Sin reconciliación aparente entre la presidenta y el camionero
Fernández y el líder del mayor sindicato argentino profundizan su enfrentamiento
Buenos Aires, El País
El divorcio entre dos peronistas, la presidenta de Argentina, la abogaba Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), el camionero Hugo Moyano, carece de visos de reconciliación, aunque nunca está dicha la última palabra. Moyano pretende una rebaja del impuesto sobre la renta (IRPF) y aumentos de nómina del 25% en 2012 para todos los trabajadores, frente al 18% que anhela el Gobierno para moderar las expectativas de una inflación que llegó al 22% en 2011. “Los que piensen diferente lo que tienen que hacer es participar en un partido político, postularse para presidente y si te votan, podés hacer lo que quieras en materia salarial y de impuestos”, disparó el pasado miércoles Fernández, en una clara alusión a Moyano, que a cinco días del inicio del segundo Gobierno de la viuda de Néstor Kirchner, en diciembre pasado, anunció su renuncia a la vicepresidencia del Partido Justicialista (PJ, que lidera la presidenta). En lugar de rebajas impositivas y elevadas alzas salariales a funcionarios y maestros, Fernández ha subido pensiones y recortado subvenciones, en lo que dio en llamar “sintonía fina” de su nueva gestión. “Eso de sintonía fina suena a lo que proponía [el Gobierno del peronista neoliberal Carlos] Menem [1989-1999]. Me hace acordar a la flexibilización laboral”, atacó el jueves Moyano, que en los noventa se marchó de la CGT por su oposición al entonces presidente de Argentina.
Moyano había sido uno de los sostenes de los Gobiernos de los Kirchner. En 2003, el entonces presidente Kirchner lo impulsó como jefe de la CGT. Frente a sindicalistas domados por Menem en los 90, Moyano era el más rebelde y con capacidad de bloquear los caminos del país. A partir del desguace del sistema ferroviario en los noventa, Argentina moviliza el 90% de las mercancías por camión. Y de los 200.000 bien remunerados camioneros de este país, el 80% se ha afiliado al sindicato. El líder sindical, de 68 años, tiene a dos hijos metidos en el ruedo: Pablo maneja a los camioneros y el diputado Facundo, a los empleados de autopistas con peaje, como las que gestiona la española Abertis. Cada año Kirchner y el líder sindical negociaban el aumento salarial para los camioneros, que después servía como guía para el resto de las discusiones sectoriales. Siempre pactaban incrementos por encima de la inflación. Para que las empresas de transporte pudieran digerir esas alzas, el Estado las subvencionaba. Fernández se encargó la semana pasada de echarle en cara a Moyano que las subidas salariales de su sindicato habían sido posibles gracias al "dinero de todos los argentinos". La jefa de Estado sufrió el año pasado el déficit fiscal más alto de la era Kirchner, aunque sigue siendo bajo respecto al resto de Latinoamérica (menos del 1% del PIB), y por eso ha dispuesto en los últimos meses recortes de subvenciones a barrios ricos y empresas para su consumo de energía y agua, así como al metro, el pollo, la harina de trigo y el gasóleo y los peajes de camiones y autocares.
Antes de los comicios que Fernández ganó en octubre pasado con el 54% de los votos, Moyano venía acumulando quejas contra ella porque pretendía más diputados de origen sindical, el aumento de la prestación por hijo a cargo, la rebaja del IRPF, una ley que obligue a repartir beneficios de las empresas entre los empleados y el envío de fondos de la Seguridad Social a las mutuas sindicales para financiar tratamientos médicos de alta complejidad. Ante la falta de respuesta a esas quejas, sumadas a las elevadas pretensiones de aumento de nómina para 2012, el jefe de la CGT rompió relaciones con la presidenta argentina. Pero fue ella, con su indiferencia, la que decidió el quiebre de esa alianza después de ocho años. El lunes de la semana pasada se produjo la primera huelga de Moyano contra el Gobierno, aunque duró solo medio día y se circunscribió a 10 plantas del correo estatal.
