Encapuchados desplazan demandas estudiantiles en Chile
Santiago, APLa violencia protagonizada por encapuchados desplazó las demandas estudiantiles del primer plano, enfrentó al Poder Judicial con el gobierno y puso en aprietos al presidente del Senado por no desalojar una sede legislativa.
Los ministros del presidente Sebastián Piñera centraron sus críticas en los actos vandálicos de los encapuchados que se infiltran en el movimiento estudiantil, que incluso han quemado vehículos particulares y autobuses del transporte público, indicó AP.
Giorgio Jackson, vocero universitario, anunció el lunes una ``jornada de concientización'' sobre sus críticas a la ley de presupuesto 2012, para "volver a posicionar el tema de las demandas estudiantiles".
"Nosotros hemos mantenido nuestras demandas intactas, al gobierno le acomoda mucho más hablar de hechos de violencia", añadió.
Los estudiantes presionan por una educación pública gratuita y de calidad, por el fin del lucro en los establecimientos privados que reciben aportes estatales y mayores aportes económicos para las universidades estatales, y rechazan el proyecto de presupuesto para el próximo año, por considerarlo insuficiente.
La rebelión estudiantil iniciada en mayo se traduce, junto con ocupaciones de sedes de estudio y paros, en marchas semanales que, invariablemente, concluyen con violentos desmanes protagonizados por encapuchados que se infiltran entre los estudiantes, con la consiguiente represión policial.
El portavoz oficial del gobierno, Andrés Chadwick, dijo el domingo en un programa del canal privado Chilevisión que los encapuchados locales actúan coordinadamente y que tienen ayuda de grupos argentinos.
"Existe una preparación mayor de lo que aparece a primera vista... es una organización similar a la que originalmente fueron los piqueteros de Argentina", señaló Chadwick.
Afirmó que "ellos (los encapuchados) tienen apoyo desde movimientos argentinos, de gente con organización, y por eso vemos que están haciendo cosas siempre en distintos lugares para efectos de distraer la acción de la policía".
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, responsabilizó el viernes a los jueces "garantistas" de liberar de inmediato a los violentos y agregó que en los futuros ascensos de magistrados se tomarán en cuenta sus fallos, lo que despertó inmediatas críticas de parte del Poder Judicial.
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, afirmó que ``la evaluación de los jueces le corresponde exclusivamente al Poder Judicial'' y que le preocupa que ``esto se transforme en una campaña sistemática en contra de los jueces y que se afecte su independencia''.
Ribera dijo el lunes a radio Cooperativa que "esta es una discusión propia de ignorantes, porque un juez no es mejor porque es más garantista o peor porque es más autoritario".
El diputado oficialista Gustavo Hasbún alimentó la disputa al señalar que, "cuando se actúa con cierto grado de desidia, los jueces pasan a ser verdaderos cómplices de los delincuentes".
Reveló que existe una lista de 18 jueces de Santiago que, pese a serle entregadas "pruebas irrefutables'', dejan en libertad a los inculpados.
Un grupo de jueces de garantía, en una carta enviada al periódico El Mercurio, advirtió que "seguiremos ejerciendo nuestras funciones de manera absolutamente imparcial y al margen de cualquier consideración referida a nuestras posibilidades de ascenso o del temor a las reprimendas".
Una irrupción en la sede del Senado en Santiago el jueves puso al borde la censura al presidente de la Cámara Alta, el opositor Guido Girardi, por negarse a desalojar por la fuerza a los 50 manifestantes, la mayoría estudiantes secundarios, que interrumpieron una sesión a la que asistía el ministro de Educación, Felipe Bulnes.
En medio de gritos y empujones, Bulnes debió abandonar la sala donde incluso tres muchachas se subieron a la mesa en torno a la que sesionaban.
"Acá evidentemente hay una complicidad de toda la derecha para cuestionar mi actuar en el Senado...", señaló Girardi el lunes.
