Gobierno entregará informe a Comisión de Alto Nivel que investigará intervención a marcha indígena
La Paz, Abi
Por respeto a la opinión pública, el Gobierno entregará los informes con los que cuenta sobre el conflicto del pasado domingo en la marcha de pueblos indígenas del oriente a la Comisión investigadora de Alto Nivel que será conformada, dijo el viernes el Vicepresidente Alvaro García Linera.
El conflicto se produjo tras la intervención policial al grupo de marchistas indígenas que se dirigían a La Paz.
Entrevistado por cadena televisiva CNN, el Vicepresidente aseveró que "El Gobierno ha sido el primero en reprochar y condenar como imperdonable el abuso cometido en contra de los marchistas y ha asegurado el inicio de una investigación".
Dijo que para la conformación de esa Comisión han sido invitados representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), además de la Defensoría del Pueblo y de organismos humanitarios nacionales.
"Es a esa Comisión a la que las autoridades van a entregar los datos e información con los que cuentan", remarcó.
García Linera sostuvo que lo que se busca es que, a la conclusión de esa investigación, que debe llevarse adelante de la forma más exhaustiva posible, puedan establecerse las sanciones "a la brutalidad ejercida contra los marchistas".
Recalcó que "El Gobierno ha afirmado que la orden de intervención policial a la marcha indígena no la dio el Presidente, ni el Ministro de Gobierno, sino otras personas".
Explicó que por ello se ha ordenado una investigación mediante la Comisión de Alto Nivel que comenzará a trabajar a la brevedad.
Subrayó que lo que sucedió en las cercanías de la población de Yucumo, a 200 kilómetros al norte de La Paz, "fue una confrontación no ordenada por el Ejecutivo, ni instruida, ni mucho menos incitada para que haya agresiones y maltratos a los marchistas".
El Vicepresidente enfatizó que "la Policía estaba ahí para impedir enfrentamientos entre grupos indígenas, una vez que de un lado estaban 500 personas de los marchistas del oriente, y, del otro un grupo de 1.500 colonizadores de Yucumo".
Los colonizadores de Yucumo exigieron a los marchistas del oriente que levanten cinco de los 16 puntos de su pliego de demandas que tenían que ver con la suspensión de obras viales en diversos departamentos.
Las demandas también exigían la paralización de las exportaciones de gas de Bolivia que pasan por la localidad de Aguaragüe, en el chaco boliviano, que es una de las principales fuentes de financiamiento de obras de desarrollo.
"Una vez en el camino, los marchistas ya no planteaban la defensa de la Madre Tierra y del TIPNIS, sino la parálisis de las actividades hidrocarburíferas", anotó.
"Suspender esas actividades significaría que Bolivia no tendría dinero para invertir en el desarrollo, salud, educación y la atención de la niñez, las mujeres y las personas de la tercera edad", puntualizó.
García Linera manifestó que la marcha iniciada el pasado 15 de agosto desde Trinidad se oponía inicialmente a que el tramo II de la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) no pase por el centro del Territorio Indígena Parque NacionaI Isiboro Sécure (TIPNIS).
Sobre los objetivos políticos de los dirigentes de los marchistas, el Mandatario puntualizó en la CNN que, a la semana de iniciada la movilización, los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) incorporaron 15 demandas más, algunas de ellas sin que tengan nada que ver con sus iniciales planteamientos.
La explicación fue valedera para demostrar las causas por las que los colonizadores de Yucumo se opusieron al paso de la marcha mientras sus integrantes no retiren cinco de las demandas que afectaban al desarrollo nacional, en especial a la integración vial entre los departamentos de La Paz y el Beni y a otras regiones.
Agregó que, por esa razón y para evitar mayores problemas, se dispuso el envío a Yucumo de un contingente policial que impida enfrentamientos entre los dos grupos de indígenas.
El Vicepresidente llamó la atención sobre la presencia de opositores en la marcha que instaban a los pueblos indígenas medidas radicales con fines políticos, antes que reivindicatorios del sector.
"Se ha detectado que antes y durante la marcha se realizaron comunicaciones telefónicas entre algunos de los dirigentes de la marcha con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en La Paz, además de la influencia de Organizaciones no Gubernamentales interesadas en impedir el desarrollo de la región amazónica de Bolivia", dijo.
A ello se sumó que en una manifestación de apoyo a los marchistas indígenas del oriente realizada en La Paz el miércoles, algunos connotados dirigentes de los frentes de oposición participaron en la misma para desprestigiar al Gobierno y al proceso de cambio.
