El video-soborno y el caso Rósza

Alberto Zuazo
A menos que la justicia actúe con la probidad que le corresponde, se estaría por producir uno de los hechos más singulares que se conozcan en materia judicial. Hasta donde avanzaron las diligencias en el Ministerio Público y en la justicia ordinaria, podría ocurrir que un presunto sobornador quede libre de culpa y el que aparentemente recibió el soborno sea sentenciado a cumplir una pena corporal.
Se trata del video en el que un ex funcionario del Ministerio de Gobierno -actualmente parece estar de vuelta como tal- entrega un soborno de más de 30 mil dólares a un sujeto de malos antecedentes en el plano legal, para que huya del país, bajo custodia oficial.

Cadena A difundió en enero del año pasado dicho video, en el que, en el interior de un vehículo, Carlos Núñez del Prado aparece entregando a Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo, un monto de dólares. Reiteradamente, aquél le indicó que eran 32.000, para que abandone el país. Así lo hizo, pero unos meses después reapareció y fue descubierto por periodistas en Santa Cruz.
Villa Vargas se negó a ser entrevistado y escapó en el vehículo que conducía. Los periodistas lo persiguieron hasta interceptarlo. En el diálogo que lograron tener con él, éste sostuvo que efectivamente recibió el soborno -no quiso dar el nombre de la persona que le dio el dinero-, pero que luego le arrebataron, según dijo.
En las diligencias iniciadas por el fiscal Marcelo Sosa contra dirigentes cívicos y empresarios de Santa Cruz, por aparentes vinculaciones con el grupo encabezado por Eduardo Rósza, que habría estado involucrado en acciones terroristas y separatistas.
Villa figuraba como testigo de cargo, por haber sido chofer de Rósza, un boliviano-crota traído por alguien desde Hungría y que reclutó en ese país a otras cuatro personas.
En aquel carácter, El Viejo habría involucrado a muchas personas en planes terroristas y de rebelión armada, sobre cuya base el fiscal Sosa emitió imputaciones contra 39 cívicos y empresarios cruceños, en conclusiones que entregó a la Fiscalía del Distrito.
Antes, el 15 de abril de 2009, la policía dio fin con Rósza y dos de sus compañeros y detuvo a otros dos, en una acción armada en el hotel Las Américas, de Santa Cruz. Los aprehendidos están en la cárcel de San Pedro, en La Paz.

Extrañamente, de testigo de cargo Villa pasó a ser acusado de complicidad con los “terroristas”, por lo que se dispuso su reclusión penal en Cochabamba.
En una audiencia conclusiva realizada en Cochabamba, en la que Villa estuvo presente, llevado desde Santa Cruz, acusó a gritos al fiscal Sosa de ser el autor del proceso, del que sostuvo que era un “montaje”. Denunció, asimismo, que fue obligado a “implantar pruebas” para incriminar a personas, mediante torturas.
El caso del video-soborno está ahora a cargo del fiscal Aldo Ortiz, quien informó que el 19 de enero último Villa fue notificado con la acusación formal de haber quedado como único acusado. Añadió que hasta el 8 de febrero “no ha presentado ni ofrecido ninguna prueba de descargo” (¡!).
Respecto a Núñez del Prado y otra persona, explicó el fiscal que su situación se definiría una vez que el juez 6º de Instrucción en lo Penal se pronuncie sobre El Viejo. Por tanto, al menos de momento, aparecería como inocente. Cuando acudió a una audiencia indagatoria se acogió al silencio.

El diario El País, de España, publicó el 30 de diciembre de 2009 un cable interceptado por Wikileaks. Su texto expresa que una fuente cercana a la Embajada de EEUU en La Paz le informó que “los mercenarios (Rósza y su grupo) fueron contratados por los servicios de inteligencia bolivianos para montar una falsa trama terrorista y justificar la persecución desatada después contra los dirigentes de Santa Cruz, bastión opositor del gobierno”. Esta versión fue registrada por el quincenario “Nueva Crónica”, de La Paz, en su segunda edición de febrero de 2011. No hubo desmentido oficial alguno.