasado once años desde entonces, el líder bielorruso consideró que aún era “pronto” para abolir la pena de muerte y argumentó que el número de condenas había disminuido. “Si antes eran unas 50 o 30, y en época soviética los condenados seguramente eran aún más, ahora son casos aislados, menos de una decena, y apenas tenemos, porque además introdujimos la cadena perpetua”. “Solo [se impone la pena de muerte] si el crimen está del todo probado y el criminal, orgulloso de él”, sentenciaba.
Moscú, El País
Pese a los ruegos y las alegaciones de irregularidades en la investigación, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se ha negado esta semana a indultar a los dos jóvenes condenados a muerte por la supuesta autoría del atentado terrorista que causó 15 muertos y cerca de 200 heridos el 11 de abril de 2011 en una estación de metro de Minsk. Los condenados, Dmitri Konoválov y Vladislav Kovalev, pueden ser ejecutados en cualquier momento o, incluso, ya pueden haber sufrido la pena capital. Las organizaciones de derechos humanos habían pedido que se repitiera la investigación del caso.
Según la sentencia, dictada a fines de noviembre por el Tribunal Supremo de Minsk, Konoválov fue considerado responsable además de los atentados de 2005 en Vitebsk y de julio de 2008 en Minsk, respectivamente. El tribunal consideró culpable a Kovaliov por conocer la preparación del atentado de abril en Minsk y no haberlo denunciado.
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Al menos 11 muertos y 100 heridos en una explosión en el metro de Minsk
Bielorrusia es el único país europeo que aplica la pena de muerte. En la actualidad, las organizaciones occidentales tienen posibilidades limitadas de influir sobre el autoritario Lukashenko, que está en el poder desde 1994 y goza del respaldo ruso. A diferencia de Rusia, que es miembro del Consejo de Europa y tiene una moratoria sobre la pena de muerte, Minsk ni siquiera es miembro del Consejo de Europa y las relaciones del régimen con la Unión Europea están en plena crisis después de que los embajadores comunitarios abandonaran temporalmente el país como protesta por la expulsión de la representante de la UE y el embajador polaco. Estas expulsiones, a su vez, eran la respuesta de Lukashenko a la ampliación de la lista de cerca de doscientos funcionarios bielorrusos que son considerados personas non gratas en la EU. El Parlamento Europeo aprobó esta semana una resolución en la que exige a Lukashenko indultar a los condenados y liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los candidatos en las elecciones presidenciales de 2010 que todavía siguen en prisión.
En los últimos 17 años, en Bielorrusia se han impuesto cerca de 100 penas de muerte y solo en un caso Lukashenko concedió el indulto, según la emisora Kommersant FM, que citaba al corresponsal de la Radio Europea de Bielorrusia. Liobov Kovaleva, la madre de uno de los condenados, se ha dirigido a la ONU y alega que la decisión definitiva se ha tomado cuando todavía no se habían agotado todos los recursos de apelación. En 2007, preguntado por este periódico sobre la pena de muerte, Lukashenko se remitía a un referéndum de 1996 en el cual un 80,44% de la población se manifestó en contra de abolir la pena capital. Aunque habían pasado once años desde entonces, el líder bielorruso consideró que aún era “pronto” para abolir la pena de muerte y argumentó que el número de condenas había disminuido. “Si antes eran unas 50 o 30, y en época soviética los condenados seguramente eran aún más, ahora son casos aislados, menos de una decena, y apenas tenemos, porque además introdujimos la cadena perpetua”. “Solo [se impone la pena de muerte] si el crimen está del todo probado y el criminal, orgulloso de él”, sentenciaba.