Treinta presos huyeron durante la reyerta de la cárcel mexicana de Apodaca
México, EP
El gobernador del estado mexicano de Nuevo León, Rodrigo Medina, ha confirmado este lunes la huída de 30 presos tras la reyerta registrada en la cárcel de Apodaca, en la que murieron 44 personas, y ha admitido posibles complicidades por parte de responsables de seguridad.
El Gobierno de Nuevo León, situado en el noreste de México, ya había apuntado que esta pelea entre miembros de Los Zetas y del Cártel del Golfo pudo ser una "distracción" para facilitar una fuga. El gobernador, citado por 'Milenio', ha confirmado esta sospecha y ha asegurado que los reos fallecidos pertenecían al Cártel del Golfo y los huidos son miembros del de Los Zetas.
Medina ha instado a la procuraduría a intensificar la búsqueda de los 30 presos que se encuentran en paradero desconocido. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos (unos 600.000 euros) a cambio de información que permita su captura.
Las autoridades sospechan que algunos funcionarios colaboraron con los presos para permitir la fuga, lo que ha llevado al gobernador a apartar de sus cargos a varios responsables de la seguridad penitenciaria.
El gobernador del estado mexicano de Nuevo León, Rodrigo Medina, ha confirmado este lunes la huída de 30 presos tras la reyerta registrada en la cárcel de Apodaca, en la que murieron 44 personas, y ha admitido posibles complicidades por parte de responsables de seguridad.
El Gobierno de Nuevo León, situado en el noreste de México, ya había apuntado que esta pelea entre miembros de Los Zetas y del Cártel del Golfo pudo ser una "distracción" para facilitar una fuga. El gobernador, citado por 'Milenio', ha confirmado esta sospecha y ha asegurado que los reos fallecidos pertenecían al Cártel del Golfo y los huidos son miembros del de Los Zetas.
Medina ha instado a la procuraduría a intensificar la búsqueda de los 30 presos que se encuentran en paradero desconocido. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos (unos 600.000 euros) a cambio de información que permita su captura.
Las autoridades sospechan que algunos funcionarios colaboraron con los presos para permitir la fuga, lo que ha llevado al gobernador a apartar de sus cargos a varios responsables de la seguridad penitenciaria.