Libia se enfrenta al reto de desarmar a miles de rebeldes
El nuevo Gobierno da un plazo de ocho meses para retirar fusiles y lanzagranadas repartidos para derrocar a Gadafi
Trípoli, El País
Muamar el Gadafi anda suelto. La amenaza a la rebelión no se ha disipado y los nuevos dirigentes libios desean evitar a toda costa añadir problemas a los que ya encaran, que son de enorme envergadura. La seguridad es un elemento crucial para poner en marcha un país en el que decenas de miles de hombres armados, todavía con el ánimo ardiente, pululan en cada esquina de cada ciudad. No han causado problemas a la población civil, ni se tienen noticias de saqueos, aunque los disparos al aire -una práctica menos audible cada día que pasa- molesten a algunos ciudadanos. Pretender que devuelvan sus fusiles Kaláshnikov podría ser una fuente de conflictos. No sucederá a corto plazo. "Las armas se entregarán cuando la revolución termine, cuando tengamos el primer Gobierno elegido, aproximadamente en un plazo de ocho meses", ha asegurado a este diario Mohamed Ali, coordinador del equipo que lidia con los asuntos de seguridad en Trípoli.
El proceso político diseñado por el Consejo Nacional de Transición -el organismo que lleva las riendas de la Libia pos-Gadafi- prevé la elección popular de una conferencia nacional que tendrá la misión de redactar una Constitución y elegir un Gobierno interino que debería estar al frente de Libia alrededor del comienzo del próximo verano. Ese será el momento de retirar las armas de las calles. A largo plazo, semejante despliegue de fusiles, lanzagranadas y demás armamento sería un riesgo intolerable para la estabilidad social y económica que ahora parece imponerse.
La Unión Europea ha cancelado las sanciones impuestas a bancos, compañías petroleras y levantado el bloqueo a puertos y a las líneas aéreas. Las autoridades anuncian que las escuelas abrirán sus puertas a mediados de este mes, y los esfuerzos por restablecer el suministro de agua y electricidad son ímprobos, aunque los tripolitanos tampoco conceden a esas carencias demasiada importancia. Pero Libia estaba habituada a la presencia de dos millones de inmigrantes (1,2 millones de egipcios), que en gran medida abandonaron hace meses su país de acogida. El puerto de Trípoli podría funcionar ya con normalidad, pero faltan los trabajadores extranjeros. Se fueron despavoridos y es difícil que regresen en masa en poco tiempo. Sin seguridad -las redadas masivas de negros no ayudan a restablecer la confianza- no volverán.
"Nuestra prioridad es unificar los cuerpos de seguridad en un solo comité. En Trípoli hay cuatro batallones bajo mando de cuatro comandantes. Pero también hay 5.000 shabab [jóvenes] de Misrata, 2.000 de las montañas de Nafusa [al suroeste de la capital] y 3.000 tripolitanos armados. Además tenemos la policía, que está regresando a las comisarías, y estamos formando la Guardia de Seguridad Nacional, recién creada por el Consejo Nacional Transitorio", asegura Ali, el coordinador -no le agrada que le llamen jefe- del grupo a cargo de la seguridad en el llamado Equipo de Estabilización, el organismo que trata de resolver los enormes problemas energéticos, sanitarios, educativos, alimentarios y judiciales que afronta Libia.
El hermetismo del régimen impedía conocer datos básicos como la población de Libia, calculada en unos seis millones de habitantes. Y, en el caos desatado por la rebelión nacida en febrero en Bengasi, nadie acierta a ofrecer cifras. En esta ciudad oriental, ya más estable tras haberse liberado de los uniformados del régimen en pocos días, patrullan alrededor de 6.000 policías pobremente pertrechados. De Trípoli y otras ciudades se carece de datos. No obstante, decenas de miles de milicianos han participado en la revuelta después de que en los cuarteles del Ejército se repartiera armamento a la población para hacer frente a la brutal represión de las tropas de Gadafi.
Mohamed Ali explica el plan para que los milicianos se transformen en estudiantes, obreros o funcionarios. "Hasta que se elija el Gobierno interino, los shabab conservarán sus armas porque esto no ha terminado todavía", afirma sonriente este hombre de Misrata, la ciudad que ha sufrido como ninguna la crueldad del régimen de Gadafi. "Entonces se les ofrecerán empleos, dinero o cursos educativos para que entreguen el armamento. Quien quiera conservar un fusil, podrá hacerlo, pero tendrá que ser incluido en un registro. En ningún caso podrán mantener en su poder armas más potentes", concluye Ali. Puede que no resulte tan sencillo.
La gran mayoría de los jóvenes y adultos que han derrocado a Gadafi nunca habían disparado. Muchos se lanzaron al combate sin experiencia alguna y otros, ya avanzada la guerra, entrenaron en granjas durante unos días. Casi todos los consultados están ansiosos por regresar a su vida civil. "No" es la respuesta cuando se les pregunta si les gustaría convertirse en militares. Pero desprenderse del Kaláshnikov requerirá la desaparición definitiva de las calles del temor a una reacción del régimen. Aunque ahora casi nadie se dice gadafista, el dictador tejió una red de intereses que no puede desaparecer de la noche a la mañana.
