Ríos Montt, el primer militar centroamericano procesado por genocidio

Guatemala, EFE
El exgeneral golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt, el primer exgobernante de Centroamérica en ser procesado por genocidio y crímenes de guerra, cumple hoy su primer día de arresto domiciliario en su residencia del sureste de la capital guatemalteca bajo vigilancia policial.

Desde primeras horas de este viernes, al menos un vehículo patrulla de la Policía Nacional Civil y dos agentes custodian la residencia de Ríos Montt para garantizar que el procesado cumpla con la orden de la jueza de no abandonar ese lugar.

En una decisión considerada "histórica", la jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero de Mayor Riesgo, ordenó el jueves iniciar un proceso penal contra el exjefe de Estado de facto, al considerar que existen suficientes elementos que lo incriminan en al menos once masacres cometidas por el Ejército bajo su mando.

Aunque en la última década varios militares y antiguos colaboradores suyos han sido procesados y condenados por violaciones de los derechos humanos durante la guerra interna que padeció Guatemala desde 1960 hasta 1996, será la primera vez que un exjefe de Estado se siente en el banquillo de los acusados en Guatemala.

Será también el primer exgobernante centroamericano que responda ante la Justicia por delitos de genocidio y crímenes de guerra, algo que logró evadir desde el año 2000, cuando fue elegido diputado, lo cual le concedió inmunidad judicial hasta que dejó su escaño el pasado 14 de enero.

Tras el retorno de la democracia, sobre todo a partir de la década de los años 90, varios expresidentes y exjefes militares fueron procesados y en algunos casos condenados por genocidio y violaciones de los derechos humanos en países como Chile, Argentina o Bolivia, pero nunca había ocurrido en Centroamérica.

En 1999, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó ante la Audiencia Nacional de España una querella contra varios exaltos cargos militares guatemaltecos, encabezados por Ríos Montt, a los que acusó de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.

Una década después, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, declaró "improcedente" la persecución penal española a los imputados, aunque a nivel internacional se mantienen vigentes las órdenes de captura emitidas por la justicia de España.

Ríos Montt, quien en junio cumplirá 86 años, gobernó de facto este país centroamericano entre marzo de 1982 y agosto de 1983, tras encabezar un golpe de Estado militar.

Durante ese lapso, según la Fiscalía de los Derechos Humanos, en su calidad de comandante general del Ejército "forzó e indujo" a las Fuerzas Armadas a ejecutar actos "inhumanos contra la población civil no combatiente".

"Sin las órdenes de Ríos Montt no se hubiera podido ejecutar el acto de genocidio", aseguró el fiscal Manuel Vásquez, quien dirige las acusaciones en su contra.

Aunque el tribunal concedió dos meses a Vásquez para que concluya la investigación y presente formalmente la acusación para iniciar el juicio, fuentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aseguraron hoy a Efe que "pasará mucho tiempo" antes de que Ríos Montt sea condenado o absuelto por los cargos que se le imputan.

Por lo polémico del caso, se prevé que habrá "una lluvia de recusaciones, amparos y cuanta diligencia queda, tanto de parte de la defensa como de los acusadores".

La primera acción podría provenir de Vásquez, quien hoy anunció que analiza impugnar la decisión de la jueza de concederle el arresto domiciliario, pues considera que por tratarse de delitos de lesa humanidad Ríos Montt debe estar en prisión y no en su casa.

"La decisión estuvo apegada a derecho, pero vamos a analizar si la impugnamos, para ello tenemos de plazo hasta el martes" próximo, dijo el fiscal a los periodistas.

Por su parte, Danilo Rodríguez, el abogado que encabeza el equipo de defensa de Ríos Montt, dijo que presentarán un recurso contra la jueza Flores por prevaricación, ya que ordenó procesar a su cliente en base a presunciones sin que la Fiscalía demostrase su responsabilidad.

Según Rodríguez, no se puede buscar justicia "de arriba para abajo", porque aunque Ríos Montt era el jefe de Estado cuando los hechos ocurrieron, los responsables fueron oficiales y soldados del Ejército, y no su defendido.

Flores señaló en su fallo que los "horrendos" crímenes cometidos por el Ejército pudieron haber sido evitados por Ríos Montt, quien se encontraba en la máxima posición "de la línea de mando".

El exdictador chileno Augusto Pinochet y los comandantes de las juntas militares argentinas fueron en su día procesados por genocidio por el juez español Baltasar Garzón al amparo de la justicia penal internacional.

El primero murió sin ser juzgado ni en su país ni el extranjero y los otros acumulan varias condenas de la justicia argentina y tienen aun pendientes varios juicios.

El expresidente boliviano Luis García Meza (1980-1981) cumple una condena de 30 años en un penal de máxima seguridad desde 1995 por genocidio, sedición y corrupción.

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