La cuestionada influencia del príncipe Carlos
El heredero británico recibe críticas por tener derechos de veto a leyes que afectan a sus intereses privados
Londres, El País
El príncipe Carlos de Inglaterra tiene ciertos derechos de veto sobre la nueva legislación promovida por el Gobierno británico que puede afectar a sus intereses privados, según la sorprendente revelación del diario The Guardian. Tanto el anterior gobierno laborista como la actual coalición de conservadores y liberales-demócratas han sometido al príncipe al menos 12 proyectos de ley desde el año 2005, relativos a materias que van desde los jueces forenses a desarrollo económico y construcción, marina y acceso a las costas, vivienda y regeneración, energía y planificación urbanística.
Ni Downing Street ni Clarence House, residencia oficial del heredero, han querido explicar si este ha utilizado alguna vez esos poderes para obligar al Gobierno a modificar un proyecto de ley y ajustarlo a sus intereses. Pero expertos constitucionales consultados por el periódico han comparado los poderes del príncipe al efecto disuasorio del arma nuclear: lo importante no es si Carlos ha vetado o no alguna ley sino la influencia que tiene en el legislador el hecho de saber que el príncipe tiene ese derecho de veto.
Ese veto, que puede chocar en una monarquía parlamentaria en Europa en el siglo XXI, era casi secreto y se explica por el hecho de que Reino Unido no tiene una Constitución escrita y se rige por la tradición. En este caso, la tradición dice que el heredero de la corona, en virtud de sus títulos de príncipe de Gales, conde de Chester y duque de Cornualles, tiene que se consultado en cualquier nueva legislación que puede afectar a sus intereses en esos territorios.
Una norma especialmente polémica en lo que se refiere al ducado de Cornualles, una propiedad de casi 54.000 hectáreas creada en 1337 por el rey Eduardo III para su hijo, el príncipe Eduardo, cuya función primordial es generar ingresos para el heredero. El año pasado Carlos obtuvo unos ingresos de 21 millones de euros a través de dicho ducado.
El Gobierno del primer ministro David Cameron ha asegurado que no va a modificar ese derecho del príncipe de Gales y Clarence House lo ha defendido con el argumento de que "no se trata de buscar las opiniones personales del príncipe sino que es más bien una costumbre que viene de antiguo relacionada con el ducado de Cornualles, que se habría aplicado de la misma forma a sus predecesores".
Sean cuales sean los orígenes de esa costumbre y el uso que el príncipe de Gales haya podido hacer de ella para imponer sus gustos o sus conveniencias, la revelación de The Guardian no va a ayudar a Carlos de Inglaterra, cuyas presiones públicas en materias como la arquitectura, el urbanismo o la energía eólica han provocado ya numerosas críticas en el pasado. Aunque nadie le niega al príncipe su derecho a tener ideas y a exponerlas, muchos creen que abusa de su influencia y que sus presiones ponen en cuestión su capacidad para ser neutral el día en que herede el trono.
Londres, El PaísEl príncipe Carlos de Inglaterra tiene ciertos derechos de veto sobre la nueva legislación promovida por el Gobierno británico que puede afectar a sus intereses privados, según la sorprendente revelación del diario The Guardian. Tanto el anterior gobierno laborista como la actual coalición de conservadores y liberales-demócratas han sometido al príncipe al menos 12 proyectos de ley desde el año 2005, relativos a materias que van desde los jueces forenses a desarrollo económico y construcción, marina y acceso a las costas, vivienda y regeneración, energía y planificación urbanística.
Ni Downing Street ni Clarence House, residencia oficial del heredero, han querido explicar si este ha utilizado alguna vez esos poderes para obligar al Gobierno a modificar un proyecto de ley y ajustarlo a sus intereses. Pero expertos constitucionales consultados por el periódico han comparado los poderes del príncipe al efecto disuasorio del arma nuclear: lo importante no es si Carlos ha vetado o no alguna ley sino la influencia que tiene en el legislador el hecho de saber que el príncipe tiene ese derecho de veto.
Ese veto, que puede chocar en una monarquía parlamentaria en Europa en el siglo XXI, era casi secreto y se explica por el hecho de que Reino Unido no tiene una Constitución escrita y se rige por la tradición. En este caso, la tradición dice que el heredero de la corona, en virtud de sus títulos de príncipe de Gales, conde de Chester y duque de Cornualles, tiene que se consultado en cualquier nueva legislación que puede afectar a sus intereses en esos territorios.
Una norma especialmente polémica en lo que se refiere al ducado de Cornualles, una propiedad de casi 54.000 hectáreas creada en 1337 por el rey Eduardo III para su hijo, el príncipe Eduardo, cuya función primordial es generar ingresos para el heredero. El año pasado Carlos obtuvo unos ingresos de 21 millones de euros a través de dicho ducado.
El Gobierno del primer ministro David Cameron ha asegurado que no va a modificar ese derecho del príncipe de Gales y Clarence House lo ha defendido con el argumento de que "no se trata de buscar las opiniones personales del príncipe sino que es más bien una costumbre que viene de antiguo relacionada con el ducado de Cornualles, que se habría aplicado de la misma forma a sus predecesores".
Sean cuales sean los orígenes de esa costumbre y el uso que el príncipe de Gales haya podido hacer de ella para imponer sus gustos o sus conveniencias, la revelación de The Guardian no va a ayudar a Carlos de Inglaterra, cuyas presiones públicas en materias como la arquitectura, el urbanismo o la energía eólica han provocado ya numerosas críticas en el pasado. Aunque nadie le niega al príncipe su derecho a tener ideas y a exponerlas, muchos creen que abusa de su influencia y que sus presiones ponen en cuestión su capacidad para ser neutral el día en que herede el trono.
