Trabajadores y Gobierno resaltan histórica nacionalización de las minas a 59 años
La Paz, AbiA 59 años de la nacionalización de las minas promulgada el pasado 31 de octubre de 1952, los trabajadores y las autoridades reiteraron el lunes la prosecución de un proceso revolucionario de recuperación del patrimonio estatal para beneficio de los bolivianos.
La nacionalización de las minas dispuesto en la localidad de Ucureña, en el campo de María Barzola, se constituye hasta hoy en un importante referente mundial de un país que decidió que el Estado se constituya en el ente conductor del desarrollo.
En mayo de 2006, el actual Gobierno, encabezado por el presidente Evo Morales Ayma, dio otro paso importante en la búsqueda de ese objetivo al nacionalizar los hidrocarburos que en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) habían sido puestos por los gobiernos neoliberales en manos de empresas trasnacionales que expoliaban esos recursos en beneficio propio y no los del pueblo.
Se había hablado entonces de un proceso de capitalización de empresas estatales en los campos de los hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y transportes aéreos y ferroviarios para darles un mayor impulso, cuando en los hechos no fue nada más que una privatización.
Esas trasnacionales se daban el lujo de dejar a Bolivia apenas un 18 por ciento de las ganancias obtenidas por la explotación de los hidrocarburos, llevándose el 82 por ciento, condenando, además a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) a ser una simple empresa residual.
Es por ello que en la actual administración optó por nacionalizar los hidrocarburos, lo que se constituyó en una medida revolucionaria de recuperación de los recursos naturales y dio inicio a una recuperación de la economía para obtener recursos que sean transferidos al pueblo.
Lo mismo sucedió hace 59 años, cuando el Estado procedió a la nacionalización de las minas, a la par de la reforma agraria.
La historia de los barones del estaño y su incursión en la minería boliviana se remonta a 1900 con el descubrimiento de una veta en la mina La Salvadora, en el cerro Llallagua, Potosí a cargo de Simón Patiño.
Diez años más tarde, este empresario adquirió otras minas y conformó un consorcio con las minas de Llallagua, Catavi, Siglo XX, Uncía y Huanuni.
Para el transporte de los minerales hizo construir el Ferrocarril Machacamarca-Uncía en 1911.
En julio de 1924 consolidó sus intereses en la Patiño Mines and Enterprises and Consolidated, Inc. que registró en Delaware, Estados Unidos. En ella agrupo a la Compañía Estañífera Llallagua, la Salvadora y el ferrocarril Machacamarca-Uncía.
En la década de los 40 fue llamado el "Rey del Estaño"
Con Mauricio Hoschild y Carlos Víctor Aramayo, otros potentados mineros de Bolivia, Patiño influyó en la política nacional hasta que se produjo una nacionalización de las minas.
El Decreto de Nacionalización de las minas constó de 17 artículos que destacaba el control obrero mediante los delegados sindicales en las actividades mineras en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
El gobierno del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro destacó en esa fecha histórica que con la medida "se cambiaba el curso de la historia de Bolivia".
Con el fin de evitar que las actividades mineras dejen de ser un instrumento de dominio y opresión del pueblo boliviano y beneficiar al pueblo y no grupos empresariales minoritarios encabezados por el grupo Patiño, Hoschild y Aramayo, se procedió a la ocupación de los centros mineros para su expropiación, dijo en esa ocasión.
Agregó que "Las riquezas de Bolivia son ya de los bolivianos y la Patria es dueña de su destino; la voluntad popular ha sido histórica y legalmente consagrada".
Subrayó que en cinco décadas las exportaciones bolivianas eran muy superiores a las importaciones pero lejos de beneficiar al pueblo, solamente enriquecían mucho más las arcas de los potentados, gestores de una fuga permanente de los capitales que no retornaban al servicio del desarrollo, ni del mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.
La permanencia del control de las minas por parte de los empresarios hizo en todo ese tiempo que se desencadenara la fuga de capitales y la permanente caída del valor adquisitivo de la moneda boliviana cerrando las puertas del desarrollo.
A 59 años de esos hechos, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en la persona de su secretario general, David Ramos, destacó la nacionalización de las minas, y dijo que en la actualidad el Estado se encuentra en una posición importante para que Bolivia se proyecte a la industrialización de los minerales para darles un mayor agregado.
Dijo que "así Bolivia dejará de ser un mero exportador de materias primas y dará un mayor valor a la nacionalización de los recursos mineralógicos".
