Prensa calló afrenta contra la democracia y afanes para derrocar al Presidente: Quintana
La Paz, Abi
El director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, denunció el viernes que los medios de comunicación atacaron al Gobierno y callaron la afrenta contra la democracia y los afanes para derrocar al presidente, Evo Morales.
"Detrás de la marcha indígena está una afrenta en contra de la democracia y la intención para derrocar al presidente Evo Morales, pero esos hechos no fueron denunciados por los medios de comunicación que callaron y concentraron sus ataques al Gobierno", dijo.
En su opinión, esos hechos deben constituirse en la punta del ovillo para la investigación que realizará una Comisión Especial de Alto Nivel que indagará la verdad de lo sucedido el pasado domingo en Puente San Lorenzo, a tres kilómetros de Yucumo.
Ese día se produjo la intervención policial para trasladar a los marchistas indígenas del oriente a San Borja o Rurrenabaque a fin de impedir un choque con un grupo de colonizadores de Yucumo.
Quintana señaló que la prueba clara está en las afirmaciones del ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, que desnuda lo que está detrás del conflicto y de la marcha indígena que rechaza la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Enfatizó que cuando se produjo el problema, Almaraz afirmó textualmente "Vamos a tumbar a Evo".
Para el director Ejecutivo de ADEMAF, "en una sociedad democrática donde interviene el Ministerio Público para una investigación, Almaraz debe ser puesto ante un juez para explicar la razón por la cual se atrevió a desafiar a un régimen democrático, a las leyes y al Estado de Derecho".
A su juicio, que un ciudadano diga "vamos a tumbar al presidente Evo Morales, significa el desafío más temerario contra un régimen democrático y una afrenta al voto mayoritario del pueblo boliviano expresado en varias consultas electorales".
Lamentó que, pese a ese exceso, algunos medios de comunicación no dijeron nada, ni denunciaron esas intenciones antidemocráticas, al contrario dieron micrófonos a la difusión de falsedades".
Quintana enfatizó que, más allá de la legitimidad o ilegitimidad de la marcha indígena, se tejieron intereses políticos, para socavar la estabilidad del Gobierno.
Dijo que no es casual que en esas instancias hayan emitido criterios y hasta participado en movilizaciones líderes de partidos políticos de oposición, como el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.
Quintana duda que Doria Medina sea un defensor de los derechos humanos y la democracia, como se auto tituló, cuando permanentemente visita al principal responsable del genocidio de Porvenir, el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien está detenido en la cárcel de San Pedro en La Paz para ser procesado por ese hecho.
En la masacre de Porvenir murió más de una decena de campesinos que marchaban a un ampliado donde iban a debatir sus reivindicaciones de tierras, cuando fueron atacados por un grupo de paramilitares al servicio de Fernández. Ese hecho se produjo el pasado 11 de septiembre de 2008.
El director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, denunció el viernes que los medios de comunicación atacaron al Gobierno y callaron la afrenta contra la democracia y los afanes para derrocar al presidente, Evo Morales.
"Detrás de la marcha indígena está una afrenta en contra de la democracia y la intención para derrocar al presidente Evo Morales, pero esos hechos no fueron denunciados por los medios de comunicación que callaron y concentraron sus ataques al Gobierno", dijo.
En su opinión, esos hechos deben constituirse en la punta del ovillo para la investigación que realizará una Comisión Especial de Alto Nivel que indagará la verdad de lo sucedido el pasado domingo en Puente San Lorenzo, a tres kilómetros de Yucumo.
Ese día se produjo la intervención policial para trasladar a los marchistas indígenas del oriente a San Borja o Rurrenabaque a fin de impedir un choque con un grupo de colonizadores de Yucumo.
Quintana señaló que la prueba clara está en las afirmaciones del ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, que desnuda lo que está detrás del conflicto y de la marcha indígena que rechaza la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Enfatizó que cuando se produjo el problema, Almaraz afirmó textualmente "Vamos a tumbar a Evo".
Para el director Ejecutivo de ADEMAF, "en una sociedad democrática donde interviene el Ministerio Público para una investigación, Almaraz debe ser puesto ante un juez para explicar la razón por la cual se atrevió a desafiar a un régimen democrático, a las leyes y al Estado de Derecho".
A su juicio, que un ciudadano diga "vamos a tumbar al presidente Evo Morales, significa el desafío más temerario contra un régimen democrático y una afrenta al voto mayoritario del pueblo boliviano expresado en varias consultas electorales".
Lamentó que, pese a ese exceso, algunos medios de comunicación no dijeron nada, ni denunciaron esas intenciones antidemocráticas, al contrario dieron micrófonos a la difusión de falsedades".
Quintana enfatizó que, más allá de la legitimidad o ilegitimidad de la marcha indígena, se tejieron intereses políticos, para socavar la estabilidad del Gobierno.
Dijo que no es casual que en esas instancias hayan emitido criterios y hasta participado en movilizaciones líderes de partidos políticos de oposición, como el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.
Quintana duda que Doria Medina sea un defensor de los derechos humanos y la democracia, como se auto tituló, cuando permanentemente visita al principal responsable del genocidio de Porvenir, el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien está detenido en la cárcel de San Pedro en La Paz para ser procesado por ese hecho.
En la masacre de Porvenir murió más de una decena de campesinos que marchaban a un ampliado donde iban a debatir sus reivindicaciones de tierras, cuando fueron atacados por un grupo de paramilitares al servicio de Fernández. Ese hecho se produjo el pasado 11 de septiembre de 2008.