Navarro: Madereras e intereses capitalistas buscan distanciamiento de indígenas con el Gobierno
La Paz, ABI
La posición radical de los dirigentes de los marchistas indígenas con demandas inaceptables y su falta de apertura al diálogo provienen de intereses externos movidos por Estados Unidos y empresas madereras, dijeron el lunes las autoridades.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, expresó que las contradicciones de los dirigentes de la Confederación de Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB) "muestran que el objetivo de la marcha no es dialogar para lograr acuerdos".
Señaló que la primera contradicción es que rompieron toda racionalidad en la estrategia sindical de lucha por las reivindicaciones, una vez que antes de presentar sus demandas iniciaron una marcha sin dar lugar al diálogo.
"Inicialmente dijeron que se oponían a la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, pero después de cinco días de la movilización anunciaron que tenían 13 demandas, sin mencionar cuáles", dijo.
Agregó que después presentaron 16 demandas, la mayoría de las cuales no tienen nada que ver su mentada defensa de los bosques del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
"Entre esas demandas exigen la paralización de la construcción de carreteras en todo el país, lo que va en contra la integración vial", anotó.
Dijo que también exigen la paralización de las operaciones de exploración, explotación y exportación del gas natural que se produce en la zona del Chaco Tarijeño, correspondiente a los campos de Sanandita, San Antonio, Margarita e Itáu.
"De aceptar esa demanda, Bolivia no tendría recursos para entregarlos a las Gobernaciones, Municipios, Universidades y otros sectores correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos, ni para pagar los bonos Juancito Pinto a los escolares, Renta Dignidad a los ciudadanos de tercera edad y Juan Azurduy a las mujeres gestantes y sus hijos", remarcó.
Navarro resaltó que hay otra demanda de la CIDOB que contradicen sus postulados, una vez que exigen el pago de las compensaciones ofrecidas por las naciones capitalistas a los países en desarrollo, a cambio de proseguir con la depredación de la naturaleza.
Reiteró que tras los hechos se deduce el objetivo que persiguen los dirigentes de los marchistas y es colocar obstáculos al diálogo para generar una conspiración contra el Gobierno.
Agregó que, peor aún, esos objetivos parece que no fueron diseñados ni por los propios dirigentes indígenas, sino por un adoctrinamiento exterior para provocar divisiones y enfrentamientos entre bolivianos a fin de impedir la integración y el desarrollo.
Navarro puntualizó que hay investigaciones que muestran que también hay intereses empresariales madereros que están detrás de la marcha, una vez que con la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos pondrá sus actividades al descubierto e impedirá la tala ilegal de los bosques.
"Hay empresarios madereros, como Miguel Mazluff, ex senador del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); propietario de la empresa Fátima, quien ha comprado de los indígenas grandes extensiones de tierras que pertenecen a la Territorios Comunitarios de Origen (TCO).
El Viceministro enfatizó que la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe la venta de las TCOs.
Durante una entrevista el domingo, el presidente Evo Morales ha mostrado recibos de pagos de los empresarios a pobladores indígenas que habitan algunos bosques del TIPNIS para la adquisición de sus tierras.
Para Navarro, la marcha de los indígenas "no tiene una motivación legítima, sino una utilización dirigencial del sentimiento de las bases, a lo que se suma su dependencia de intereses externos".
Reiteró el informe sobre permanentes comunicaciones telefónicas de algunos dirigentes de los marchistas con los responsables de la embajada de Estados Unidos en Bolivia y el financiamiento de publicaciones de esta legación diplomática contrarias a la política de desarrollo e integración nacional.
Morales citó al responsable de Asuntos Indígenas de la embajada de Estados Unidos en La Paz, Eliseo Abelo, quien sostuvo permanentes contactos telefónicos con dirigentes de los marchistas, como el diputado Pedro Nuni y el líder de la Confederación nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo (CONAMAQ), Rafael Quispe.
Navarro manifestó que las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia deben darse en el marco del respeto a la soberanía y la no intromisión en los asuntos internos.
Recordó que el presidente Evo Morales dispuso en septiembre de 2008 la expulsión de Bolivia del entonces embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y de los agentes de la Oficina Antidrogas de ese país (DEA) por haber impulsado acciones de conspiración contra la democracia.
