Policía en Yucumo tiene la misión de evitar choques entre marchistas y colonizadores
Santa Cruz, Abi
La presencia de un contingente policial en la región de Yucumo tiene como objetivo evitar que se produzcan escenarios de violencia entre marchistas indígenas y colonizadores, subrayó el jueves el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
En una conferencia de prensa, dijo que existe coincidencia con otras organizaciones que debe impedirse que se creen condiciones para enfrentamientos entre los dos grupos.
"He conversado con el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, y con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Denis Racicot, para sumar esfuerzos con ese objetivo", indicó.
"En Yucumo, la policía tiene la instrucción específica de evitar enfrentamientos, no bloquear la marcha, sino impedir que haya contacto entre dos grupos civiles", reiteró.
Agregó que la misión policial es también proteger tanto a los indígenas, como a los pobladores de Yucumo.
Remarcó que con el fin de evitar que exista una victimización mediática de la marcha de los indígenas, el Gobierno les dotará del suficiente suministro de agua, además de permitir el paso de comida y medicamentos.
La aclaración de Llorenti se produjo ante informes de algunos medios de comunicación que manifestaron que la Policía no dejaba pasar a los indígenas hacia un riachuelo donde podían proveerse de agua.
"Los marchistas reciben también la provisión de alimentos, medicamentos y agua desde la parte del Beni, específicamente de San Borja", dijo.
Hizo patente su convencimiento de que, ante ese clima de apronte en los dos grupos, "Lo saludable sería que dialoguen a fin de lograr acuerdos".
Recordó que las organizaciones de Yucumo decidieron bloquear porque varios de los puntos del pliego de demandas de los indígenas del oriente afectan su desarrollo al exigirse la suspensión de obras viales en la zona.
Igualmente subrayó que otra de las instrucciones a la Policía es que no porte armas de fuego ni balines de goma, sino solamente permanecer en el lugar como una instancia de contención.
Al referirse a una de las demandas de los marchistas para la suspensión de las obras de construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, expresó que se trata de una demanda de deviene de 1825, cuando el Mariscal José Antonio de Sucre solicitó a las organizaciones de Cochabamba que presenten sus demandas de desarrollo.
"En 1825, cuando Sucre llega a Bolivia se reúne con la comuna de Cochabamba y les dice que reúna a cabildo para adoptar medidas de Bolívar para el desarrollo de Cochabamba. La respuesta fue la rebaja de impuestos, agua potable y comercio directo con Moxos", agregó.
El Ministro resaltó la importancia de esa carretera para incorporar a todos los pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) a sus derechos constitucionales de salud, educación y otros.
Manifestó que los principales interesados en evitar la construcción de esa vía son grupos madereros que explotan ilegalmente los bosques y que no quieren el control del Estado.
"Existen informes que muestran que esa zona también algunas personas explotan oro sin respetar la Ley", enfatizó.
La presencia de un contingente policial en la región de Yucumo tiene como objetivo evitar que se produzcan escenarios de violencia entre marchistas indígenas y colonizadores, subrayó el jueves el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
En una conferencia de prensa, dijo que existe coincidencia con otras organizaciones que debe impedirse que se creen condiciones para enfrentamientos entre los dos grupos.
"He conversado con el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, y con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Denis Racicot, para sumar esfuerzos con ese objetivo", indicó.
"En Yucumo, la policía tiene la instrucción específica de evitar enfrentamientos, no bloquear la marcha, sino impedir que haya contacto entre dos grupos civiles", reiteró.
Agregó que la misión policial es también proteger tanto a los indígenas, como a los pobladores de Yucumo.
Remarcó que con el fin de evitar que exista una victimización mediática de la marcha de los indígenas, el Gobierno les dotará del suficiente suministro de agua, además de permitir el paso de comida y medicamentos.
La aclaración de Llorenti se produjo ante informes de algunos medios de comunicación que manifestaron que la Policía no dejaba pasar a los indígenas hacia un riachuelo donde podían proveerse de agua.
"Los marchistas reciben también la provisión de alimentos, medicamentos y agua desde la parte del Beni, específicamente de San Borja", dijo.
Hizo patente su convencimiento de que, ante ese clima de apronte en los dos grupos, "Lo saludable sería que dialoguen a fin de lograr acuerdos".
Recordó que las organizaciones de Yucumo decidieron bloquear porque varios de los puntos del pliego de demandas de los indígenas del oriente afectan su desarrollo al exigirse la suspensión de obras viales en la zona.
Igualmente subrayó que otra de las instrucciones a la Policía es que no porte armas de fuego ni balines de goma, sino solamente permanecer en el lugar como una instancia de contención.
Al referirse a una de las demandas de los marchistas para la suspensión de las obras de construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, expresó que se trata de una demanda de deviene de 1825, cuando el Mariscal José Antonio de Sucre solicitó a las organizaciones de Cochabamba que presenten sus demandas de desarrollo.
"En 1825, cuando Sucre llega a Bolivia se reúne con la comuna de Cochabamba y les dice que reúna a cabildo para adoptar medidas de Bolívar para el desarrollo de Cochabamba. La respuesta fue la rebaja de impuestos, agua potable y comercio directo con Moxos", agregó.
El Ministro resaltó la importancia de esa carretera para incorporar a todos los pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) a sus derechos constitucionales de salud, educación y otros.
Manifestó que los principales interesados en evitar la construcción de esa vía son grupos madereros que explotan ilegalmente los bosques y que no quieren el control del Estado.
"Existen informes que muestran que esa zona también algunas personas explotan oro sin respetar la Ley", enfatizó.