Argentina investiga los crímenes del franquismo
Veronica SminkLa magistrada, María Servini de Cubría, pidió a España nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad que actuaron durante ese período, además de otros datos sobre delitos cometidos en esa época, como desapariciones, asesinatos, torturas y apropiación de menores.
El requerimiento se dio en el marco de una causa iniciada por familiares de víctimas del franquismo que residen en Argentina.
Uno de los abogados argentinos que impulsó el caso Carlos Slepoy, dijo a BBC Mundo que en la actualidad hay más de 30 querellantes particulares, entre ciudadanos residentes en Argentina y españoles que enviaron su reclamo a la Justicia del país sudamericano.
Se espera que en los próximos días la Cancillería argentina tramite el exhorto judicial que presentará ante las autoridades españolas.
Justicia universal
La Justicia argentina presentó su reclamo bajo el principio de "justicia universal", que permite a las naciones juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en un país extranjero.
Ese principio fue el que aplicó el juez español Baltasar Garzón cuando comenzó a investigar los crímenes cometidos por los gobiernos militares de Argentina y Chile en los años 90.
"En Argentina no se puede juzgar a alguien en ausencia y es improbable que España acepte extraditar a los sospechosos"
Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo
Una de esas causas llevó a que en 2005 la Audiencia Nacional -máxima instancia penal española- condenara a 640 años de prisión al excapitán de corbeta argentino Adolfo Scilingo.
Los impulsores de la causa argentina aspiran a que algún día la justicia de ese país pueda condenar a un represor español.
Según sostienen, los abusos cometidos durante el franquismo no serán investigados en España, ya que allí rige desde 1977 una amnistía que prohíbe llevar ante el banquillo a los acusados.
Esa ley de amnistía –que según muchos en España fue una condición necesaria para lograr una transición exitosa del régimen militar a la democracia- fue avalada en julio pasado por el Parlamento español, con apoyo de los dos principales partidos del país, el gobernante Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Además, a fines de enero comenzará el juicio contra el juez Garzón, acusado del delito de prevaricación por haber investigado, supuestamente sin competencia, los crímenes del franquismo.
Por estos motivos, quienes iniciaron la causa en Argentina creen que sólo otro país podrá juzgar los delitos ocurridos en la nación europea.
Pero ¿cuán posible es que Argentina logre sentar en el banquillo de los acusados a los presuntos criminales del franquismo?
Remoto
Pronto comenzará el juicio contra el juez Garzón, acusado del delito de prevaricación.
El propio Slepoy admitió que esa posibilidad es "remota". Sin embargo resaltó la importancia que podría tener el avance de la causa en Argentina.
"Si Argentina pidiera la captura internacional de los acusados, los estaría condenando a no poder salir de España, ya que podrían ser arrestados en un tercer país, como ocurrió con Augusto Pinochet en Londres", dijo, en referencia a la detención del expresidente de facto chileno en 1998, a pedido del juez Garzón.
Por su parte Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo (uno de los organismos de derechos humanos que apoyaron la querella en Argentina) coincidió en las dificultades que tendrá la Justicia argentina para condenar a quienes cometieron abusos en España.
"En Argentina no se puede juzgar a alguien en ausencia y es improbable que España acepte extraditar a los sospechosos", afirmó.
Por ello, consideró que la causa argentina tiene más importancia política que judicial.
No obstante, remarcó que cuando la Justicia española empezó a investigar los crímenes cometidos en Argentina en los años ‘70 también se consideró improbable que esas causas concluyeran en algún juicio.
"Es un camino largo, pero este es un paso importante", señaló a BBC Mundo.
