Siguen detenciones de funcionarios por masacre y fuga en cárcel mexicana

MONTERREY, AFP
La cifra de funcionarios de prisiones detenidos por la masacre y la fuga de decenas de reos el domingo en un penal del norte de México continuó aumentando y, según la fiscalía, ya suman 29, incluidos el director y el jefe de seguridad de la cárcel. El número aún no es definitivo y otros custodios podrían ser arrestados, ya que "la indagatoria aún no concluye", señaló el procurador estatal de Nuevo León, Adrián de la Garza, al presentar ante la prensa a los detenidos, entre quienes destacan el director de la prisión, Gerónimo Martínez, el subdirector, Juan Hernández, y el jefe de seguridad, Óscar Deveze.

De la Garza explicó que, de los 29 detenidos, algunos ya reconocieron su participación directa como colaboradores para la fuga.
El caso del penal de Apodaca, en la zona metropolitana de Monterrey, capital de Nuevo León y tercera ciudad del país, ha dejado al descubierto la grave situación de las cárceles mexicanas, donde más de 75 presos han muerto en riñas, intentos de fugas y motines en lo que va de año.
En Apodaca, según la versión de las autoridades, un grupo de 30 integrantes del cártel de Los Zetas se fugó y sus compañeros presos, con la complicidad de los custodios del presidio, arremetieron contra un patio ocupado por sus rivales del cártel del Golfo y dieron muerte a 44 con piedras y objetos corto-punzantes para distraer la atención de las autoridades.
Mientras la situación seguía tensa en Monterrey, en el otro extremo del país se registraba otra riña con participación de miembros de Los Zetas en una cárcel en Cancún (este), el famoso balneario turístico del Caribe mexicano.
Los Zetas se enfrentaron allí a Los Pelones, una pandilla que se cree vinculada al cártel de Sinaloa. La riña fue controlada rápidamente y solo dejó lesionados leves, según el gobierno del estado de Quintana Roo, donde se ubica Cancún.
Los penales en México, sobre todo los del norte, son uno de los escenarios de las disputas territoriales que mantienen las organizaciones criminales.
Este miércoles la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que abrirá un expediente sobre el caso de Apodaca debido a "la magnitud de lo sucedido".
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó desde Washington a las autoridades mexicanas a "adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los reclusos".
Las revelaciones ha puesto en evidencia que la cárcel de Apodaca, con una población cercana a los 3.000 reos (casi el doble de su capacidad), estaba bajo control de Los Zetas.
Tres jefes de este grupo, considerados peligrosos, fueron trasladados la madrugada del miércoles al centro federal de máxima seguridad "Puente Grande", ubicado en Jalisco (oeste).
Aparte de su participación en la masacre del domingo, se estima que estos tres jefes de Los Zetas también participaron en mayo 2011 en la tortura a 14 internos, a quienes encerraron en el área de siquiatría, que después incendiaron.
La gravedad de la situación obligó el martes al gobierno a anunciar que espera aumentar en casi 27.000 cupos la capacidad de las cárceles federales, en las que son recluidos los presos por delitos más graves como narcotráfico.
El aumento de cupos puede solucionar el hacinamiento (hay 230.000 presos en un sistema carcelario con capacidad para 185.000), pero no la corrupción de los funcionarios, a los que los grupos criminales suelen sobornar o intimidar para ponerlos a su servicio.
"Para nosotros, es duro confirmar que la traición, la corrupción y la complicidad de algunos, puede entorpecer el trabajo de los buenos policías, militares y marinos que día tras día arriesgan" sus vidas, comentó el lunes el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.