La oposición argentina reclama medidas para garantizar la transparencia en los comicios
Buenos Aires, EFE
La oposición de Argentina reclamó hoy a la justicia electoral que tome una serie de medidas para garantizar la transparencia en los comicios generales del próximo 23 de octubre, en los que la jefa del Estado, Cristina Fernández, aparece como favorita.
Legisladores, dirigentes y apoderados de partidos opositores divulgaron este jueves un documento de 16 puntos, en el que piden a la Cámara Nacional Electoral la sustitución de autoridades de mesa que hayan sido observadas en las primarias del pasado agosto y que se impida ser autoridades de mesa a aquellos que estén afiliados a alguna agrupación política.
También reclaman una mayor presencia de veedores durante las elecciones, la intervención de expertos informáticos en los centros de ingreso de datos y que se prohíba "la presencia de personas ajenas a los comicios en los locales de votación".
Del reclamo participaron dirigentes de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), la centrista Coalición Cívica, la conservadora Propuesta Republicana PRO, el peronismo disidente y el Frente Amplio Progresista, de centroizquierda.
El titular de la UCR, el senador Ernesto Sanz, explicó que la solicitud se hace luego de la detección de algunas supuestas irregularidades en las primarias del último 14 de agosto, aunque admitió que estos hechos "no fueron motivo del resultado electoral".
Fernández ganó con una amplia ventaja las primarias al obtener el 50,24 por ciento de votos, seguida por el radical Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989), quien reunió el 12,2 por ciento de los sufragios.
Días después de las primarias, celebradas pro primera vez en el país para definir los candidatos de las elecciones generales, el candidato presidencial y exmandatario, Eduardo Duhalde, del peronismo disidente, denunció un "escandaloso" fraude informático en el escrutinio provisional.
Las denuncias fueron rechazadas por la empresa española Indra, a cargo del procesamiento del datos de las primarias y los comicios generales de octubre, en los que también se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
La oposición de Argentina reclamó hoy a la justicia electoral que tome una serie de medidas para garantizar la transparencia en los comicios generales del próximo 23 de octubre, en los que la jefa del Estado, Cristina Fernández, aparece como favorita.
Legisladores, dirigentes y apoderados de partidos opositores divulgaron este jueves un documento de 16 puntos, en el que piden a la Cámara Nacional Electoral la sustitución de autoridades de mesa que hayan sido observadas en las primarias del pasado agosto y que se impida ser autoridades de mesa a aquellos que estén afiliados a alguna agrupación política.
También reclaman una mayor presencia de veedores durante las elecciones, la intervención de expertos informáticos en los centros de ingreso de datos y que se prohíba "la presencia de personas ajenas a los comicios en los locales de votación".
Del reclamo participaron dirigentes de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), la centrista Coalición Cívica, la conservadora Propuesta Republicana PRO, el peronismo disidente y el Frente Amplio Progresista, de centroizquierda.
El titular de la UCR, el senador Ernesto Sanz, explicó que la solicitud se hace luego de la detección de algunas supuestas irregularidades en las primarias del último 14 de agosto, aunque admitió que estos hechos "no fueron motivo del resultado electoral".
Fernández ganó con una amplia ventaja las primarias al obtener el 50,24 por ciento de votos, seguida por el radical Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989), quien reunió el 12,2 por ciento de los sufragios.
Días después de las primarias, celebradas pro primera vez en el país para definir los candidatos de las elecciones generales, el candidato presidencial y exmandatario, Eduardo Duhalde, del peronismo disidente, denunció un "escandaloso" fraude informático en el escrutinio provisional.
Las denuncias fueron rechazadas por la empresa española Indra, a cargo del procesamiento del datos de las primarias y los comicios generales de octubre, en los que también se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.