El Salvador tantea un inédito plan de paz con las maras
Las bandas ofrecen al gobierno un pacto para frenar la violencia que azota al país
San Salvador, El País
La situación que actualmente vive El Salvador es inédita, y hasta cierto punto, también increíble. Las pandillas violentas, mejor conocidas como maras, parecen haber llegado a un acuerdo entre ellas para detener el derramamiento de sangre y parecen dispuestas a negociar con el Gobierno una salida para poner fin a una violencia que ha puesto al país en la cumbre de la tasa de homicidios por habitantes de todo el mundo. De confirmarse el acuerdo entre las maras y la negociación con el Gobierno del presidente Funes, sería el primer proceso de paz en marcha entre un gobierno democrático y una pandilla criminal en América Latina.
A finales de febrero, se cernía sobre el país una grave confrontación entre las fuerzas policiales y militares y las maras. En público y en privado, los más altos funcionarios de la seguridad declaraban: ¡Vamos con todo! ¡La represión contra las maras! Antes de estas declaraciones el presidente Mauricio Funes había nombrado a los generales de división David Munguía Payés y Francisco Salinas en los cargos de ministro de Justicia y Seguridad y director General de la Policía Nacional Civil (PNC), respectivamente. La oposición política y social interpretó tales designaciones como el retorno de la mano dura, es decir, la imposición de la represión sobre el modelo de prevención de la violencia. Funes ya venía desde los primeros días de mandato con la idea de ilegalizar la sola pertenencia a una mara.
“Somos conscientes que hemos ocasionado un profundo daño social, pero por el bien del país, de nuestras familias y de nosotros mismos, pedimos que se nos permita contribuir en la pacificación de El Salvador, que no sólo es de ustedes, sino nuestro también", dicen en una carta los llamados Voceros Nacionales de la Mara Salvatrucha MSX3 y Pandilla 18.
Esta misiva la dieron a conocer los mareros el pasado 19 de marzo con la finalidad de negar la existencia de un pacto entre sus organizaciones y el Gobierno de Funes, de que informó el periódico digital El Faro tras una investigación propia. En el artículo se afirmaba que había un pacto y que consistía en que los líderes de las pandillas serían trasladados del presidio de máxima seguridad, ubicado en la ciudad de Zacatecoluca y conocido como Zacatraz —abreviatura de dicha ciudad y de Alcatraz—, hacia penales con regímenes más flexibles de seguridad, todo a cambio de que frenaran los homicidios.
En la misiva los líderes de la MSX3 y de la Pandilla 18, criticaron al director de El Faro, Carlos Dada, por la publicación del artículo, pero en declaraciones otorgadas a El Diario de Hoy, “garantizaron” que no han amenazado a Dada ni a ningún otro periodista local.
Los generales Munguía Payés y Francisco Salinas, que son los únicos autorizados por el Gobierno para hablar del tema, han negado cualquier negociación de paz con los “grupos criminales”, pero han reconocido la autorización para el traslado de los líderes mareros y de otros presidiarios que estaban en Zacatraz, así como también que los jefes criminales han aceptado rebajar a más de la mitad el índices de homicidios a partir del 9 de febrero pasado.
Ver para creer. El Salvador desde hace más de una década registra una media de entre 12 y 14 homicidios diarios. Desde el pasado 9 de febrero, los homicidios llegan a unos 6 ó 5 diarios. El último fin de semana se registraron 11 (entre sábado y domingo), cuando lo usual eran entre 30 y 40.
Aunque el Gobierno de Funes mantiene la negativa sobre la supuesta negociación con las maras, se acumulan las señales que sugieren que el Ejecutivo ya no solo da palos, sino también zanahorias a las maras. Aparte de los traslados, se ha autorizado a los periodistas de los principales medios a entrevistar en las cárceles a los líderes de las maras y la celebración de misas en los penales de Cojutepeque, donde están ahora recluidos los cabecillas de la Pandilla 18; y en el penal de Ciudad Barrios, donde permanecen recluidos los de la Mara Salvatrucha.
Los encargados de oficiar la misa el lunes pasado fueron nuncio apostólico, Luigi Pezzuto, y monseñor Fabio Colindres, capellán del Ejército. Pezzuto, muy emocionado, dijo ese día que los pandilleros “quieren la paz y ser colaboradores y artesanos de la paz”, retomando las palabras que Juan Pablo II dedicó a los firmantes de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992)—. Por su parte, Colindres, quien se proclama como el mediador entre las dos pandillas rivales y ha dicho creer en su “conversión”, proclama que “se ha emprendido un camino histórico que no puede dar pasos hacia atrás”. En las misas, los presuntos jefes nacionales de las bandas, Dionisio Umanzor (alias El Sirra), y Carlos Mujica (alias El Viejo Lin), reconocieron la labor de la Iglesia Católica en el proceso de “pacificación”. También pidieron perdón por el daño ocasionado a la sociedad.
