Tras sentencia a jefes militares y ministros, Mayta va por Sánchez de Lozada
Sucre, Abi
El abogado defensor de las familias de las víctimas de la represión militar de septiembre y octubre de 2003, Rogelio Mayta, consideró establecidas las condiciones para "extraditar" al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03), refugiado en Estados Unidos hace 8 años, luego que 5 jefes militares y 2 ex ministros en su gobierno fueron sentenciados el martes a expiar penas de entre 15 y 10 años de cárcel, por genocidio.
"Estamos listos para conseguir nuestro próximo reto que es la extradición de Sánchez de Lozada. Este es nuestro próximo camino y estaremos seguramente prestos para seguir luchando", afirmó un sereno Mayta luego de escuchar las sentencias por la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano.
La sentencia, que Mayta calificó de histórica, fue leída en la sala de la Corte Suprema poco después de mediodía.
"En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros Flores y a Juan Veliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta condenando a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno", señala la sentencia.
La sentencia declara a José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta y los condena a 11 años de presidio; mientras que sanciona a Gonzalo Mercado Rocabado con una pena de 10 años de presidio.
Los ex militares sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar de Sánchez de Lozada: Claros Flores fue Comandante de las Fuerzas Armadas; Rocabado Mercado Jefe de Estado Mayor de las FFAA; Veliz Herrera, Comandante del Ejército; Aranda Granados, Comandante de la Fuerza Naval y Quiroga Mendoza, Comandante de la Fuerza Aérea.
La Suprema también ordenó guardar cárcel a 2 ex ministros de Sánchez de Lozada.
"Declarando a Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara autores mediáticos en grado de complicidad en delito de genocidio bajo la modalidad masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 3 años a cumplir en el penal de San Roque", complementa la sentencia
Mayta, que representa a familiares de 67 muertos y cerca de 500 heridos por bala durante la represión militar que bañó en sangre una insurrección popular alzada, en las ciudades de El Alto y La Paz, contra la decisión de Sánchez de Lozada de exportar gas a Estados Unidos y México por una puerto de Chile, dijo que este momento será reconocido como "hito" en la historia de la justicia y política bolivianas.
"Nunca antes dentro un gobierno democrático se había sancionado a un gobierno también democrático, de Sánchez de Lozada", afirmó.
Con tal antecedente, el segundo desde 1989, cuando la Corte Suprema sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a perdón judicial al ex dictador militar, Luis García Meza (1980-81), "seguramente nunca más militares actuarán al margen de la ley".
El 14 de octubre de 2004 el entonces Congreso boliviano autorizó el juicio por dos tercios de votos del total de sus miembros y en diciembre de 2005 la Sala Penal Primera impuso medidas cautelares a los ex ministros de Sánchez de Lozada, que huyó a Estados Unidos tras la revuelta popular que se opuso a su idea de vender gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes y otras autoridades.
La sentencia se escuchó en medio de gran expectación en el país, "2 años y 5 meses de lucha, juicio constante, 8 años de persecución por la justicia", reseñó Mayta.
"Esto ha llevado a un cansancio y agotamiento total", agregó el defensor.
