Diputados brasileños ponen en jaque desarrollo del Mundial 2014 por legislación de bosques

Brasilia, AFP
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta una rebelión de su coalición de gobierno que pone en juego su relación con el Legislativo y dos grandes proyectos de ley en manos del Congreso: el del Mundial-2014 exigido por la FIFA y la reforma de la ley forestal.
Rousseff fue derrotada el miércoles en la Cámara de Diputados, cuando buena parte de sus aliados se sumaron a la oposición y a la bancada ruralista y se negaron a votar el proyecto de la ley general de la Copa del Mundo, un requisito de la FIFA para la celebración del torneo en Brasil en 2014.

Para dar luz verde al proyecto de ley de la Copa, los legisladores ponen como condición que el gobierno acceda a votar antes la reforma del Código Forestal, una ley que define la protección de las grandes selvas tropicales y pone límites a la producción agropecuaria, y que el poderoso sector del agro está empeñado en modificar para aumentar sus tierras cultivadas.

"Partidos y diputados han decidido obstruir todas las votaciones hasta que no se defina la votación del Código Forestal", explicó a la AFP el jefe de la poderosa bancada ruralista, el diputado conservador Rubens Moreira Mendes.

La derrota de Rousseff pone en evidencia tensiones que arrastra la coalición de gobierno, integrada por una decena de partidos que le exigen más atención, cargos de poder y representación y que la presidenta necesita, ya que su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) sólo cuenta con 85 de los 513 diputados de la Cámara baja.

"El gobierno va a tener que revisar su posición" y prestar más atención al Legislativo, dijo a la AFP el diputado Paulo Piau, relator del Código Forestal y miembro del Partido del Movimiento Democrático (PMDB, centro), el mayor de la coalición de gobierno, que también se rebeló.

El presidente de la Cámara de Diputados, Marco Maia, defendió los reclamos de los partidos aliados, al justificar este jueves la derrota del gobierno en el Congreso. "Todos los partidos que apoyaron la elección de la presidenta (en 2010) tienen legitimidad para querer ocupar espacio en el gobierno", dijo.

"A veces los legisladores toman decisiones que contrarían al gobierno (...) Ahora el gobierno tiene que negociar, encontrar el camino", dijo el ministro de Deportes, Aldo Rebelo.

El ministro estimó que la votación tendrá lugar en marzo o abril y afirmó que este atraso "no comprometerá el calendario" para la celebración de la Copa.

Rousseff enfrenta un "escenario de guerrilla legislativa", evaluó por su lado la consultora política CAC.

"No se trata de una crisis que demolerá las estructuras del gobierno"; seguramente gobierno y Congreso encontrarán una solución para quebrar la parálisis legislativa, dijo a la AFP Carlos Lopes, del Instituto Analise. Pero "es un problema que no será resuelto de forma definitiva" y esas diferencias volverán a surgir, estimó.

Las causas de la crisis son "el tamaño gigantesco de la coalición, y el estilo de gestión: a Dilma Rousseff no le gusta hacer política con el Parlamento, prefiere hablar con los técnicos para resolver problemas, y los congresistas están acostumbrados a participar en cargos públicos y liberación de recursos" para sus estados, añadió Lopes.

A pocos meses de acoger la mayor cumbre mundial del desarrollo sustentable, Rio+20, que se celebrará en Rio de Janeiro en junio, el gobierno ha indicado que no votará la reforma del Código Forestal si ésta implica un retroceso muy grande para el medio ambiente y la selva tropical, en favor de la agricultura.

Pero por otro lado, el gobierno está empeñado en resolver la votación del proyecto de ley de la Copa, que provocó recientemente una crisis con la FIFA después de que su secretario general, Jerome Valcke, dijera que Brasil necesitaba "una patada en el culo" para acelerar los preparativos.

El punto más polémico de la ley de la Copa es la legalización de la venta de alcohol en los estadios, exigencia de la FIFA que tiene como auspiciante a una cervecera.

El proyecto de ley también limita a 300.000 las entradas que pueden ser vendidas a precio reducido para estudiantes y mayores de 60 años, y fija garantías y responsabilidades legales para Brasil y para la FIFA.