OEA aprueba 'mejoras' para la CIDH, pero grupos denuncian intento de erosionarla
OEA, AFP
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una serie de recomendaciones destinadas a "mejorar" el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), pero varias ONG advirtieron que la intención velada es restringir sus atribuciones, reportó AFP.
Las recomendaciones contenidas en un documento elaborado durante seis meses por un grupo de trabajo para el "fortalecimiento" del sistema interamericano —integrado por la CIDH y la Corte Interamericana—, fueron aprobadas por consenso por los 34 países activos de la OEA en una reunión en Washington.
Esta discusión se produce en momentos en que varios países, como Ecuador, Perú y Brasil, entre otros, han promovido modificaciones de la CIDH, para a su juicio afinar su campo de acción, pero que ONG afirman son reacciones a decisiones de la Comisión que los han incomodado.
Las recomendaciones, no vinculantes, se centran en promover la universalidad del sistema, ya que algunos países aún no firman instrumentos regionales de derechos humanos, aumentar los fondos de la CIDH e impulsar su solución amistosa de conflictos y su promoción de los derechos humanos.
Pero también piden restringir los criterios para otorgar medidas cautelares, modificar el informe anual en el cual la Comisión evalúa a los países de la región y eliminar la financiación externa de su relatoría de la libertad de expresión y su propio informe anual.
Se busca una CIDH "más sólida, rigurosa e universal" de la que "todos los estados podamos sentirnos orgullosos y seguros y con renovada confianza en ella", dijo María Isabel Salvador, representante de Ecuador, país que endureció su tono contra la Comisión luego de sus críticas a una condena por injuria contra tres directivos y un ex editor de opinión del diario El Universo.
Pero numerosas organizaciones de derechos humanos se han unido en criticar la iniciativa de la OEA, que a su juicio busca poner límites a la CIDH.
"Algunas de las iniciativas están marcadas por un interés en limitar la capacidad de acción de la CIDH y la efectividad de algunas de sus herramientas fundamentales", señaló a periodistas la directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic.
CEJIL y otras 59 organizaciones emitieron este martes un documento en el que dejaron sentados sus temores, y en el que advierten que "no se puede soslayar que la creación del grupo (de trabajo) se da en una coyuntura en la que diversos gobiernos democráticos han cuestionado la efectividad" del sistema.
Durante el debate, Estados Unidos, México, Panamá, Chile, Costa Rica y Canadá, subrayaron la no vinculación de las recomendaciones, pero otros países, como Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay dejaron claro que desean que este tema sea elevado a los cancilleres para que los cambios se vuelvan realidad.
"Es esencial que la comisión sea capaz de ofrecer una respuesta adecuada a esta nueva realidad por medio de actuaciones cada vez más transparentes", dijo Marcio Fagundes do Nascimento, representante de Brasil, país que retiró desde hace meses su embajador en protesta por las críticas de la CIDH a la construcción de la megarepresa Belo Monte.
"Estados Unidos cree que ninguna de estas recomendaciones debe ser implementada en una manera que debilite al sistema", contestó la embajadora de ese país, Carmen Lomellin.
La presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, quien asistió al debate de seis horas, afirmó a periodistas que la Comisión "se toma muy en serio" las recomendaciones, pero reiteró que "no son vinculantes (...) y las interpretaremos de una manera consistente con nuestros mandatos legales".
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, evaluó como positivo el documento aprobado este miércoles, porque permite hacer una evaluación de la CIDH, creada hace medio siglo.
"Estas cosas se pueden mirar de buena fe o de mala fe", aseveró Insulza, quien debe entregar en unos meses un informe del avance en la aplicación de las recomendaciones.
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una serie de recomendaciones destinadas a "mejorar" el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), pero varias ONG advirtieron que la intención velada es restringir sus atribuciones, reportó AFP.
Las recomendaciones contenidas en un documento elaborado durante seis meses por un grupo de trabajo para el "fortalecimiento" del sistema interamericano —integrado por la CIDH y la Corte Interamericana—, fueron aprobadas por consenso por los 34 países activos de la OEA en una reunión en Washington.
Esta discusión se produce en momentos en que varios países, como Ecuador, Perú y Brasil, entre otros, han promovido modificaciones de la CIDH, para a su juicio afinar su campo de acción, pero que ONG afirman son reacciones a decisiones de la Comisión que los han incomodado.
Las recomendaciones, no vinculantes, se centran en promover la universalidad del sistema, ya que algunos países aún no firman instrumentos regionales de derechos humanos, aumentar los fondos de la CIDH e impulsar su solución amistosa de conflictos y su promoción de los derechos humanos.
Pero también piden restringir los criterios para otorgar medidas cautelares, modificar el informe anual en el cual la Comisión evalúa a los países de la región y eliminar la financiación externa de su relatoría de la libertad de expresión y su propio informe anual.
Se busca una CIDH "más sólida, rigurosa e universal" de la que "todos los estados podamos sentirnos orgullosos y seguros y con renovada confianza en ella", dijo María Isabel Salvador, representante de Ecuador, país que endureció su tono contra la Comisión luego de sus críticas a una condena por injuria contra tres directivos y un ex editor de opinión del diario El Universo.
Pero numerosas organizaciones de derechos humanos se han unido en criticar la iniciativa de la OEA, que a su juicio busca poner límites a la CIDH.
"Algunas de las iniciativas están marcadas por un interés en limitar la capacidad de acción de la CIDH y la efectividad de algunas de sus herramientas fundamentales", señaló a periodistas la directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic.
CEJIL y otras 59 organizaciones emitieron este martes un documento en el que dejaron sentados sus temores, y en el que advierten que "no se puede soslayar que la creación del grupo (de trabajo) se da en una coyuntura en la que diversos gobiernos democráticos han cuestionado la efectividad" del sistema.
Durante el debate, Estados Unidos, México, Panamá, Chile, Costa Rica y Canadá, subrayaron la no vinculación de las recomendaciones, pero otros países, como Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay dejaron claro que desean que este tema sea elevado a los cancilleres para que los cambios se vuelvan realidad.
"Es esencial que la comisión sea capaz de ofrecer una respuesta adecuada a esta nueva realidad por medio de actuaciones cada vez más transparentes", dijo Marcio Fagundes do Nascimento, representante de Brasil, país que retiró desde hace meses su embajador en protesta por las críticas de la CIDH a la construcción de la megarepresa Belo Monte.
"Estados Unidos cree que ninguna de estas recomendaciones debe ser implementada en una manera que debilite al sistema", contestó la embajadora de ese país, Carmen Lomellin.
La presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, quien asistió al debate de seis horas, afirmó a periodistas que la Comisión "se toma muy en serio" las recomendaciones, pero reiteró que "no son vinculantes (...) y las interpretaremos de una manera consistente con nuestros mandatos legales".
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, evaluó como positivo el documento aprobado este miércoles, porque permite hacer una evaluación de la CIDH, creada hace medio siglo.
"Estas cosas se pueden mirar de buena fe o de mala fe", aseveró Insulza, quien debe entregar en unos meses un informe del avance en la aplicación de las recomendaciones.