Senado español aprueba reforma constitucional para atajar déficit
Madrid, APEl Senado aprobó el miércoles una reforma de la Constitución española que obligará al Estado a limitar su capacidad de endeudamiento para atajar el déficit público y evitar una futura crisis de deuda como la que padece actualmente el país.
La Cámara alta ratificó por 233 votos a favor y tres en contra sobre un total de 261 escaños el mismo texto aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Algunos parlamentarios de grupos minoritarios se ausentaron de la votación en señal de protesta contra la medida.
A partir de ahora, tal y como prevé la legislación española, se podría convocar un referéndum si en el plazo de 15 días una décima parte bien de la cámara alta o bien de la baja lo solicita por escrito.
Es decir, sería necesario que 35 diputados del Congreso o 26 senadores exigieran someter la reforma a plebiscito popular, lo cual parece poco probable ya que el gobernante Partido Socialista y el conservador Partido Popular —impulsores de la modificación— suman la mayoría amplia de los escaños en ambas cámaras.
Pasados los 15 días, el próximo 26 de septiembre, el nuevo texto entraría automáticamente en vigor. Aunque la Constitución ha sufrido modificaciones menores en los últimos años, esta reforma es el cambio más sustancial de la Carta Magna española desde su entrada en vigor en 1978.
Y la aprobación se ha producido en tiempo récord: menos de un mes.
La reforma prohibirá a las administraciones públicas incurrir en un déficit que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. La nación ibérica, que soporta una tasa de desempleo de casi el 21%, trata de evitar un rescate financiero como el que ya necesitaron Grecia, Irlanda y Portugal.
La Constitución no establece un techo numérico propiamente. La modificación del artículo 135 de la Carta Magna señala como filosofía general que "todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria".
Pero el texto compromete a las fuerzas políticas a aprobar una ley antes del 30 de junio de 2012, en la que se fije en un 0,4% del producto interno bruto (PIB) el déficit máximo del conjunto de las administraciones a partir del 2020.
El ajuste de la Constitución es la última de una serie de impopulares medidas impulsadas por el gobierno para combatir los embates de la crisis económica y el endeudamiento de las administraciones.
Entre otras leyes, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero retrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y abarató las condiciones de despido.
España se recupera de dos años de una profunda recesión, pero el consumo sigue estancado y el desempleo se mantiene desde hace meses alrededor del 20%, con más de 4,6 millones de personas desocupadas.
Zapatero anunció sorpresivamente el 26 de agosto su intención de reformar la Constitución para imponer disciplina en las cuentas públicas. El opositor PP, tradicionalmente enfrentado al socialismo, apoyó la iniciativa.
La propuesta llegó semanas después de que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, exhortaran a los países de la eurozona a equilibrar sus balances a través de reformas constitucionales.
Sindicatos, partidos nacionalistas y grupos de izquierda se opusieron desde el principio a la reforma, porque entienden que el límite supondrá duros recortes sociales.
Convocados por los sindicatos mayoritarios de izquierdas, miles de personas marcharon el martes exigiendo la celebración de un referéndum en varias manifestaciones, aunque resultaron menos numerosas de lo esperado.
