El Gobierno argentino pone en marcha nuevos controles a la compra de divisas
Buenos Aires, EFEEl Gobierno argentino puso en marcha hoy nuevas medidas para un mayor control del mercado cambiario, dentro de una política monetaria destinada a frenar presiones alcistas sobre el precio del dólar, y refutó las críticas de la oposición.
Los bancos y casas de cambio están obligados desde este lunes a consultar y recibir el visto bueno del Fisco a toda venta de dólares, una medida que frenó buena parte de las operaciones minoristas, dijeron a Efe fuentes del mercado de capitales.
El freno responde a que toda persona que quiera comprar dólares queda bajo la lupa del Fisco, que puede autorizar o no la operación, explicaron luego de indicar que el mayor control afecta al mercado de cambios minorista, que equivale al dos por ciento del total.
"No ha cambiado nada de nada respecto a la posibilidad de comprar dólares: Todo aquel que pueda demostrar sus ingresos puede adquirirlos", subrayó por la red social Twitter el ministro de Economía, Amado Boudou, en respuesta a la "alarma injustificada" que se ha desatado.
"Es importante que tengan tranquilidad los que tengan sus cuentas en orden, los intentos de generar histeria colectiva son intencionados", agregó Boudou, compañero de fórmula de la reelegida presidenta argentina, Cristina Fernández.
El ministro, que asumirá la vicepresidencia de la Nación el 10 de diciembre próximo, cuando comienza el segundo mandato de Fernández, sostuvo que los controles del mercado cambiario buscan "defender" al país en el contexto de la crisis que afecta a EE.UU. y Europa.
Los partidos de la oposición afirman en cambio que el principal problema de la economía argentina es su alta tasa de inflación y algunos expertos sostienen que los controles en el mercado cambiario acentuarán la demanda de dólares.
Se calcula que en lo que va de este mes, el Banco Central ha vendido alrededor de 1.800 millones de dólares para frenar presiones sobre el precio del dólar estadounidense, que desde hace semanas se mantiene en 4,26 pesos por unidad.
La semana pasada, un decreto presidencial obligó a las petroleras y mineras a liquidar las divisas de sus exportaciones en el país mientras que la Superintendencia de Seguros (regulador) dictó una resolución que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el exterior.
La administración de Fernández también ha aumentado los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que compren empresas locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
Petroleras y mineras exportan por valor de unos 4.000 millones de dólares al año, mientras que se calcula que las aseguradoras tienen activos en el exterior por unos 1.600 millones de dólares.
"Yo estoy de acuerdo con la mayoría de las medidas que se están tomando, porque en Argentina, cualquiera con plata negra hace negocios con la compra y venta de dólares, cheques o lo que fuese", dijo el financiero Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central.
Pignanelli opinó a radio El Mundo que la política monetaria ha sido uno de los factores que impulsó la inflación, por lo que consideró que hacen falta otras medidas para frenar el alza del coste de vida.
"Lo que tiene que hacer el Gobierno es bajar la inflación", que oscila en el "25 por ciento" anual (casi el triple de la estadística oficial), remarcó el diputado Federico Pinedo, de la conservadora Propuesta Republicana, para quien es "un disparate" controlar el mercado de divisas.
Alfonso Prat Gay, diputado de la centrista Coalición Cívica, expresidente del Banco Central y exfuncionario de la banca Morgan, sostuvo que el Gobierno "aumenta el deseo" por el dólar cuando "el problema de fondo es la inflación".
Según Claudio Lozano, economista y diputado de la fuerza de centroizquierda Proyecto Sur, los "verdaderos problemas" que causa una fuga de capitales son "la inflación en dólares, el déficit de inversión y la crisis financiera internacional".
A mediados de mes, la consultora Ecolatina calculó que la fuga de capitales rondará este año los 22.000 millones de dólares, lo que supone una grave amenaza para el crecimiento de la economía si esta tendencia se acentúa en 2012.