La posición radical de los dirigentes de los marchistas indígenas con demandas inaceptables y su falta de apertura al diálogo provienen de intereses externos movidos por Estados Unidos y empresas madereras, dijeron el lunes las autoridades.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, expresó que las contradicciones de los dirigentes de la Confederación de Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB) "muestran que el objetivo de la marcha no es dialogar para lograr acuerdos".
Señaló que la primera contradicción es que rompieron toda racionalidad en la estrategia sindical de lucha por las reivindicaciones, una vez que antes de presentar sus demandas iniciaron una marcha sin dar lugar al diálogo.
"Inicialmente dijeron que se oponían a la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, pero después de cinco días de la movilización anunciaron que tenían 13 demandas, sin mencionar cuáles", dijo.
Agregó que después presentaron 16 demandas, la mayoría de las cuales no tienen nada que ver su mentada defensa de los bosques del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
"Entre esas demandas exigen la paralización de la construcción de carreteras en todo el país, lo que va en contra la integración vial", anotó.
Dijo que también exigen la paralización de las operaciones de exploración, explotación y exportación del gas natural que se produce en la zona del Chaco Tarijeño, correspondiente a los campos de Sanandita, San Antonio, Margarita e Itáu.
"De aceptar esa demanda, Bolivia no tendría recursos para entregarlos a las Gobernaciones, Municipios, Universidades y otros sectores correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos, ni para pagar los bonos Juancito Pinto a los escolares, Renta Dignidad a los ciudadanos de tercera edad y Juan Azurduy a las mujeres gestantes y sus hijos", remarcó.
Navarro resaltó que hay otra demanda de la CIDOB que contradicen sus postulados, una vez que exigen el pago de las compensaciones ofrecidas por las naciones capitalistas a los países en desarrollo, a cambio de proseguir con la depredación de la naturaleza.
Reiteró que tras los hechos se deduce el objetivo que persiguen los dirigentes de los marchistas y es colocar obstáculos al diálogo para generar una conspiración contra el Gobierno.
Agregó que, peor aún, esos objetivos parece que no fueron diseñados ni por los propios dirigentes indígenas, sino por un adoctrinamiento exterior para provocar divisiones y enfrentamientos entre bolivianos a fin de impedir la integración y el desarrollo.
Navarro puntualizó que hay investigaciones que muestran que también hay intereses empresariales madereros que están detrás de la marcha, una vez que con la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos pondrá sus actividades al descubierto e impedirá la tala ilegal de los bosques.
"Hay empresarios madereros, como Miguel Mazluff, ex senador del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); propietario de la empresa Fátima, quien ha comprado de los indígenas grandes extensiones de tierras que pertenecen a la Territorios Comunitarios de Origen (TCO).
El Viceministro enfatizó que la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe la venta de las TCOs.
Durante una entrevista el domingo, el presidente Evo Morales ha mostrado recibos de pagos de los empresarios a pobladores indígenas que habitan algunos bosques del TIPNIS para la adquisición de sus tierras.
Para Navarro, la marcha de los indígenas "no tiene una motivación legítima, sino una utilización dirigencial del sentimiento de las bases, a lo que se suma su dependencia de intereses externos".
Reiteró el informe sobre permanentes comunicaciones telefónicas de algunos dirigentes de los marchistas con los responsables de la embajada de Estados Unidos en Bolivia y el financiamiento de publicaciones de esta legación diplomática contrarias a la política de desarrollo e integración nacional.
Morales citó al responsable de Asuntos Indígenas de la embajada de Estados Unidos en La Paz, Eliseo Abelo, quien sostuvo permanentes contactos telefónicos con dirigentes de los marchistas, como el diputado Pedro Nuni y el líder de la Confederación nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo (CONAMAQ), Rafael Quispe.
Navarro manifestó que las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia deben darse en el marco del respeto a la soberanía y la no intromisión en los asuntos internos.
Recordó que el presidente Evo Morales dispuso en septiembre de 2008 la expulsión de Bolivia del entonces embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y de los agentes de la Oficina Antidrogas de ese país (DEA) por haber impulsado acciones de conspiración contra la democracia.