General revela que orden de represión a indígenas salió del Ministerio de Gobierno
La Paz, ErbolEl exsubcomandante de la Policía, general Oscar Muñoz, reveló este miércoles que la orden para intervenir la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) el pasado 25 de septiembre en el sector de Chaparina, próximo a la población beniana de Yucumo, salió del Ministerio de Gobierno.
Esta afirmación se desprende de la declaración que prestó el exjefe policial en las últimas horas ante el Ministerio Público, misma que fue dada a conocer a los medios de comunicación por el fiscal Marco Antonio Vargas que investiga el caso.
La revelación de Muñoz sale a la luz pública un mes y medio después que el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, junto a otras autoridades, pidiera a la Fiscalía de Distrito de La Paz emitir un requerimiento para intervenir la movilización indígena, que dejó como saldo decenas de heridos de diversa gravedad y aprehendidos.
El pasado 1 de octubre se conoció que la ministra de Justicia, Nilda Copa; y el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti; además del viceministro de Justicia, Nelson Cox, y dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, pidieron a la Fiscalía emitir un requerimiento para intervenir la marcha indígena, según revela un memorial firmado por las autoridades mencionadas.
El documento, difundido por el programa televisivo “A todo pulmón”, fue recepcionado el 24 de septiembre a las 20.35 por el fiscal asistente adscrito a despacho, Facundo Coronel, mismo que justifica la medida bajo el argumento de que un grupo de mujeres y algunos varones tomaron como “rehenes” al canciller David Choquehuana, al viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales, César Navarro, y al general de la Policía Edwin Foronda.
En el memorial no aparece la firma del exministro de Gobierno, sino de dos funcionarios de esa cartera de Estado, Dennis Efraín Rodas Limachi y Fernando Rivera Tardía, jefe de la Unidad de Gestión Jurídico y asesor legal de Asuntos Jurídicos, respectivamente, a los que Sacha Llorenti otorgó el pasado 13 de septiembre un poder notarial Nº 1192/2011 para que actúen en su nombre.
Detención domiciliaria contra Muñoz
El juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Ricardo Maldonado, en suplencia en el Juzgado Tercero donde radica el caso, ordenó la noche de este miércoles la detención domiciliaria del general Muñoz, al concluir la audiencia cautelar en su contra, que duró entre las 05.30 a 20.20.
El fiscal Vargas imputó al general por vejación, violación a los derechos humanos y otros delitos.
La abogada Aida Camacho, en representación de una de la víctimas, anunció que presentará una nueva querella en contra del general Muñoz por vejaciones, violación a los derechos humanos, privación de libertad, genocidio, desaparición forzada de personas, torturas y otros delitos.
Por su parte, Héctor Tapia, abogado de Muñoz, rechazó todas las acusaciones y aseguró que su cliente no participó de las agresiones a los indígenas, porque sólo se limitó a transmitir una orden superior.
Aunque el jurista no dio el nombre de la persona que habría ordenado la represión policial.