“El Gobierno ya tiene decidido dejarlo afuera de la jefatura de la CGT”, opina Óscar Lescano, sindicalista del sector eléctrico y uno de los más acérrimos opositores a Moyano, cuyo mandato al frente de la central sindical finaliza en julio próximo. “Perdemos todos los laburantes [trabajadores] por culpa de él. Él lleva seis meses en conflicto y va a haber seis meses más. ¿Qué va a pasar con sus reclamaciones? El Gobierno no le da bolilla porque él priorizó el tema político. Se metió en el partido. Él pensó que era socio del Gobierno, pero era un aliado. El Gobierno quiere en su lugar a [Antonio] Caló o a otro”, afimra Lescano refiriéndose al jefe de los metalúrgicos, que en las últimas semanas se ha sacado fotos con varios ministros de Fernández. Muchos sindicatos fuertes nunca soportaron el liderazgo vertical del camionero. Lescano pronostica que al final Moyano se quedará sin la jefatura y con el respaldo de pocos, como los funcionarios judiciales, los repartidores de periódicos y los trabajadores del dragado de ríos: “Él va a seguir peleando, como en los noventa, desde afuera de la CGT. No se va a calmar, se va a poner en contra del Gobierno”.
Juan Carlos Schmidt, del sindicato de dragados, observa que el jefe de la CGT también cuenta con apoyo de trabajadores de la aeronáutica y la industria. “Nosotros éramos fervientes adherentes de cuando la presidenta llamaba a profundizar el modelo [económico]“, recuerda Schmidt. “No queremos a la CGT como un núcleo de conspiración. Vamos a respetar al Gobierno, pero las reivindicaciones están en la naturaleza de una central obrera”, promete el aliado de Moyano. De todos modos, Schmidt no pierde la esperanza de que vuelva el diálogo con Fernández: “El Gobierno se ha reunido con Techint [principal grupo empresarial de Argentina], con la Iglesia y con la Mesa de Enlace [colectivo agrario] después de haberse peleado con ellos. Si se juntó con todos esos bicharracos, no veo la razón por la que no ha a haber diálogo con la CGT”.
Buenos Aires, El País
El divorcio entre dos peronistas, la presidenta de Argentina, la abogaba Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), el camionero Hugo Moyano, carece de visos de reconciliación, aunque nunca está dicha la última palabra. Moyano pretende una rebaja del impuesto sobre la renta (IRPF) y aumentos de nómina del 25% en 2012 para todos los trabajadores, frente al 18% que anhela el Gobierno para moderar las expectativas de una inflación que llegó al 22% en 2011. “Los que piensen diferente lo que tienen que hacer es participar en un partido político, postularse para presidente y si te votan, podés hacer lo que quieras en materia salarial y de impuestos”, disparó el pasado miércoles Fernández, en una clara alusión a Moyano, que a cinco días del inicio del segundo Gobierno de la viuda de Néstor Kirchner, en diciembre pasado, anunció su renuncia a la vicepresidencia del Partido Justicialista (PJ, que lidera la presidenta). En lugar de rebajas impositivas y elevadas alzas salariales a funcionarios y maestros, Fernández ha subido pensiones y recortado subvenciones, en lo que dio en llamar “sintonía fina” de su nueva gestión. “Eso de sintonía fina suena a lo que proponía [el Gobierno del peronista neoliberal Carlos] Menem [1989-1999]. Me hace acordar a la flexibilización laboral”, atacó el jueves Moyano, que en los noventa se marchó de la CGT por su oposición al entonces presidente de Argentina.
