Argentina recuerda los diez años de la caída de De la Rúa y clama justicia
Aún sigue sin castigarse a los responsables de la muerte de 32 personas durante las protestas violentas que sacudieron el país en diciembre de 2001
Buenos Aires, El País
Tal día como hoy, hace diez años, el entonces presidente de Argentina, el radical Fernando de la Rúa, se subía a un helicóptero en la terraza de la Casa Rosada (sede presidencial) y se marchaba tras presentar su renuncia. Frente a ese edificio, en la Plaza de Mayo se libraba una batalla campal entre policías a caballo y manifestantes que pedían la dimisión del jefe de Estado que desde hace dos años venía aplicando ajustes fiscales para evitar la suspensión de pagos y desde unas semanas había congelado los ahorros bancarios.
De la Rúa había declarado un día antes, el 19 de diciembre de 2001, el estado de sitio ante los saqueos que se repetían en los barrios populares de Buenos Aires y en otros sitios de Argentina. La población, lejos de amedrentarse con la orden de aquel débil presidente, salió a la calle batiendo sus cacerolas para reclamar bajo el grito del “que se vayan todos”. Entre el 19 y el 20 de diciembre unas 38 personas, siete de ellas menores de edad, murieron a manos de agentes de seguridad y comerciantes en horas en las que reinaba la anarquía de las balas. Solo en seis de esos casos ha habido condenas.
De la Rúa fue en su momento procesado por seis crímenes cometidos por la fuerza que él tenía a su cargo, la Policía Federal, que actúa solo en Buenos Aires. Sin embargo, fue sobreseído en 2009 y un tribunal de apelaciones ratificó su inocencia en 2010. No obstante, uno de los organismos de derechos humanos que se ha presentado como querellante, el Centro de Estudios Legales y Sociales, ha apelado la decisión ante una tercera instancia. Los acusados por esos homicidios son el secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de De la Rúa, Enrique Mathov, el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos y otros seis agentes más. Su juicio comenzará en junio próximo y sobre los imputados pueden llegar a recaer penas de hasta cinco años de prisión.
De momento han sido condenados algunos policías y comerciantes que dispararon a personas inocentes en las protestas populares frente a sus supermercados por seis casos ocurridos en diversas provincias. Los responsables recibieron penas de entre seis y 15 años de cárcel.
El excandidato presidencial del Frente Amplio Progresista Hermes Binner aprovechó la fecha de hoy para reclamar que también se condene a los responsables políticos de los delitos cometidos en la provincia que él gobernó entre 2007 y el pasado 10 de diciembre, la de Santa Fe. Todavía quedan por resolverse 32 crímenes, incluidos los cometidos por la Policía Federal y por las fuerzas de seguridad provinciales.
El Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner también recordó el aniversario de la caída de De la Rúa. El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, recorrió una muestra de fotos de aquellos días de violencia que organizó la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina en la Plaza de Mayo. Abal Medina opinó que esas imágenes no solo representan "el final del gobierno de Fernando de La Rúa sino del modelo que comenzó con sangre y fuego el 24 de marzo de 1976", es decir, con el inicio de la última dictadura militar. El funcionario se refería al modelo económico neoliberal que el kirchnerismo ha intentado desarmar.
De la Rúa se defiende
De la Rúa también habló y lo hizo para responsabilizar de los saqueos de supermercados a dos dirigentes del peronismo, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, y al entonces senador Eduardo Duhalde, que a principios de enero de 2002 asumió la jefatura de Estado. "Esta era una conspiración inspirada por Duhalde y Ruckauf desde la provincia de Buenos Aires. Había problemas, y dramáticos, la crisis se precipitaba y los ambiciosos de adentro pugnaban por tomar el poder, mientras el Fondo Monetario (Internacional) nos ahogaba aplicando la llamada teoría del riesgo moral perversa que vulnera los principios institucionales de organización", declaró De la Rúa al portal de noticias Infobae.
Ruckauf le contestó al expresidente por el mismo medio: "De la Rúa construyó en su mente una conspiración para tratar de explicar su fracaso. Creo que es una fuga psicológica la de él. Creía que los gobernadores teníamos un problema con él, y en realidad el problema era que no nos mandaba fondos para pagar los sueldos. Por eso tuvimos que sacar monedas como el patacón, que se sacó con su acuerdo y su firma. Era una sensación absoluta de ingobernabilidad, que estalla cuando se confiscan los depósitos, y cuando la clase media, que lo había votado, sale a la calle".
De la Rúa se había opuesto firmemente a la suspensión de pagos y a la devaluación del peso, cuyo precio llevaba 10 años atado al dólar. Tras su renuncia se sucedieron otros cuatro presidentes en menos de dos semanas. Uno de ellos, Adolfo Rodríguez Saá, declaró la suspensión de pagos y Duhalde devaluó la moneda. Decenas de argentinos hacían colas en embajadas como las de España para conseguir la nacionalidad de sus antepasados y huir de su país en crisis política, económica y social. Algunas de esas familias que migraron a España están regresando entre el paro peninsular y la recuperación de la economía argentina.
