Demandan a los magistrados del Tribunal Constitucional
La Paz, Página 7Los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) enfrentarán la primera demanda legal por incumplimiento de deberes y negativa de acceso a la justicia, después de que este órgano colegiado devolvió a los litigantes más de 300 casos para que solamente se actualice el nombre del nuevo tribunal.
El abogado Víctor Miranda, uno de los afectados, presentó ayer una demanda ante la Asamblea Legislativa Plurinacional porque considera que los miembros del tribunal no cumplen con la Constitución Política del Estado (CPE).
“He presentado una demanda en contra de la sala plena del Tribunal Constitucional por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley, negativa y acceso a la justicia”, declaró ayer el profesional.
En el mes de junio de 2011, Miranda presentó un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional y dijo que quedó sorprendido el 9 de febrero de este año con la devolución del expediente acompañado de una nota en la que le señalan que el anterior tribunal se extinguió y que hoy funciona el Tribunal Constitucional “Plurinacional”.
La anterior semana el pleno del organismo de control constitucional, mediante una resolución, determinó la devolución de más de 300 casos a los litigantes, que presentaron recursos de inconstitucionalidad o consultas de control constitucional, entre otros recursos legales.
La decisión de los magistrados sólo tendría el objetivo de cambiar el nombre de la institución en las carátulas, porque en su explicación desde el mes de enero el anterior Tribunal Constitucional fue sustituido; por lo tanto, se debiera añadir “Plurinacional”.
Miranda lamentó que después de esperar por lo menos ocho meses para una sentencia constitucional, ahora tenga que volver a presentar el mismo expediente sólo cambiando el nombre de la institución, lo que en su criterio profesional es una “terrible retardación de justicia”.
“Es una negativa de acceso a la justicia. El Tribunal Constitucional es la máxima instancia y si uno no llega allá y le niegan, a ¿dónde más recurrimos? Esto es retardación de justicia”.
Sobre este tema, Gualberto Cusi, magistrado del TCP , criticó la decisión que por mayoría democrática y “no legal” asumieran sus colegas, al decidir la devolución de los expedientes.
“Para mí es otra retardación de justicia, pero aquí el tribunal es como el Parlamento, la mayoría impone su gusto; entonces, no hay un manejo de criterio constitucional”, declaró la pasada semana a Página Siete.
