El Gobierno boliviano rechaza instituir la pena de muerte para asesinos
La Paz, EFE
El Gobierno boliviano rechazó hoy instituir la pena de muerte para asesinos y violadores, en respuesta a una oleada de protestas populares que la exigen, la última de campesinos del altiplano andino que este lunes la reiteraron por el incremento de homicidios, los más recientes de dos periodistas hermanos.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó en rueda de prensa en La Paz su preocupación por esas peticiones que, según dijo, muestran "sentimientos de impotencia, 'vendetta' y desesperación" ante la violencia con que actúan los delincuentes, pero rechazó aplicar la pena máxima.
"No es la ley del Talión, el 'ojo por ojo', (lo) que va a resolver este tema; no es que debemos responder a la violencia con violencia vecinal; tenemos que responderla con las instituciones y las normas que organizan a un Estado", señaló el ministro.
Romero reconoció que "es un momento crítico" y que la seguridad ciudadana "es una tarea pendiente", pero pidió a la población no recurrir a "acciones que igualmente configuran delitos", en alusión a lo que en Bolivia se llama "justicia indígena" o "comunitaria", que lleva a casi cotidianos linchamientos de supuestos delincuentes.
Centenares de campesinos e indígenas andinos llegaron hoy hasta las puertas del Ministerio de Justicia, en La Paz, para exigir la pena de muerte para los asesinos y violadores, como lo hicieron el viernes los vecinos de la ciudad aledaña de El Alto.
Vecinos de El Alto quemaron vivo el fin de semana a un hombre acusado de robar en una casa y hubo otros tres intentos de linchamiento de supuestos ladrones, en todos los casos sin proceso legal alguno y en nombre de la "justicia comunitaria" que el presidente Evo Morales consagró en la Constitución de 2009.
Las peticiones de pena máxima crecieron tras el estrangulamiento de los periodistas Verónica Peñasco, de 36 años, y su hermano Víctor Hugo, de 32, muertos hace dos semanas cuando iban a su trabajo en El Alto, ciudad de casi un millón de habitantes y una de las más pobres e inseguras de Bolivia.
La policía sospecha que los hermanos Peñasco fueron asesinados por una banda de asaltantes llamados en Bolivia "cogoteros", que usan falsos vehículos de transporte público.
En febrero fue detenida en El Alto parte de una banda acusada de haber estrangulado así a 69 personas entre 2011 y principios de 2012, fingiendo ser taxistas o pasajeros.
El cardenal católico Julio Terrazas también ha rechazado las peticiones populares de pena máxima, arguyendo que "la muerte no soluciona a la muerte".
El Gobierno boliviano rechazó hoy instituir la pena de muerte para asesinos y violadores, en respuesta a una oleada de protestas populares que la exigen, la última de campesinos del altiplano andino que este lunes la reiteraron por el incremento de homicidios, los más recientes de dos periodistas hermanos.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó en rueda de prensa en La Paz su preocupación por esas peticiones que, según dijo, muestran "sentimientos de impotencia, 'vendetta' y desesperación" ante la violencia con que actúan los delincuentes, pero rechazó aplicar la pena máxima.
"No es la ley del Talión, el 'ojo por ojo', (lo) que va a resolver este tema; no es que debemos responder a la violencia con violencia vecinal; tenemos que responderla con las instituciones y las normas que organizan a un Estado", señaló el ministro.
Romero reconoció que "es un momento crítico" y que la seguridad ciudadana "es una tarea pendiente", pero pidió a la población no recurrir a "acciones que igualmente configuran delitos", en alusión a lo que en Bolivia se llama "justicia indígena" o "comunitaria", que lleva a casi cotidianos linchamientos de supuestos delincuentes.
Centenares de campesinos e indígenas andinos llegaron hoy hasta las puertas del Ministerio de Justicia, en La Paz, para exigir la pena de muerte para los asesinos y violadores, como lo hicieron el viernes los vecinos de la ciudad aledaña de El Alto.
Vecinos de El Alto quemaron vivo el fin de semana a un hombre acusado de robar en una casa y hubo otros tres intentos de linchamiento de supuestos ladrones, en todos los casos sin proceso legal alguno y en nombre de la "justicia comunitaria" que el presidente Evo Morales consagró en la Constitución de 2009.
Las peticiones de pena máxima crecieron tras el estrangulamiento de los periodistas Verónica Peñasco, de 36 años, y su hermano Víctor Hugo, de 32, muertos hace dos semanas cuando iban a su trabajo en El Alto, ciudad de casi un millón de habitantes y una de las más pobres e inseguras de Bolivia.
La policía sospecha que los hermanos Peñasco fueron asesinados por una banda de asaltantes llamados en Bolivia "cogoteros", que usan falsos vehículos de transporte público.
En febrero fue detenida en El Alto parte de una banda acusada de haber estrangulado así a 69 personas entre 2011 y principios de 2012, fingiendo ser taxistas o pasajeros.
El cardenal católico Julio Terrazas también ha rechazado las peticiones populares de pena máxima, arguyendo que "la muerte no soluciona a la muerte".