El Constitucional francés anula la ley que penaliza la negación del genocidio armenio
París, EP
El Consejo Constitucional francés ha dictaminado este martes que la nueva ley que considera ilegal negar el genocidio armenio por parte del imperio Otomano hace asi un siglo es inconstitucional, una medida que seguramente contribuirá a calmar los ánimos en la relación con Turquía.
La decisión de la más alta instancia judicial francesa invalida la ley, que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, tenía previsto ratificar a finales de este mes, antes del receso parlamentario de cara a las elecciones presidenciales de abril y mayo.
Turquía había amenazado con romper las relaciones diplomáticas con Francia por esta ley, que ha sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento galo pero que había sido contestada por algunos diputados que habían apelado al Consejo Constitucional para que éste se pronunciara al respecto.
En un comunicado, el Consejo ha indicado que la ley, que contemplaba multas de 45.000 euros, un año de prisión o ambas penas a aquellos que negaran el genocidio, va en contra de los principios de la libertad de expresión recogidos en los documentos fundadores de la República Francesa.
El Consejo Constitucional francés ha dictaminado este martes que la nueva ley que considera ilegal negar el genocidio armenio por parte del imperio Otomano hace asi un siglo es inconstitucional, una medida que seguramente contribuirá a calmar los ánimos en la relación con Turquía.
La decisión de la más alta instancia judicial francesa invalida la ley, que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, tenía previsto ratificar a finales de este mes, antes del receso parlamentario de cara a las elecciones presidenciales de abril y mayo.
Turquía había amenazado con romper las relaciones diplomáticas con Francia por esta ley, que ha sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento galo pero que había sido contestada por algunos diputados que habían apelado al Consejo Constitucional para que éste se pronunciara al respecto.
En un comunicado, el Consejo ha indicado que la ley, que contemplaba multas de 45.000 euros, un año de prisión o ambas penas a aquellos que negaran el genocidio, va en contra de los principios de la libertad de expresión recogidos en los documentos fundadores de la República Francesa.