La ONU denuncia a "funcionarios" de México por desapariciones

GINEBRA, AFP
Funcionarios de México participaron en desapariciones de personas durante la guerra contra el narcotráfico en ese país, según un informe presentado el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. "El Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos", dice el informe, redactado por tres expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas, que visitó México en marzo de 2011.

"La participación del Estado en las desapariciones también está presente en el país", recalca, sumadas a las llevadas a cabo por "grupos del crimen organizado", en total 346 en 2010 y alrededor de 3.000 a partir de 2006, calcula la ONU.
Puntualiza también que hubo "detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles quienes habrían sido llevados a instalaciones militares", y menciona casos sucedidos en los estados de Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
"Personal militar habría interrogado a personas detenidas", a veces "utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", añade.
El informe apunta como responsables a "elementos del ejército y otras fuerzas de seguridad" y agrega que hubo desapariciones "por cortos periodos de tiempo", lo que se suele llamar "levantones".
Los expertos critican que "las alegaciones de violaciones de derechos humanos ... cometidas por elementos castrenses" estén "sujetas" a la "jurisdicción militar". La ONU preconiza que deben ser abordadas "por autoridades civiles".
La delegación de México, que no negó los hechos imputados, señaló que con posterioridad a la visita del Grupo de Trabajo, concretamente el 13 de julio de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió restringir el fuero de los tribunales militares, que "no deberán juzgar delitos relacionados con violaciones de derechos humanos contra civiles".
La ONU asegura que "mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas" constituirían sectores particularmente vulnerables a ser objeto de desapariciones.
Los casos de desapariciones contra mujeres no se localizarían solamente en Ciudad Juárez, sino también "en otras regiones", pese a que la "información pública disponible", es "escasa", asegura la ONU.
La ONU recomienda "considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública", un "derecho" y un "deber" del Estado, cuyas "acciones correspondientes", desde luego, no pueden efectuarse "a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitiendo la práctica de las desapariciones forzadas".
La ONU insta a México a "regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos".
"México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas", y "un gran número de autoridades se negaría a registrar casos de desapariciones dentro del período de 72 horas después de que ocurrió la desaparición", un tiempo "fundamental para obtener información" sobre el desaparecido "y evitar su asesinato", expresa la ONU.
Sus expertos enfatizaron la necesidad de eliminar de la legislación "la detención mediante arraigo", una medida que habilita la detención de personas "en casas de seguridad" por un periodo de hasta 80 días, "sin cargos y con un contacto muy limitado con abogados y familiares, siendo "su paradero frecuentemente desconocido".
La ONU resume que "las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos y las fuerzas armadas" y que "la impunidad es un patrón crónico" en México, un país que no realizaría "los esfuerzos suficientes" para "sancionar" a los autores.