7.700 años de cárcel para cinco exparamilitares en Guatemala
Los procesados mataron a 256 campesinos indígenas en 1982
Ciudad de Guatemala, EL País
Un tribunal penal de Guatemala ha condenado este martes a un total de 7.710 años de cárcel a cinco exparamilitares por la matanza, en 1982, de 256 campesinos indígenas en una comunidad rural del norte del país. La sentencia se conoce apenas una semana después de que un exoficial del Ejército fuera condenado a más de 6.000 años de prisión por otra masacre de 200 indígenas cometida aquel mismo año durante el régimen del general Ríos Montt.
Los procesados son los expatrulleros civiles Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj, y Santos Rosales, además del excomisionado militar Lucas Tecú. Los cinco fueron detenidos en agosto pasado por su participación en la matanza de Plan de Sánchez, perpetrada el 18 de julio de 1982 y que costó la vida al menos a 256 indígenas de la etnia achí, en su mayoría mujeres y niños.
Grave, los hermanos Acoj y Rosales formaban parte de las Patrullas de Autodefensa Civil, un grupo paramilitar que fue armado por el Ejército para ayudarle a combatir a los grupos insurgentes de izquierda durante la guerra civil que padeció el país entre 1960 y 1996.
La juez Jazmín Barrios, titular del Tribunal de Mayor Riesgo A, ha dicho al leer el fallo que durante el juicio “quedó demostrada con los testimonios y las pruebas documentales la responsabilidad de los procesados por los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad”, como tipifica la justicia guatemalteca el delito de lesa humanidad. El fallo establece una pena de 30 años de prisión por cada una de las 256 víctimas, más 30 años por lesa humanidad. Los condenados solo deberán purgar un máximo de 50 años de prisión, la pena máxima establecida por la legislación guatemalteca.
Durante el juicio, que se inició el pasado miércoles, el fiscal Orlando López aseguró que los cinco acusados ayudaron, guiaron y dieron información al Ejército sobre la ubicación de la aldea y también participaron en la comisión de la matanza.
La masacre del Plan de Sánchez es una de las más de 600 ocurridas durante la guerra civil, documentadas por una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en abril de 2004 al Estado de Guatemala por este caso y le ordenó investigar y perseguir penalmente a los responsables.
Hace una semana, la justicia guatemalteca condenó a 6.060 años de prisión al exmilitar Pedro Pimentel por su participación en otra masacre, la perpetrada también en 1982 en la comunidad rural de Las Dos Erres, en el departamento norteño del Petén, en la que murieron 201 campesinos. La matanza tuvo lugar durante el régimen del general golpista José Efraín Ríos Montt, que tiene abierto un proceso judicial por genocidio y está desde enero en arresto domiciliario.
Ciudad de Guatemala, EL PaísUn tribunal penal de Guatemala ha condenado este martes a un total de 7.710 años de cárcel a cinco exparamilitares por la matanza, en 1982, de 256 campesinos indígenas en una comunidad rural del norte del país. La sentencia se conoce apenas una semana después de que un exoficial del Ejército fuera condenado a más de 6.000 años de prisión por otra masacre de 200 indígenas cometida aquel mismo año durante el régimen del general Ríos Montt.
Los procesados son los expatrulleros civiles Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj, y Santos Rosales, además del excomisionado militar Lucas Tecú. Los cinco fueron detenidos en agosto pasado por su participación en la matanza de Plan de Sánchez, perpetrada el 18 de julio de 1982 y que costó la vida al menos a 256 indígenas de la etnia achí, en su mayoría mujeres y niños.
Grave, los hermanos Acoj y Rosales formaban parte de las Patrullas de Autodefensa Civil, un grupo paramilitar que fue armado por el Ejército para ayudarle a combatir a los grupos insurgentes de izquierda durante la guerra civil que padeció el país entre 1960 y 1996.
La juez Jazmín Barrios, titular del Tribunal de Mayor Riesgo A, ha dicho al leer el fallo que durante el juicio “quedó demostrada con los testimonios y las pruebas documentales la responsabilidad de los procesados por los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad”, como tipifica la justicia guatemalteca el delito de lesa humanidad. El fallo establece una pena de 30 años de prisión por cada una de las 256 víctimas, más 30 años por lesa humanidad. Los condenados solo deberán purgar un máximo de 50 años de prisión, la pena máxima establecida por la legislación guatemalteca.
Durante el juicio, que se inició el pasado miércoles, el fiscal Orlando López aseguró que los cinco acusados ayudaron, guiaron y dieron información al Ejército sobre la ubicación de la aldea y también participaron en la comisión de la matanza.
La masacre del Plan de Sánchez es una de las más de 600 ocurridas durante la guerra civil, documentadas por una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en abril de 2004 al Estado de Guatemala por este caso y le ordenó investigar y perseguir penalmente a los responsables.
Hace una semana, la justicia guatemalteca condenó a 6.060 años de prisión al exmilitar Pedro Pimentel por su participación en otra masacre, la perpetrada también en 1982 en la comunidad rural de Las Dos Erres, en el departamento norteño del Petén, en la que murieron 201 campesinos. La matanza tuvo lugar durante el régimen del general golpista José Efraín Ríos Montt, que tiene abierto un proceso judicial por genocidio y está desde enero en arresto domiciliario.
