España: Rajoy se escuda en que la herencia es aún peor y se reserva hasta febrero
La vicepresidenta justifica que no vaya al Congreso por “economía procesal”
Santamaría dice que el anterior Gobierno ocultó el déficit de la Seguridad Social. “Es una situación excepcional, que exige medidas excepcionales”
Madrid, El País
El Gobierno asegura que la situación es “excepcional” y que, por eso, ha tenido que tomar decisiones “excepcionales”, “más duras” y hasta “impopulares”, pero no está previsto que Mariano Rajoy acuda al Parlamento a dar explicaciones hasta el mes de febrero.
La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró en la rueda de prensa posterior a su tercer Consejo de Ministros que la situación económica es aún peor de lo que esperaban y, por eso, han tenido que tomar medidas distintas a las que prometieron en la campaña electoral, en su programa para el 20-N y en el debate de investidura de Rajoy. Pero la portavoz excluyó que el presidente del Gobierno pueda dirigirse a los ciudadanos y al resto de partidos desde el Congreso antes del mes de febrero.
Según dijo, no lo hará por “economía procesal”, porque entonces habrán pasado 40 días de su estancia en La Moncloa, cinco consejos de ministros y una reunión del consejo de Europa.
Saénz de Santamaría describió de esta forma la manera en la que Rajoy asume la presidencia del Gobierno, con un estilo que no tiene nada que ver con los anteriores, que se basa en la ausencia pública del jefe del Ejecutivo y que es coherente con sus reticencias a comparecer ante los medios de comunicación para responder preguntas. Puede aplicar ese estilo de gobernar y esconderse porque se lo permite su amplia mayoría absoluta que facilita, por ejemplo, que en la Mesa del Congreso se imponga el rodillo del PP para frenar las peticiones de comparecencia. Hasta febrero habrá que esperar. Alguna propuesta del Gobierno, como el control previo de los presupuestos autonómicos, se han conocido por declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, a un medio extranjero como Financial Times.
Desde que el pasado 21 de diciembre asumió la presidencia del Gobierno, Rajoy no ha tenido ninguna actividad pública. La única excepción fue el día 27, el acto solemne de apertura de la legislatura que presidieron los Reyes en el Congreso, y en el que solo hubo un contacto breve e informal con los periodistas. Desde ese día no se le ha oído ninguna frase sobre nada y menos para explicar a los ciudadanos la subida de impuestos, negada antes por él, o los recortes sociales. Solo se le escuchó leer la lista de sus ministros el día 22 de diciembre, pero con un gesto eludió responder a preguntas de los periodistas. Hoy acudirá a la recepción de la Pascua militar, pero el protocolo impide que haya declaraciones del presidente.
La propia vicepresidenta y portavoz sí explicó ayer el cambio de criterio de Rajoy con la subida ahora de impuestos: “Esa ya no es la realidad, la realidad es otra, más difícil y más dura, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas también más difíciles, de carácter extraordinario”. Lo que ha cambiado, según explicó, es que el Gobierno socialista anterior dejó una herencia mucho peor de lo que el PP preveía cuando se comprometió a bajar impuestos.
Esa situación se concreta en que el déficit público no fue del 6% como preveía el Gobierno de Zapatero, sino de más del 8% y, según desveló ayer, la Seguridad Social no tuvo el esperado superávit oficial del 0,4%, sino un déficit de 668 millones, el 0,06%. Según explicó, el anterior Gobierno no les dio este dato en el traspaso de poderes, aunque el secretario de Estado de esa área, Octavio Granado, sí llevaba tiempo anticipando que no habría superávit, por lo que la desviación real es menor.
En los últimos días se barajó la posibilidad de que Rajoy fuera quien defendiera en el Pleno del Congreso del día 11 la convalidación del decreto aprobado la pasada semana con las primeras medidas, pero esta posibilidad la excluyó ayer expresamente la vicepresidenta. Una comparecencia ante la prensa ni Saénz de Santamaría, ni fuentes oficiales de La Moncloa la ven muy posible. Quieren evitar que se exponga tanto como hacía Zapatero.
Rajoy sí recibirá al presidente francés, Nicolas Sarkozy, el día 16 en La Moncloa. Será su primera reunión con un mandatario internacional, pero no está claro si se mantendrá el protocolo habitual pero muy limitado de rueda de prensa posterior.
El Consejo de Ministros de ayer no tomó ninguna medida concreta, pero apuntó a dos para las próximas semanas: otro plan contra el fraude fiscal y la supresión de organismos, fundaciones y empresas públicas. En ambos casos, el objetivo del Gobierno es la lucha contra el déficit. Para ello, necesita la colaboración de las comunidades autónomas, a las que convocará este mes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pedirá en esa reunión a las comunidades que reduzcan su déficit cumpliendo el compromiso adquirido hace un año. Y que supriman 500 entidades públicas de las que solo han eliminado 69, el 14%.
En ese Consejo, Montoro debe convencer a las comunidades para que acepten el control previo de sus presupuestos por parte del Gobierno central. Santamaría no fue ayer tan precisa como De Guindos y explicó que se trata de desarrollar la reforma constitucional pactada por PP y PSOE para fijar límites legales al déficit.
