Dilma Rousseff quiere poner límite a los 'supersalarios' públicos
La presidenta de Brasil quiere evitar que los funcionarios del Estado puedan acceder a retribuciones desproporcionadas
Brasilia, El País
Tras un gran limpieza en varios ministerios por sospechas de corrupción, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se ha embarcado en una nueva cruzada para poner un límite a los supersalarios, como les gusta decir en Brasil, de muchos altos funcionarios. La primera batalla la está librando contra el Tribunal Supremo Federal, cuyos miembros quieren incrementar sus sueldos. Rousseff se niega a que lo hagan.
Para zanjar el tema, la presidenta está decidida a dar un vuelco en el sistema de retribuciones de políticos y altos funcionarios del Estado que permite, por ejemplo, que un senador o ex gobernador de un Estado pueda llegar a facturar hasta 60.000 reales al mes (unos 26.000 euros) entre el sueldo, asesorías, acumulación de varias pensiones, viáticos y otros ingresos. El sueldo base en Brasil para el trabajador corriente ronda los 300 euros.
El plan oficial para frenar los supersalarios lo ha revelado el diario Folha de Sâo Paulo. La Constitución brasileña habilita a la presidenta para decidir sobre las retribuciones de los funcionarios y todo apunta a que Rousseff utilizará este poder para acabar con una práctica que escandaliza a la opinión pública.
Aunque actualmente hay un techo de unos 12.000 euros mensuales para los salarios de los máximos cargos de los tres poderes del Estado, la falta de regulación permite con facilidad triplicar esa cifra. La presidenta, por ejemplo, quiere impedir que un alto funcionario retirado que percibe la jubilación más cuantiosa reciba también un salario si es llamado a formar parte del Consejo de Administración de una empresa pública.
La iniciativa de Rousseff ya tiene el respaldo del grueso de su propio bloque y de la oposición socialdemócrata. "Queremos conocer de cerca el proyecto, pero en principio estamos de acuerdo en que es importante limitar los salarios y los gastos de los servidores públicos. Y, sobre todo, que los propios funcionarios tengan la potestad se subirse sus sueldos", declaró el diputado Duarte Nogueira, líder del oposito Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB) en la Cámara. En el mismo sentido se expresó el diputado Cándido Vaccarezza, del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y líder del bloque gubernamental: "no conozco los detalles, pero toda la Cámara respaldará una mayor transparencia y control de los altos salarios púbicos".
Brasilia, El PaísTras un gran limpieza en varios ministerios por sospechas de corrupción, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se ha embarcado en una nueva cruzada para poner un límite a los supersalarios, como les gusta decir en Brasil, de muchos altos funcionarios. La primera batalla la está librando contra el Tribunal Supremo Federal, cuyos miembros quieren incrementar sus sueldos. Rousseff se niega a que lo hagan.
Para zanjar el tema, la presidenta está decidida a dar un vuelco en el sistema de retribuciones de políticos y altos funcionarios del Estado que permite, por ejemplo, que un senador o ex gobernador de un Estado pueda llegar a facturar hasta 60.000 reales al mes (unos 26.000 euros) entre el sueldo, asesorías, acumulación de varias pensiones, viáticos y otros ingresos. El sueldo base en Brasil para el trabajador corriente ronda los 300 euros.
El plan oficial para frenar los supersalarios lo ha revelado el diario Folha de Sâo Paulo. La Constitución brasileña habilita a la presidenta para decidir sobre las retribuciones de los funcionarios y todo apunta a que Rousseff utilizará este poder para acabar con una práctica que escandaliza a la opinión pública.
Aunque actualmente hay un techo de unos 12.000 euros mensuales para los salarios de los máximos cargos de los tres poderes del Estado, la falta de regulación permite con facilidad triplicar esa cifra. La presidenta, por ejemplo, quiere impedir que un alto funcionario retirado que percibe la jubilación más cuantiosa reciba también un salario si es llamado a formar parte del Consejo de Administración de una empresa pública.
La iniciativa de Rousseff ya tiene el respaldo del grueso de su propio bloque y de la oposición socialdemócrata. "Queremos conocer de cerca el proyecto, pero en principio estamos de acuerdo en que es importante limitar los salarios y los gastos de los servidores públicos. Y, sobre todo, que los propios funcionarios tengan la potestad se subirse sus sueldos", declaró el diputado Duarte Nogueira, líder del oposito Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB) en la Cámara. En el mismo sentido se expresó el diputado Cándido Vaccarezza, del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y líder del bloque gubernamental: "no conozco los detalles, pero toda la Cámara respaldará una mayor transparencia y control de los altos salarios púbicos".