Por respeto a la opinión pública, el Gobierno entregará los informes con los que cuenta sobre el conflicto del pasado domingo en la marcha de pueblos indígenas del oriente a la Comisión investigadora de Alto Nivel que será conformada, dijo el viernes el Vicepresidente Alvaro García Linera.
El conflicto se produjo tras la intervención policial al grupo de marchistas indígenas que se dirigían a La Paz.
Entrevistado por cadena televisiva CNN, el Vicepresidente aseveró que "El Gobierno ha sido el primero en reprochar y condenar como imperdonable el abuso cometido en contra de los marchistas y ha asegurado el inicio de una investigación".
Dijo que para la conformación de esa Comisión han sido invitados representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), además de la Defensoría del Pueblo y de organismos humanitarios nacionales.
"Es a esa Comisión a la que las autoridades van a entregar los datos e información con los que cuentan", remarcó.
García Linera sostuvo que lo que se busca es que, a la conclusión de esa investigación, que debe llevarse adelante de la forma más exhaustiva posible, puedan establecerse las sanciones "a la brutalidad ejercida contra los marchistas".
Recalcó que "El Gobierno ha afirmado que la orden de intervención policial a la marcha indígena no la dio el Presidente, ni el Ministro de Gobierno, sino otras personas".
Explicó que por ello se ha ordenado una investigación mediante la Comisión de Alto Nivel que comenzará a trabajar a la brevedad.
Subrayó que lo que sucedió en las cercanías de la población de Yucumo, a 200 kilómetros al norte de La Paz, "fue una confrontación no ordenada por el Ejecutivo, ni instruida, ni mucho menos incitada para que haya agresiones y maltratos a los marchistas".
El Vicepresidente enfatizó que "la Policía estaba ahí para impedir enfrentamientos entre grupos indígenas, una vez que de un lado estaban 500 personas de los marchistas del oriente, y, del otro un grupo de 1.500 colonizadores de Yucumo".
Los colonizadores de Yucumo exigieron a los marchistas del oriente que levanten cinco de los 16 puntos de su pliego de demandas que tenían que ver con la suspensión de obras viales en diversos departamentos.
Las demandas también exigían la paralización de las exportaciones de gas de Bolivia que pasan por la localidad de Aguaragüe, en el chaco boliviano, que es una de las principales fuentes de financiamiento de obras de desarrollo.
"Una vez en el camino, los marchistas ya no planteaban la defensa de la Madre Tierra y del TIPNIS, sino la parálisis de las actividades hidrocarburíferas", anotó.
"Suspender esas actividades significaría que Bolivia no tendría dinero para invertir en el desarrollo, salud, educación y la atención de la niñez, las mujeres y las personas de la tercera edad", puntualizó.
García Linera manifestó que la marcha iniciada el pasado 15 de agosto desde Trinidad se oponía inicialmente a que el tramo II de la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) no pase por el centro del Territorio Indígena Parque NacionaI Isiboro Sécure (TIPNIS).
Sobre los objetivos políticos de los dirigentes de los marchistas, el Mandatario puntualizó en la CNN que, a la semana de iniciada la movilización, los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) incorporaron 15 demandas más, algunas de ellas sin que tengan nada que ver con sus iniciales planteamientos.
La explicación fue valedera para demostrar las causas por las que los colonizadores de Yucumo se opusieron al paso de la marcha mientras sus integrantes no retiren cinco de las demandas que afectaban al desarrollo nacional, en especial a la integración vial entre los departamentos de La Paz y el Beni y a otras regiones.
Agregó que, por esa razón y para evitar mayores problemas, se dispuso el envío a Yucumo de un contingente policial que impida enfrentamientos entre los dos grupos de indígenas.
El Vicepresidente llamó la atención sobre la presencia de opositores en la marcha que instaban a los pueblos indígenas medidas radicales con fines políticos, antes que reivindicatorios del sector.
"Se ha detectado que antes y durante la marcha se realizaron comunicaciones telefónicas entre algunos de los dirigentes de la marcha con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en La Paz, además de la influencia de Organizaciones no Gubernamentales interesadas en impedir el desarrollo de la región amazónica de Bolivia", dijo.
A ello se sumó que en una manifestación de apoyo a los marchistas indígenas del oriente realizada en La Paz el miércoles, algunos connotados dirigentes de los frentes de oposición participaron en la misma para desprestigiar al Gobierno y al proceso de cambio.