Santamaría dice que el anterior Gobierno ocultó el déficit de la Seguridad Social. “Es una situación excepcional, que exige medidas excepcionales”
Madrid, El PaísEl Gobierno asegura que la situación es “excepcional” y que, por eso, ha tenido que tomar decisiones “excepcionales”, “más duras” y hasta “impopulares”, pero no está previsto que Mariano Rajoy acuda al Parlamento a dar explicaciones hasta el mes de febrero.
La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró en la rueda de prensa posterior a su tercer Consejo de Ministros que la situación económica es aún peor de lo que esperaban y, por eso, han tenido que tomar medidas distintas a las que prometieron en la campaña electoral, en su programa para el 20-N y en el debate de investidura de Rajoy. Pero la portavoz excluyó que el presidente del Gobierno pueda dirigirse a los ciudadanos y al resto de partidos desde el Congreso antes del mes de febrero.
Según dijo, no lo hará por “economía procesal”, porque entonces habrán pasado 40 días de su estancia en La Moncloa, cinco consejos de ministros y una reunión del consejo de Europa.
Saénz de Santamaría describió de esta forma la manera en la que Rajoy asume la presidencia del Gobierno, con un estilo que no tiene nada que ver con los anteriores, que se basa en la ausencia pública del jefe del Ejecutivo y que es coherente con sus reticencias a comparecer ante los medios de comunicación para responder preguntas. Puede aplicar ese estilo de gobernar y esconderse porque se lo permite su amplia mayoría absoluta que facilita, por ejemplo, que en la Mesa del Congreso se imponga el rodillo del PP para frenar las peticiones de comparecencia. Hasta febrero habrá que esperar. Alguna propuesta del Gobierno, como el control previo de los presupuestos autonómicos, se han conocido por declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, a un medio extranjero como Financial Times.
Desde que el pasado 21 de diciembre asumió la presidencia del Gobierno, Rajoy no ha tenido ninguna actividad pública. La única excepción fue el día 27, el acto solemne de apertura de la legislatura que presidieron los Reyes en el Congreso, y en el que solo hubo un contacto breve e informal con los periodistas. Desde ese día no se le ha oído ninguna frase sobre nada y menos para explicar a los ciudadanos la subida de impuestos, negada antes por él, o los recortes sociales. Solo se le escuchó leer la lista de sus ministros el día 22 de diciembre, pero con un gesto eludió responder a preguntas de los periodistas. Hoy acudirá a la recepción de la Pascua militar, pero el protocolo impide que haya declaraciones del presidente.
La propia vicepresidenta y portavoz sí explicó ayer el cambio de criterio de Rajoy con la subida ahora de impuestos: “Esa ya no es la realidad, la realidad es otra, más difícil y más dura, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas también más difíciles, de carácter extraordinario”. Lo que ha cambiado, según explicó, es que el Gobierno socialista anterior dejó una herencia mucho peor de lo que el PP preveía cuando se comprometió a bajar impuestos.
Esa situación se concreta en que el déficit público no fue del 6% como preveía el Gobierno de Zapatero, sino de más del 8% y, según desveló ayer, la Seguridad Social no tuvo el esperado superávit oficial del 0,4%, sino un déficit de 668 millones, el 0,06%. Según explicó, el anterior Gobierno no les dio este dato en el traspaso de poderes, aunque el secretario de Estado de esa área, Octavio Granado, sí llevaba tiempo anticipando que no habría superávit, por lo que la desviación real es menor.
En los últimos días se barajó la posibilidad de que Rajoy fuera quien defendiera en el Pleno del Congreso del día 11 la convalidación del decreto aprobado la pasada semana con las primeras medidas, pero esta posibilidad la excluyó ayer expresamente la vicepresidenta. Una comparecencia ante la prensa ni Saénz de Santamaría, ni fuentes oficiales de La Moncloa la ven muy posible. Quieren evitar que se exponga tanto como hacía Zapatero.
Rajoy sí recibirá al presidente francés, Nicolas Sarkozy, el día 16 en La Moncloa. Será su primera reunión con un mandatario internacional, pero no está claro si se mantendrá el protocolo habitual pero muy limitado de rueda de prensa posterior.
El Consejo de Ministros de ayer no tomó ninguna medida concreta, pero apuntó a dos para las próximas semanas: otro plan contra el fraude fiscal y la supresión de organismos, fundaciones y empresas públicas. En ambos casos, el objetivo del Gobierno es la lucha contra el déficit. Para ello, necesita la colaboración de las comunidades autónomas, a las que convocará este mes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pedirá en esa reunión a las comunidades que reduzcan su déficit cumpliendo el compromiso adquirido hace un año. Y que supriman 500 entidades públicas de las que solo han eliminado 69, el 14%.
En ese Consejo, Montoro debe convencer a las comunidades para que acepten el control previo de sus presupuestos por parte del Gobierno central. Santamaría no fue ayer tan precisa como De Guindos y explicó que se trata de desarrollar la reforma constitucional pactada por PP y PSOE para fijar límites legales al déficit.
