El Gobierno peruano condena los actos violentos de "mineros ilegales"
Lima, EPEl Gobierno peruano ha rechazado los "actos de violencia" protagonizados por los "mineros ilegales" en el departamento de Madre de Dios (sur) y ha anunciado la apertura de una investigación "inmediata" sobre la muerte de tres personas en los "hechos violentos en los que los mineros ilegales han hecho uso de armas de fuego, explosivos y otros materiales".
Al menos tres personas murieron y 32 resultaron heridas ayer miércoles tras un enfrentamiento con la Policía durante una protesta de mineros ilegales en Perú. Los mineros del departamento de Madre de Dios, fronterizo con Bolivia y Brasil, demandan desde hace varios días al Gobierno que anule los recientes decretos que prohíben la actividad informal en el sector, que según expertos está contaminando una zona amazónica de grandes recursos forestales.
"El Gobierno del Perú rechaza los actos de violencia protagonizados por los mineros ilegales en Madre de Dios e invoca a las autoridades de la región y a la población en general a que apoyen la labor de las Fuerzas Policiales para el restablecimiento del orden y la tranquilidad en esa jurisdicción", declaró el Gobierno, citado esta pasada noche por la agencia de noticias estatal ANDINA.
Asimismo, el Ejecutivo de Ollanta Humala "exhorta a los mineros ilegales a concluir con estos actos violentos de protesta que ya han provocado la muerte de tres personas, y han dejado heridos a treinta y ocho civiles y diecisiete policías, hechos que el Gobierno lamenta profundamente".
"Se ha dispuesto la investigación inmediata de la muerte de los ciudadanos Carlos Lanci Yumbato (46 años), Julio Ticona Medina (31) y Francisco Areque Jipa (35) producida durante los hechos violentos en los que los mineros ilegales han hecho uso de armas de fuego, explosivos y otros materiales", prosiguió.
"Sesenta personas, algunas de ellas requisitoriadas, han sido detenidas por generar desmanes en la ciudad, bloquear la Carretera Interoceánica, atentar contra las instituciones estatales y privadas, el centro de abastos local e intentar tomar el aeropuerto", precisó el Gobierno. "Todas ellas han sido puestas a disposición de la justicia para las investigaciones de ley", agregó.
