Ben Alí amenaza con denunciar al Gobierno por la incautación de sus bienes
Madrid, EPEl expresidente tunecino Zine el Abidine Ben Alí, que abandonó el país el 14 de enero del año pasado tras varias semanas de protestas en su contra, ha denunciado este viernes que la incautación de sus bienes y propiedades en Túnez por parte de las nuevas autoridades del país supone una violación de la Constitución y ha adelantado que pretende denunciar a las nuevas autoridades del país ante la ONU.
En un comunicado remitido al diario tunecino 'Business News', el abogado de Ben Alí, Akram Azoury, ha acusado a las autoridades tunecinas de "actuación ilegal" por la incautación de los bienes del expresidente, incluida su residencia, en virtud del decreto firmado el 14 de marzo pasado por el entonces presidente interino Fuad Mebaza.
Según ha explicado el abogado, "sólo es posible confiscar los bienes de una persona tras un veredicto que respete las normas del debido proceso y los derechos de la defensa, a falta de lo cual la confiscación sería una pena dictada por una autoridad política sin proceso".
Asimismo, ha añadido el letrado, constituiría "una violación del principio de separación de los poderes político y judicial y del principio del doble grado de jurisdicción, ya que este decreto no abre ninguna vía de recurso a las personas afectadas".
Así pues, el decreto presidencial por el que se incautaron los bienes de Ben Alí es "una medida abusiva contraria a la Constitución y a las leyes tunecinas, así como al pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos de 1966".
Por todo ello, ha concluido, "el presidente Ben Alí cuenta con presentar una denuncia contra las autoridades tunecinas ante el Comité de Derechos Humanos de Ginebra".
El Comité de Derechos Humanos, que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es un órgano independiente de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos de los estados parte. Dicho órgano puede abordar quejas entre estados y también tiene competencia para examinar quejas individuales con respecto a presuntas violaciones del Pacto por parte de sus estados miembro.