Buenos Aires, El PaísTal día como hoy, hace diez años, el entonces presidente de Argentina, el radical Fernando de la Rúa, se subía a un helicóptero en la terraza de la Casa Rosada (sede presidencial) y se marchaba tras presentar su renuncia. Frente a ese edificio, en la Plaza de Mayo se libraba una batalla campal entre policías a caballo y manifestantes que pedían la dimisión del jefe de Estado que desde hace dos años venía aplicando ajustes fiscales para evitar la suspensión de pagos y desde unas semanas había congelado los ahorros bancarios.
De la Rúa había declarado un día antes, el 19 de diciembre de 2001, el estado de sitio ante los saqueos que se repetían en los barrios populares de Buenos Aires y en otros sitios de Argentina. La población, lejos de amedrentarse con la orden de aquel débil presidente, salió a la calle batiendo sus cacerolas para reclamar bajo el grito del “que se vayan todos”. Entre el 19 y el 20 de diciembre unas 38 personas, siete de ellas menores de edad, murieron a manos de agentes de seguridad y comerciantes en horas en las que reinaba la anarquía de las balas. Solo en seis de esos casos ha habido condenas.
De la Rúa fue en su momento procesado por seis crímenes cometidos por la fuerza que él tenía a su cargo, la Policía Federal, que actúa solo en Buenos Aires. Sin embargo, fue sobreseído en 2009 y un tribunal de apelaciones ratificó su inocencia en 2010. No obstante, uno de los organismos de derechos humanos que se ha presentado como querellante, el Centro de Estudios Legales y Sociales, ha apelado la decisión ante una tercera instancia. Los acusados por esos homicidios son el secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de De la Rúa, Enrique Mathov, el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos y otros seis agentes más. Su juicio comenzará en junio próximo y sobre los imputados pueden llegar a recaer penas de hasta cinco años de prisión.
De momento han sido condenados algunos policías y comerciantes que dispararon a personas inocentes en las protestas populares frente a sus supermercados por seis casos ocurridos en diversas provincias. Los responsables recibieron penas de entre seis y 15 años de cárcel.
El excandidato presidencial del Frente Amplio Progresista Hermes Binner aprovechó la fecha de hoy para reclamar que también se condene a los responsables políticos de los delitos cometidos en la provincia que él gobernó entre 2007 y el pasado 10 de diciembre, la de Santa Fe. Todavía quedan por resolverse 32 crímenes, incluidos los cometidos por la Policía Federal y por las fuerzas de seguridad provinciales.
El Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner también recordó el aniversario de la caída de De la Rúa. El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, recorrió una muestra de fotos de aquellos días de violencia que organizó la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina en la Plaza de Mayo. Abal Medina opinó que esas imágenes no solo representan "el final del gobierno de Fernando de La Rúa sino del modelo que comenzó con sangre y fuego el 24 de marzo de 1976", es decir, con el inicio de la última dictadura militar. El funcionario se refería al modelo económico neoliberal que el kirchnerismo ha intentado desarmar.
De la Rúa se defiende
De la Rúa también habló y lo hizo para responsabilizar de los saqueos de supermercados a dos dirigentes del peronismo, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, y al entonces senador Eduardo Duhalde, que a principios de enero de 2002 asumió la jefatura de Estado. "Esta era una conspiración inspirada por Duhalde y Ruckauf desde la provincia de Buenos Aires. Había problemas, y dramáticos, la crisis se precipitaba y los ambiciosos de adentro pugnaban por tomar el poder, mientras el Fondo Monetario (Internacional) nos ahogaba aplicando la llamada teoría del riesgo moral perversa que vulnera los principios institucionales de organización", declaró De la Rúa al portal de noticias Infobae.
Ruckauf le contestó al expresidente por el mismo medio: "De la Rúa construyó en su mente una conspiración para tratar de explicar su fracaso. Creo que es una fuga psicológica la de él. Creía que los gobernadores teníamos un problema con él, y en realidad el problema era que no nos mandaba fondos para pagar los sueldos. Por eso tuvimos que sacar monedas como el patacón, que se sacó con su acuerdo y su firma. Era una sensación absoluta de ingobernabilidad, que estalla cuando se confiscan los depósitos, y cuando la clase media, que lo había votado, sale a la calle".
De la Rúa se había opuesto firmemente a la suspensión de pagos y a la devaluación del peso, cuyo precio llevaba 10 años atado al dólar. Tras su renuncia se sucedieron otros cuatro presidentes en menos de dos semanas. Uno de ellos, Adolfo Rodríguez Saá, declaró la suspensión de pagos y Duhalde devaluó la moneda. Decenas de argentinos hacían colas en embajadas como las de España para conseguir la nacionalidad de sus antepasados y huir de su país en crisis política, económica y social. Algunas de esas familias que migraron a España están regresando entre el paro peninsular y la recuperación de la economía argentina.