Moyano había sido uno de los sostenes de los Gobiernos de los Kirchner. En 2003, el entonces presidente Kirchner lo impulsó como jefe de la CGT. Frente a sindicalistas domados por Menem en los 90, Moyano era el más rebelde y con capacidad de bloquear los caminos del país. A partir del desguace del sistema ferroviario en los noventa, Argentina moviliza el 90% de las mercancías por camión. Y de los 200.000 bien remunerados camioneros de este país, el 80% se ha afiliado al sindicato. El líder sindical, de 68 años, tiene a dos hijos metidos en el ruedo: Pablo maneja a los camioneros y el diputado Facundo, a los empleados de autopistas con peaje, como las que gestiona la española Abertis. Cada año Kirchner y el líder sindical negociaban el aumento salarial para los camioneros, que después servía como guía para el resto de las discusiones sectoriales. Siempre pactaban incrementos por encima de la inflación. Para que las empresas de transporte pudieran digerir esas alzas, el Estado las subvencionaba. Fernández se encargó la semana pasada de echarle en cara a Moyano que las subidas salariales de su sindicato habían sido posibles gracias al "dinero de todos los argentinos". La jefa de Estado sufrió el año pasado el déficit fiscal más alto de la era Kirchner, aunque sigue siendo bajo respecto al resto de Latinoamérica (menos del 1% del PIB), y por eso ha dispuesto en los últimos meses recortes de subvenciones a barrios ricos y empresas para su consumo de energía y agua, así como al metro, el pollo, la harina de trigo y el gasóleo y los peajes de camiones y autocares.
Antes de los comicios que Fernández ganó en octubre pasado con el 54% de los votos, Moyano venía acumulando quejas contra ella porque pretendía más diputados de origen sindical, el aumento de la prestación por hijo a cargo, la rebaja del IRPF, una ley que obligue a repartir beneficios de las empresas entre los empleados y el envío de fondos de la Seguridad Social a las mutuas sindicales para financiar tratamientos médicos de alta complejidad. Ante la falta de respuesta a esas quejas, sumadas a las elevadas pretensiones de aumento de nómina para 2012, el jefe de la CGT rompió relaciones con la presidenta argentina. Pero fue ella, con su indiferencia, la que decidió el quiebre de esa alianza después de ocho años. El lunes de la semana pasada se produjo la primera huelga de Moyano contra el Gobierno, aunque duró solo medio día y se circunscribió a 10 plantas del correo estatal.
“El Gobierno ya tiene decidido dejarlo afuera de la jefatura de la CGT”, opina Óscar Lescano, sindicalista del sector eléctrico y uno de los más acérrimos opositores a Moyano, cuyo mandato al frente de la central sindical finaliza en julio próximo. “Perdemos todos los laburantes [trabajadores] por culpa de él. Él lleva seis meses en conflicto y va a haber seis meses más. ¿Qué va a pasar con sus reclamaciones? El Gobierno no le da bolilla porque él priorizó el tema político. Se metió en el partido. Él pensó que era socio del Gobierno, pero era un aliado. El Gobierno quiere en su lugar a [Antonio] Caló o a otro”, afimra Lescano refiriéndose al jefe de los metalúrgicos, que en las últimas semanas se ha sacado fotos con varios ministros de Fernández. Muchos sindicatos fuertes nunca soportaron el liderazgo vertical del camionero. Lescano pronostica que al final Moyano se quedará sin la jefatura y con el respaldo de pocos, como los funcionarios judiciales, los repartidores de periódicos y los trabajadores del dragado de ríos: “Él va a seguir peleando, como en los noventa, desde afuera de la CGT. No se va a calmar, se va a poner en contra del Gobierno”.
Juan Carlos Schmidt, del sindicato de dragados, observa que el jefe de la CGT también cuenta con apoyo de trabajadores de la aeronáutica y la industria. “Nosotros éramos fervientes adherentes de cuando la presidenta llamaba a profundizar el modelo [económico]“, recuerda Schmidt. “No queremos a la CGT como un núcleo de conspiración. Vamos a respetar al Gobierno, pero las reivindicaciones están en la naturaleza de una central obrera”, promete el aliado de Moyano. De todos modos, Schmidt no pierde la esperanza de que vuelva el diálogo con Fernández: “El Gobierno se ha reunido con Techint [principal grupo empresarial de Argentina], con la Iglesia y con la Mesa de Enlace [colectivo agrario] después de haberse peleado con ellos. Si se juntó con todos esos bicharracos, no veo la razón por la que no ha a haber diálogo con la CGT”.