Las prácticas de tortura de detenidos siguen vigentes en Afganistán
Madrid, EPUn informe conjunto de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Afganistán (AIHRC) y de la Open Society Foundations ha indicado que las prácticas de tortura siguen vigentes en el país y que algunos presos en instalaciones de la Dirección Nacional de Seguridad (NDS) --los servicios de Inteligencia afganos-- y la Policía Nacional Afgana (ANP) han sido sometidos a tortura y malos tratos.
"Este informe eleva nuevas e importantes áreas de preocupación, incluyendo instalaciones sobre las que antes no había documentación en las que se realizan torturas y se abusa de detenidos transferidos por las fuerzas internacionales", recoge el sumario del informe.
El informe está basado en los estudios realizados por la AIHRC, tal y como establece la Constitución del país, y en entrevistas con más de un centenar de detenidos por su relación con el conflicto entre febrero de 2011 y enero de 2012, en las que ha participado la Open Society Foundations.
Los investigadores han encontrado "pruebas creíbles" de torturas en nueve instalaciones de la NDS y en múltiples centros de la ANP, entre las que se incluyen palizas, suspensión del techo, descargas eléctricas, abusos sexuales o amenaza de abuso sexual, y otras formas de abuso mental o físico con el objetivo de obtener confesiones y otra información. Cuatro de las instalaciones de la NDS referidas en el informe ya estuvieron incluidas en el informe de torturas de Naciones Unidas.
"Varios métodos de tortura desmentidos por el NDS, como el uso de 'electroshocks', abusos sexuales y amenazas en este sentido, fueron confirmados por las entrevistas. Las investigaciones también descubrieron violaciones masivas y deliberadas de los derechos fundamentales de los detenidos, como el debido proceso legal, el derecho a un abogado o la notificación a la familia", apunta el texto.
Los investigadores también estudiaron la transferencia de detenidos por parte de las fuerzas internacionales al Ejecutivo afgano. En base a un informe presentado en octubre por Naciones Unidas, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) suspendió la transferencia de detenidos a las instalaciones en las que se sospecha que se llevan a cabo estas prácticas y propuso un ambicioso sistema de monitorización.
"Los esfuerzos de la ISAF y el resto de países que contribuyen con fuerzas son bienvenidos y podrían tener un impacto positivo, pero hay preocupaciones en este informe que sugieren que el sistema de monitorización establecido tras la transferencia de los detenidos no es lo suficientemente afectivo para cumplir con las obligaciones que los países de la ISAF tienen bajo el Derecho Internacional", critica el documento.
En este sentido, destaca que el principal agujero en la monitorización de derechos es la falta de cumplimiento de esta función por parte de tropas estadounidenses que están fuera de la cadena de mando de la ISAF. "Pese al gran número de detenidos transferidos por las fuerzas estadounidenses, particularmente por las Fuerzas Combinadas para Operaciones Especiales del Comando en Afganistán (CFSOCC-A), que no están sujetas al programa de la ISAF, Estados Unidos todavía ha de adoptar un mecanismo de monitorización de los detenidos transferidos a custodia afgana", agrega.
En este sentido, los investigadores han encontrado pueblas plausibles que muestran que algunos detenidos transferidos por Estados Unidos a Afganistán han sido sujetos a torturas, por lo que han subrayado la necesidad de establecer un mecanismo de control.
Por otra parte, el informe reconoce los esfuerzos del Ejecutivo afgano para cumplir con sus obligaciones y poner fin a la tortura de detenidos, marco en el que destaca el establecimiento de una unidad de Derechos Humanos dentro de la NDS para investigar las acusaciones de abusos. Sin embargo, ha recalcado que Islamabad "ha fracasado a la hora de juzgar y hacer que los responsables de estos abusos rindan cuentas por sus actos".
RECOMENDACIONES
Por tanto, el informe recomienda al Gobierno de Afganistán que investigue y obligue a rendir cuentas a todos aquellos responsables de actos de tortura, incluidos los altos cargos. Para ello, ha solicitado que se despida de sus puestos a los responsables en lugar de reubicarlos en otro cargo.
Otras recomendaciones contemplan la garantía de entrada de la AIHRC a todas las instalaciones utilizadas por las fuerzas de seguridad, tal y como estipula la Constitución del país, así como dar la autoridad y los recursos necesarios a la Unidad de Derechos Humanos de la NDS para investigar las acusaciones.
Además, ha pedido que se ponga fin a la detención en incomunicación de los presos y que se notifique a los familiares inmediatamente o tan pronto como sea posible acerca de la detención. En este sentido, ha subrayado que se ha de informar al arrestado de los motivos de su arresto en un margen de 24 horas y que se le ha de facilitar un abogado en menos de 72 horas.
Respecto a la ISAF, ha recomendado que adopte medidas para proteger a los detenidos de los abusos tras la transferencia de los mismos a las autoridades afganos y ha reclamado acceso sin trabas a la AIHRC. Asimismo, ha urgido a la ISAF que no transfiera a ningún detenido a instalaciones sospechosas de poner en práctica métodos de tortura.
Por otra parte, ha recomendado a Estados Unidos que apoye a la NDS y al Gobierno afgano para que asegure que todos los detenidos quedan libres de estas prácticas y que trabaje con la NDS para identificar las deficiencias de recursos y que entregue la asistencia técnica y financiera apropiada para garantizar el buen trato de los presos.
Por último, ha recomendado a Washington que asegure que todas sus tropas, incluyendo las Fuerzas de Operaciones Especiales y el personal de Inteligencia, cumplen con las políticas de transferencia de detenidos y con el Derecho Internacional.
