Abogado: Gobernador Costas afronta un juicio "ordinario" y no una persecución política
La Paz, AbiEl proceso judicial que afronta el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, es un caso "estrictamente ordinario" entre él y el fiscal Marcelo Sosa, aseguró el abogado defensor de la autoridad judicial, Moisés Ponce de León.
"Lamentablemente el ciudadano Rubén Costas pretende que se lo victimice, y quiere hacer de éste un caso político y no es así", agregó el jurista.
Costas debe someterse a la justicia por la comisión del delito de desacato contra el fiscal que lleva adelante el caso Terrorismo, a quién llamó públicamente "bufón del Gobierno".
Ante esta situación, Soza presentó una querella formal contra Costas, porque éste habría puesto en entredicho el nombre del representante del Ministerio Público al verter ese tipo de calificativos.
Sin embargo, el Gobernador cruceño aseguró que el inicio del proceso es parte una persecución política por ser uno de los principales opositores del actual Gobierno.
La denuncia contra Costas fue formulada el 13 de julio de 2010 por los delitos de calumnia y difamación, investigación que actualmente se encuentra en su etapa conclusiva.
No obstante, la autoridad departamental no se presentó a la audiencia final y tampoco ofreció un justificativo válido para su inasistencia.
Esa situación desembocó en la declaratoria de rebeldía del Gobernador, que implica la anotación preventiva de sus bienes, el arraigo y una orden de aprehensión que deberá ser ejecutada los primeros días de enero de 2012.
El juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, declaró el lunes 19 rebelde a Costas, por no asistir a la audiencia conclusiva y no haber presentado justificación.
Esa orden de aprehensión, significa que Costas sea privado de libertad, para ser trasladado a la ciudad de La Paz, y participar de la audiencia conclusiva.
La acción judicial también podría derivar en una detención preventiva, en caso de que el fiscal del caso solicite una audiencia de medidas cautelares, lo que significaría que Costas sea trasladado a un centro penitenciario para garantizar su presencia en el proceso, según explican juristas.
Una vez concluida la audiencia conclusiva, el proceso pasaría a la etapa de juicio oral.
Sin embargo, ese proceso investigativo se vio interrumpido en varias ocasiones porque el gobernador Costas, hasta ahora, insiste en que la jurisdicción para la realización del mismo es la ciudad de Santa Cruz, pero la parte querellante inició las acciones en La Paz, por lo que el proceso debe desarrollarse en ese distrito.