San Salvador, El País
La situación que actualmente vive El Salvador es inédita, y hasta cierto punto, también increíble. Las pandillas violentas, mejor conocidas como maras, parecen haber llegado a un acuerdo entre ellas para detener el derramamiento de sangre y parecen dispuestas a negociar con el Gobierno una salida para poner fin a una violencia que ha puesto al país en la cumbre de la tasa de homicidios por habitantes de todo el mundo. De confirmarse el acuerdo entre las maras y la negociación con el Gobierno del presidente Funes, sería el primer proceso de paz en marcha entre un gobierno democrático y una pandilla criminal en América Latina.
A finales de febrero, se cernía sobre el país una grave confrontación entre las fuerzas policiales y militares y las maras. En público y en privado, los más altos funcionarios de la seguridad declaraban: ¡Vamos con todo! ¡La represión contra las maras! Antes de estas declaraciones el presidente Mauricio Funes había nombrado a los generales de división David Munguía Payés y Francisco Salinas en los cargos de ministro de Justicia y Seguridad y director General de la Policía Nacional Civil (PNC), respectivamente. La oposición política y social interpretó tales designaciones como el retorno de la mano dura, es decir, la imposición de la represión sobre el modelo de prevención de la violencia. Funes ya venía desde los primeros días de mandato con la idea de ilegalizar la sola pertenencia a una mara.
“Somos conscientes que hemos ocasionado un profundo daño social, pero por el bien del país, de nuestras familias y de nosotros mismos, pedimos que se nos permita contribuir en la pacificación de El Salvador, que no sólo es de ustedes, sino nuestro también", dicen en una carta los llamados Voceros Nacionales de la Mara Salvatrucha MSX3 y Pandilla 18.
Esta misiva la dieron a conocer los mareros el pasado 19 de marzo con la finalidad de negar la existencia de un pacto entre sus organizaciones y el Gobierno de Funes, de que informó el periódico digital El Faro tras una investigación propia. En el artículo se afirmaba que había un pacto y que consistía en que los líderes de las pandillas serían trasladados del presidio de máxima seguridad, ubicado en la ciudad de Zacatecoluca y conocido como Zacatraz —abreviatura de dicha ciudad y de Alcatraz—, hacia penales con regímenes más flexibles de seguridad, todo a cambio de que frenaran los homicidios.
En la misiva los líderes de la MSX3 y de la Pandilla 18, criticaron al director de El Faro, Carlos Dada, por la publicación del artículo, pero en declaraciones otorgadas a El Diario de Hoy, “garantizaron” que no han amenazado a Dada ni a ningún otro periodista local.
Los generales Munguía Payés y Francisco Salinas, que son los únicos autorizados por el Gobierno para hablar del tema, han negado cualquier negociación de paz con los “grupos criminales”, pero han reconocido la autorización para el traslado de los líderes mareros y de otros presidiarios que estaban en Zacatraz, así como también que los jefes criminales han aceptado rebajar a más de la mitad el índices de homicidios a partir del 9 de febrero pasado.
Ver para creer. El Salvador desde hace más de una década registra una media de entre 12 y 14 homicidios diarios. Desde el pasado 9 de febrero, los homicidios llegan a unos 6 ó 5 diarios. El último fin de semana se registraron 11 (entre sábado y domingo), cuando lo usual eran entre 30 y 40.
Aunque el Gobierno de Funes mantiene la negativa sobre la supuesta negociación con las maras, se acumulan las señales que sugieren que el Ejecutivo ya no solo da palos, sino también zanahorias a las maras. Aparte de los traslados, se ha autorizado a los periodistas de los principales medios a entrevistar en las cárceles a los líderes de las maras y la celebración de misas en los penales de Cojutepeque, donde están ahora recluidos los cabecillas de la Pandilla 18; y en el penal de Ciudad Barrios, donde permanecen recluidos los de la Mara Salvatrucha.
Los encargados de oficiar la misa el lunes pasado fueron nuncio apostólico, Luigi Pezzuto, y monseñor Fabio Colindres, capellán del Ejército. Pezzuto, muy emocionado, dijo ese día que los pandilleros “quieren la paz y ser colaboradores y artesanos de la paz”, retomando las palabras que Juan Pablo II dedicó a los firmantes de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992)—. Por su parte, Colindres, quien se proclama como el mediador entre las dos pandillas rivales y ha dicho creer en su “conversión”, proclama que “se ha emprendido un camino histórico que no puede dar pasos hacia atrás”. En las misas, los presuntos jefes nacionales de las bandas, Dionisio Umanzor (alias El Sirra), y Carlos Mujica (alias El Viejo Lin), reconocieron la labor de la Iglesia Católica en el proceso de “pacificación”. También pidieron perdón por el daño ocasionado a la sociedad.