Trípoli, El País
Muamar el Gadafi anda suelto. La amenaza a la rebelión no se ha disipado y los nuevos dirigentes libios desean evitar a toda costa añadir problemas a los que ya encaran, que son de enorme envergadura. La seguridad es un elemento crucial para poner en marcha un país en el que decenas de miles de hombres armados, todavía con el ánimo ardiente, pululan en cada esquina de cada ciudad. No han causado problemas a la población civil, ni se tienen noticias de saqueos, aunque los disparos al aire -una práctica menos audible cada día que pasa- molesten a algunos ciudadanos. Pretender que devuelvan sus fusiles Kaláshnikov podría ser una fuente de conflictos. No sucederá a corto plazo. "Las armas se entregarán cuando la revolución termine, cuando tengamos el primer Gobierno elegido, aproximadamente en un plazo de ocho meses", ha asegurado a este diario Mohamed Ali, coordinador del equipo que lidia con los asuntos de seguridad en Trípoli.
El proceso político diseñado por el Consejo Nacional de Transición -el organismo que lleva las riendas de la Libia pos-Gadafi- prevé la elección popular de una conferencia nacional que tendrá la misión de redactar una Constitución y elegir un Gobierno interino que debería estar al frente de Libia alrededor del comienzo del próximo verano. Ese será el momento de retirar las armas de las calles. A largo plazo, semejante despliegue de fusiles, lanzagranadas y demás armamento sería un riesgo intolerable para la estabilidad social y económica que ahora parece imponerse.
La Unión Europea ha cancelado las sanciones impuestas a bancos, compañías petroleras y levantado el bloqueo a puertos y a las líneas aéreas. Las autoridades anuncian que las escuelas abrirán sus puertas a mediados de este mes, y los esfuerzos por restablecer el suministro de agua y electricidad son ímprobos, aunque los tripolitanos tampoco conceden a esas carencias demasiada importancia. Pero Libia estaba habituada a la presencia de dos millones de inmigrantes (1,2 millones de egipcios), que en gran medida abandonaron hace meses su país de acogida. El puerto de Trípoli podría funcionar ya con normalidad, pero faltan los trabajadores extranjeros. Se fueron despavoridos y es difícil que regresen en masa en poco tiempo. Sin seguridad -las redadas masivas de negros no ayudan a restablecer la confianza- no volverán.
"Nuestra prioridad es unificar los cuerpos de seguridad en un solo comité. En Trípoli hay cuatro batallones bajo mando de cuatro comandantes. Pero también hay 5.000 shabab [jóvenes] de Misrata, 2.000 de las montañas de Nafusa [al suroeste de la capital] y 3.000 tripolitanos armados. Además tenemos la policía, que está regresando a las comisarías, y estamos formando la Guardia de Seguridad Nacional, recién creada por el Consejo Nacional Transitorio", asegura Ali, el coordinador -no le agrada que le llamen jefe- del grupo a cargo de la seguridad en el llamado Equipo de Estabilización, el organismo que trata de resolver los enormes problemas energéticos, sanitarios, educativos, alimentarios y judiciales que afronta Libia.
El hermetismo del régimen impedía conocer datos básicos como la población de Libia, calculada en unos seis millones de habitantes. Y, en el caos desatado por la rebelión nacida en febrero en Bengasi, nadie acierta a ofrecer cifras. En esta ciudad oriental, ya más estable tras haberse liberado de los uniformados del régimen en pocos días, patrullan alrededor de 6.000 policías pobremente pertrechados. De Trípoli y otras ciudades se carece de datos. No obstante, decenas de miles de milicianos han participado en la revuelta después de que en los cuarteles del Ejército se repartiera armamento a la población para hacer frente a la brutal represión de las tropas de Gadafi.
Mohamed Ali explica el plan para que los milicianos se transformen en estudiantes, obreros o funcionarios. "Hasta que se elija el Gobierno interino, los shabab conservarán sus armas porque esto no ha terminado todavía", afirma sonriente este hombre de Misrata, la ciudad que ha sufrido como ninguna la crueldad del régimen de Gadafi. "Entonces se les ofrecerán empleos, dinero o cursos educativos para que entreguen el armamento. Quien quiera conservar un fusil, podrá hacerlo, pero tendrá que ser incluido en un registro. En ningún caso podrán mantener en su poder armas más potentes", concluye Ali. Puede que no resulte tan sencillo.
La gran mayoría de los jóvenes y adultos que han derrocado a Gadafi nunca habían disparado. Muchos se lanzaron al combate sin experiencia alguna y otros, ya avanzada la guerra, entrenaron en granjas durante unos días. Casi todos los consultados están ansiosos por regresar a su vida civil. "No" es la respuesta cuando se les pregunta si les gustaría convertirse en militares. Pero desprenderse del Kaláshnikov requerirá la desaparición definitiva de las calles del temor a una reacción del régimen. Aunque ahora casi nadie se dice gadafista, el dictador tejió una red de intereses que no puede desaparecer de la noche a la mañana.
