La CIDH y el asalto a la Gobernación del Beni

Mario Ojara Agreda
El mandatario masista debería saber que el 10 de diciembre de 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que exige respeto a la autodeterminación del pueblo, respeto al voto ciudadano en las urnas y establece que toda autoridad electa debe concluir su mandato en el tiempo establecido.
La Constitución Política del Estado se adecua a esta norma jurídica que tiene vigencia universal y expresa que “El ejercicio de los derechos políticos se suspende previa sentencia ejecutoriada”. Aclaramos que el Ing. Ernesto Suárez Sattori fue elegido por el pueblo beniano y su derecho político a ejercer el cargo de Gobernador es por cinco años. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en un justo y debido proceso”.

La Constitución Política del Estado es la norma fundamental y está por encima de los artículos 144 y 145 de la Ley marco de autonomía. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la ley suprema de las naciones y toda norma jurídica interna que se opone a esta Declaración es nula de pleno derecho. Desgraciadamente, en Bolivia hoy no existe institucionalidad democrática basada en la separación e independencia de los poderes del Estado y la justicia está en manos de un dictador.

Pero la Carta Democrática Interamericana dice que “el Presidente electo que abusa del poder es un tirano” y reconoce el derecho del pueblo a la rebelión contra la tiranía. El mandatario masista quiere tener 9 gobernadores sumisos para perpetuarse en el poder y cuenta con acólitos. El MAS nunca ganará la Gobernación del Beni con el voto ciudadano en las urnas, y por ello ha tomado por asalto la Gobernación de nuestro Departamento que quiere desarrollo en paz, libertad y Democracia, para salir de la eterna pobreza.

El gobernador Suárez Sattori ejecuta un plan de desarrollo integral del Beni, concertado con sub gobernadores de las 8 provincias y los recursos son distribuidos con equidad, tomando en cuenta la población de cada provincia, la extensión territorial y el índice de pobreza de sus habitantes. Suárez Sattori es un profesional comprometido con su pueblo. Dotó de alumbrado eléctrico a San Borja para mejorar la calidad de vida de la gente beniana y por cumplir con esta obligación ha sido acusado por un fiscal, presionado, sin duda, por gente decidida a tomar por asalto la Gobernación del Beni.

El mandatario masista dio a entender que se impondrá por las buenas o por las malas, convirtiendo en legal lo ilegal y sus seguidores obedecen sus órdenes. La justicia en manos de una dictadura permite cometer hechos como el asalto a la Gobernación del Beni, con la complicidad de administradores de justicia. El Gobernador Suárez Sattori no ha cometido delitos y debe ser restituido a su cargo, mientras que el interventor de la gobernación, nombrado por la alianza de masistas y gonistas, comete el delito de usurpación de funciones y sus actos son nulos de pleno derecho.

Delito de lesa humanidad es cultivar coca excedentaria a lo largo y ancho del país para incrementar el narcotráfico. La comunidad nacional e internacional darán pleno apoyo al gobernador Suárez porque la democracia no puede ser menoscabada por ningún autoritario. El Tribunal Penal Internacional de Roma condena a cadena perpetua a los dictadores que hacen persecución política y violan los derechos humanos.

El régimen masista propicia una guerra entre bolivianos, va contra la historia. Bolivia necesita unidad nacional y democracia para avanzar en la ruta segura del desarrollo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido creada para proteger al individuo contra el abuso del poder de cualquier dictador de derecha o izquierda. El asalto a la Gobernación del Beni es un asalto a la democracia.